19.6.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 156/43

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La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) es el principal instrumento jurídico de prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esa Directiva, con fecha de transposición 26 de junio de 2017, establece un marco jurídico general y eficaz para hacer frente a la recogida de fondos o bienes con fines terroristas, al exigir a los Estados miembros que identifiquen, comprendan y atenúen los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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Los recientes atentados terroristas han revelado la aparición de nuevas tendencias, especialmente en lo que se refiere a la manera en que se financian y ejecutan las operaciones de los grupos terroristas. Algunos servicios basados en tecnologías modernas están ganando popularidad como sistemas de financiación alternativos si bien permanecen fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión o se benefician de exenciones de requisitos jurídicos que podrían haber dejado de estar justificadas. Para seguir el ritmo de evolución de estas tendencias, es preciso adoptar nuevas medidas destinadas a garantizar una mayor transparencia de las transacciones financieras, de las sociedades y otras entidades jurídicas, así como de los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos de estructura o funciones análogas a las de tales fideicomisos (en lo sucesivo, «instrumentos jurídicos análogos»), con el fin de mejorar el marco preventivo vigente y de luchar más eficazmente contra la financiación del terrorismo. Es importante mencionar que las medidas tomadas deben ser proporcionales a los riesgos.

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Las Naciones Unidas, Interpol y Europol han venido informando acerca de la convergencia cada vez mayor entre la delincuencia organizada y el terrorismo. El vínculo entre delincuencia organizada y terrorismo y los lazos entre grupos criminales y terroristas constituyen una amenaza cada vez mayor para la seguridad de la Unión. Evitar que se utilice el sistema financiero para fines de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo es parte integrante de cualquier estrategia para hacer frente a tal amenaza.

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Si bien ha habido mejoras significativas en la adopción y aplicación de las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en el respaldo a la labor de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos en materia de transparencia por parte de los Estados miembros en los últimos años, es clara la necesidad de un mayor incremento de la transparencia global del entorno económico y financiero de la Unión. La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo no puede ser eficaz si el entorno no es hostil para los delincuentes que buscan refugio para sus finanzas a través de estructuras opacas. La integridad del sistema financiero de la Unión depende de la transparencia de las sociedades y otras entidades jurídicas, fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos. La presente Directiva no solo tiene por objeto detectar e investigar el blanqueo de capitales, sino también prevenirlo. El incremento de la transparencia podría ser un potente factor disuasorio.

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Si bien deben seguir persiguiéndose los objetivos de la Directiva (UE) 2015/849 y toda modificación de esta debe ser coherente con la actual política de la Unión en materia de lucha contra el terrorismo y su financiación, tales modificaciones deben hacerse dentro del respeto del derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal, así como del cumplimiento y la aplicación del principio de proporcionalidad. La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «La Agenda Europea de Seguridad» indicó la necesidad de adoptar medidas más eficaces y exhaustivas de lucha contra la financiación del terrorismo y recalcó que la infiltración en los mercados financieros facilitaba la financiación del terrorismo. Las conclusiones del Consejo Europeo celebrado los días 17 y 18 de diciembre de 2015 subrayaron también la necesidad de tomar rápidamente nuevas medidas en todos los ámbitos contra la financiación del terrorismo.

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La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Plan de acción para intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo» insiste en la necesidad de adaptarse a las nuevas amenazas y de modificar la Directiva (UE) 2015/849 en consecuencia.

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Las medidas adoptadas por la Unión deben, además, reflejar fielmente la evolución de la situación y los compromisos asumidos a escala internacional. Por lo tanto, han de tenerse en cuenta la Resolución 2195 (2014), sobre Amenazas a la paz y a la seguridad, y las Resoluciones 2199 (2015) y 2253 (2015), sobre Amenazas a la paz y a la seguridad internacionales causadas por actos terroristas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dichas resoluciones tratan, respectivamente, de los vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, de la prevención del acceso por parte de los grupos terroristas a las instituciones financieras internacionales y de la ampliación del marco de sanciones para incluir al Estado Islámico de Irak y el Levante.

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Los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias (es decir, las monedas y billetes de designados como medio legal y el dinero electrónico de un país aceptado como medio de cambio en el país expedidor), así como los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos no están obligados por la Unión a detectar actividades sospechosas. Por tanto, los grupos terroristas pueden ser capaces de transferir dinero hacia el sistema financiero de la Unión o dentro de las redes de monedas virtuales ocultando transferencias o gozando de cierto grado de anonimato en esas plataformas. Resulta por lo tanto esencial ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2015/849 para incluir en él a los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias así como a los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos. A los efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las autoridades competentes deben estar facultadas, a través de las entidades obligadas, para vigilar el uso de las monedas virtuales. Dicha vigilancia aportaría un enfoque equilibrado y proporcionado que salvaguarde los avances técnicos y el alto grado de transparencia logrado en el ámbito de la financiación alternativa y el emprendimiento social.

