añadir lugar, 01-05-2008

En mayo de 1988, el Juzgado de Primera Instancia dicta sentencia de separación matrimonial. En esta sentencia se aprobaron todos los extremos de convenio de separación suscrito por los cónyuges. En este convenio se pactó la atribución del uso del domicilio conyugal a la mujer Dona Marisa y a las hijas, las Srtas. Sofia y Claudia, que las menores quedarían bajo custodia de su madre, el régimen de visitas del padre, Don José, y que a su vez, éste abonaría una pensión mensual de 60.000 pesetas en concepto de alimentos de las hijas.

Con posterioridad, en febrero de 1991, el mismo Juzgado dictó sentencia de divorcio. En esta sentencia se rebajó la cantidad a abonar por parte de Don José, en concepto de pensión alimenticia, a 45.000 pesetas mensuales. Esta rebaja obedeció a que las Srtas. Sofia y Claudia habían cambiado de un colegio privado a uno de titularidad pública. Como consecuencia de esto, sus gastos escolares disminuyeron considerablemente.

En julio de 1997, las Srtas. Sofía y Claudia presentan demanda de reclamación de alimentos provisionales contra sus padres Doña Marisa y Don José. En esta demanda las hijas acreditaron que carecían de ingresos propios para poder mantenerse por si solas. Doña Marisa se allanó a la demanda. Por su parte, Don José fue condenado a pagar una cantidad mensual de 65.000 pesetas mensuales en concepto de alimentos a las Srtas. Sofía y Claudia. Años después, en mayo de 2002, Don José tiene la intención de presentar demanda de extinción de la pensión alimenticia.

Los clientes son las Srtas. Sofía y Claudia y su principal interés consiste en que no se llegue a entrar en ningún proceso judicial. Evidentemente, no se opondrían a que su padre Don José les siguiera abonando esa cantidad, pero entienden que no desee hacerlo más debido a sus circunstancias.

Dado que las Srtas. Sofía y Claudia pretenden evitar el proceso judicial, deciden que la mejor solución es llegar a un acuerdo con Don José para evitar que prosiga el procedimiento judicial.