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El anonimato de las monedas virtuales permite su posible uso indebido con fines delictivos. La inclusión de los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias y de los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos no resolverá totalmente la cuestión del anonimato asociado a las transacciones con monedas virtuales, al mantenerse el anonimato en gran parte del entorno de la moneda virtual, puesto que los usuarios pueden llevar a cabo transacciones al margen de tales proveedores de servicios. Para combatir los riesgos relacionados con ese anonimato, las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) nacionales deben poder obtener informaciones que les permitan asociar las direcciones de las monedas virtuales a la identidad del propietario de la moneda virtual. Además, debe analizarse más a fondo la posibilidad de que los usuarios efectúen, con carácter voluntario, una autodeclaración a las autoridades designadas.

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Las monedas virtuales no deben confundirse con el dinero electrónico, tal como se define en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), con el concepto más amplio de «fondos», tal como se define en el artículo 4, punto 25, de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), con el valor monetario almacenado en instrumentos exentos, tal como se especifica en el artículo 3, letras k) y l), de la Directiva (UE) 2015/2366, ni con las monedas de juegos, que solo pueden utilizarse en el contexto específico de un juego. Aunque las monedas virtuales pueden utilizarse frecuentemente como medio de pago, también podrían utilizarse con otros fines y encontrar aplicaciones más amplias, tales como medios de cambio, inversión, productos de reserva de valor o uso en los casinos en línea. El objetivo de la presente Directiva es abarcar todos los posibles usos de las monedas virtuales.

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Las monedas locales, también conocidas como monedas complementarias, que son utilizadas en redes muy limitadas, como una ciudad o una región, o por un grupo pequeño de usuarios no deben considerarse monedas virtuales.

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Las relaciones de negocios o las transacciones que implican a terceros países de alto riesgo deben limitarse cuando se detecten insuficiencias significativas en el sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de los terceros países en cuestión, a menos que se apliquen medidas atenuantes o contramedidas suplementarias adecuadas. Cuando tratan tales casos de alto riesgo y relaciones de negocios o transacciones, los Estados miembros han de exigir a las entidades obligadas que apliquen medidas reforzadas de diligencia debida respecto del cliente con el fin de gestionar y atenuar esos riesgos. Cada Estado miembro determina por lo tanto a nivel nacional el tipo de medidas reforzadas de diligencia debida que debe aplicar en relación con los terceros países de alto riesgo. Estas diferencias de enfoques entre Estados miembros crean puntos débiles en la gestión de las relaciones de negocios que implican a los terceros países de alto riesgo identificados por la Comisión. Es importante aumentar la eficacia de la lista de terceros países de alto riesgo elaborada por la Comisión, armonizando el trato dispensado a esos países a nivel de la Unión. Ese enfoque armonizado debe centrarse principalmente en las medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente, cuando tales medidas no vengan ya impuestas por el Derecho nacional. De conformidad con sus obligaciones internacionales, debe permitirse a los Estados miembros exigir a las entidades obligadas que adopten, cuando proceda, medidas atenuantes adicionales, complementarias a las medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente, en consonancia con un enfoque basado en el riesgo y teniendo en cuenta las circunstancias específicas de las relaciones de negocios o las transacciones. Las organizaciones internacionales y los organismos de normalización con competencias en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo pueden reclamar que se apliquen contramedidas a fin de proteger al sistema financiero frente a los actuales y considerables riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo procedentes de determinados países. Además, los Estados miembros deben exigir a las entidades obligadas que apliquen medidas atenuantes adicionales con respecto a los terceros países de alto riesgo identificados por la Comisión, teniendo para ello en cuenta las peticiones de contramedidas y recomendaciones, como las emitidas por el GAFI, y las obligaciones dimanantes de acuerdos internacionales.

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Teniendo en cuenta la naturaleza evolutiva de las amenazas y las vulnerabilidades relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la Unión debe adoptar un planteamiento integrado en cuanto a la compatibilidad de los sistemas nacionales de lucha contra esos fenómenos con los requisitos fijados a nivel de la Unión, tomando en consideración una evaluación de la eficacia de esos sistemas nacionales. Para supervisar la correcta transposición de los requisitos de la Unión a los sistemas nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la aplicación efectiva de dichos requisitos y la capacidad de dichos sistemas de crear un sólido régimen preventivo en este ámbito, la Comisión debe basar su evaluación en los sistemas nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sin perjuicio de las evaluaciones llevadas a cabo por organizaciones internacionales y organismos de normalización con competencias en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo, como el GAFI o el Comité especial de expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

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Las tarjetas de prepago de uso múltiple tienen utilizaciones legítimas y son un instrumento que contribuye a la inclusión social y financiera. No obstante, las tarjetas de prepago anónimas son fáciles de utilizar para financiar la logística y los atentados terroristas. Resulta por lo tanto esencial privar a los terroristas de ese medio de financiación de sus operaciones, reduciendo más aún los límites y los importes máximos por debajo de los cuales se autoriza a las entidades obligadas a no aplicar algunas de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente contempladas en la Directiva (UE) 2015/849. Por tanto, sin dejar de lado las necesidades de los consumidores en cuanto a la utilización de instrumentos de prepago de uso múltiple y sin impedir su empleo para fomentar la inclusión social y financiera, es esencial rebajar los umbrales actualmente aplicables a las tarjetas anónimas de prepago de uso múltiple e identificar al consumidor en caso de operaciones remotas de pago cuyo importe sea superior a 50 EUR.

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Aunque el uso de tarjetas de prepago anónimas emitidas en la Unión se limita básicamente al territorio de la Unión, no siempre sucede lo mismo en el caso de las tarjetas similares emitidas en terceros países. Es por lo tanto importante asegurar que las tarjetas de prepago anónimas emitidas fuera de la Unión solo puedan utilizarse en la Unión si cabe considerar que cumplen requisitos equivalentes a los establecidos en Derecho de la Unión. Esa norma ha de aplicarse sin menoscabo alguno de las obligaciones de la Unión en materia de comercio internacional, especialmente las disposiciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.

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Las UIF desempeñan un importante papel en la detección de las operaciones financieras de las redes terroristas, especialmente transfronterizas, y en la identificación de quienes les respaldan mediante financiación. Los servicios de inteligencia financiera podrían tener una importancia fundamental para descubrir la facilitación de delitos de terrorismo y las redes y sistemas de las organizaciones terroristas. Debido a la falta de normas internacionales prescriptivas, las UIF presentan considerables diferencias en cuanto a sus funciones, competencias y potestades. Los Estados miembros deben procurar garantizar un planteamiento más eficaz y coordinado a la hora de abordar las investigaciones financieras relacionadas con el terrorismo, incluidas las relacionadas con el uso indebido de monedas virtuales. Las diferencias actuales no deben, sin embargo, afectar a la actividad de las UIF, especialmente a su capacidad de elaboración de análisis preventivos de apoyo al conjunto de autoridades encargadas de las actividades de inteligencia, investigación y judiciales, y a la cooperación internacional. En el desempeño de sus funciones, las UIF deben tener acceso a la información y poder proceder al intercambio de datos sin impedimentos, a través, entre otros medios, de una cooperación apropiada con los servicios policiales y judiciales. Siempre que se sospeche la existencia de delitos y, con mayor razón, de financiación del terrorismo, la información debe circular directa y rápidamente, sin demoras indebidas. Resulta esencial por lo tanto seguir aumentando la eficacia y la eficiencia de las UIF, especificando sus competencias y las modalidades de cooperación entre ellas.

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Las UIF deben poder recabar de cualquier entidad obligada toda la información necesaria relativa a sus funciones. Su acceso ilimitado a la información es esencial para garantizar el rastreo de los flujos de capitales y la detección temprana de las redes y los flujos ilícitos. La necesidad de las UIF de obtener información adicional de las entidades obligadas, basada en sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, puede haber sido inducida por la comunicación previa a las UIF de transacciones sospechosas, pero también puede haber sido inducida por otros factores como los análisis de las propias UIF, la información estratégica facilitada por las autoridades competentes o la información que obre en poder de otra UIF. Las UIF deben, por lo tanto, en el contexto de sus funciones, poder obtener información de cualquier entidad obligada, incluso sin que se haya presentado previamente una comunicación. No se incluyen aquí las solicitudes indiscriminadas de información a las entidades obligadas en el marco del análisis de las UIF, pero solo las solicitudes de información sobre la base de unas condiciones suficientemente concretas. Las UIF deben también poder obtener esa información a petición de otra UIF de la Unión y proceder al intercambio de la información con la UIF solicitante.

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La finalidad de las UIF consiste en recoger y analizar la información que reciban con miras a establecer vínculos entre transacciones sospechosas y la actividad delictiva subyacente, a fin de prevenir y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y de comunicar los resultados de tales análisis, así como las informaciones adicionales a las autoridades competentes cuando existan motivos para sospechar de la existencia de blanqueo de capitales, delitos subyacentes conexos o financiación del terrorismo. Las UIF no deben abstenerse u oponerse al intercambio de información con otras UIF, de forma espontánea o previa solicitud, por motivos como la falta de identificación de un delito subyacente conexo, las características de las legislaciones penales nacionales y las diferencias entre las definiciones de delitos subyacentes conexos o la ausencia de referencias a determinados delitos subyacentes conexos. Del mismo modo, una UIF debe otorgar su consentimiento previo a otra UIF para transmitir la información a las autoridades competentes, independientemente del tipo de posible delito subyacente conexo con el fin de permitir el ejercicio efectivo de la función de comunicación de información. Las UIF han aludido a dificultades en el intercambio de información basadas en las diferencias en las definiciones nacionales de determinados delitos subyacentes, como los delitos fiscales, que no han sido objeto de armonización por el Derecho de la Unión. Esas dificultades no deben obstaculizar el intercambio mutuo de información, su comunicación a las autoridades competentes ni la utilización de esa información, tal como se define por la presente Directiva. Las UIF deben garantizar, de forma rápida, constructiva y eficaz, la cooperación internacional más amplia posible con las UIF de terceros países en relación con el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes conexos y la financiación del terrorismo, en consonancia con las Recomendaciones del GAFI y los Principios Egmont para el Intercambio de Información entre las Unidades de Inteligencia Financiera.

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La información de naturaleza prudencial relativa a las entidades de crédito y las entidades financieras, como la información relativa a la idoneidad y honorabilidad de directores y partes interesadas, a los mecanismos de control internos, a la gobernanza o al cumplimiento y la gestión del riesgo, resulta a menudo indispensable para la supervisión adecuada de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de dichas entidades. Del mismo modo, la información relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo también es importante para la supervisión prudencial de dichas entidades. Por tanto, el intercambio de información confidencial y colaboración entre las autoridades competentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que supervisan las entidades de crédito y las entidades financieras y los supervisores prudenciales no debe verse obstaculizado por la inseguridad jurídica que pueda surgir como consecuencia de la ausencia de disposiciones explícitas en este ámbito. La aclaración del marco jurídico resulta incluso aún más importante dado que la supervisión prudencial se ha encomendado en ocasiones a supervisores no encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como el Banco Central Europeo (BCE).

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Todo retraso en el acceso por las UIF y otras autoridades competentes a la información sobre la identidad de los titulares de cuentas bancarias y de pago y cajas de seguridad, en particular las anónimas, obstaculiza la detección de las transferencias de fondos vinculadas al terrorismo. Los datos nacionales que permiten la identificación de las cuentas bancarias y de pago y cajas de seguridad pertenecientes a una persona están fragmentados y quedan por consiguiente fuera del alcance, en tiempo oportuno, de las UIF y de otras autoridades competentes. Resulta por lo tanto esencial establecer en todos los Estados miembros mecanismos automatizados centralizados, por ejemplo un registro o un sistema de consulta de datos, como medio eficiente de obtener acceso en tiempo oportuno a la información sobre la identidad de los titulares de las cuentas bancarias y de pago, así como de las cajas de seguridad, sus autorizados y sus titulares reales. Cuando se apliquen las disposiciones relativas al acceso, conviene recurrir a los mecanismos ya existentes siempre y cuando las UIF nacionales puedan acceder, de forma inmediata y sin filtrar, a los datos que son objeto de investigación. Los Estados miembros deber considerar la posibilidad de alimentar este tipo de mecanismos con otras informaciones que se consideren necesarias y proporcionadas para una reducción más eficaz de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Debe garantizarse la confidencialidad completa relativa a tales investigaciones y a las solicitudes de información por parte de las UIF y las autoridades competentes distintas de las autoridades procesales.

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Con el fin de respetar la privacidad y proteger los datos personales, deben almacenarse en mecanismos automatizados centralizados para cuentas bancarias y de pago, como registros o sistemas de consulta de datos, los datos mínimos necesarios para el desarrollo de las investigaciones en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Debe permitirse a los Estados miembros determinar qué datos resulta útil y proporcionado recabar, teniendo en cuenta los sistemas y tradiciones jurídicas vigentes para permitir una identificación apropiada de los titulares reales. Al incorporar las disposiciones relativas a dichos mecanismos, los Estados miembros deben fijar períodos de conservación equivalentes al período de conservación de la documentación y la información obtenidos en la aplicación de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente. Debe permitirse a los Estados miembros prorrogar el período de conservación con carácter general por ley, sin necesidad de decisiones caso por caso. La prórroga del período de conservación no debe exceder de un período de cinco años adicionales. Dicho período se entiende sin perjuicio de que el Derecho nacional establezca otros requisitos de conservación de datos que permitan que las decisiones caso por caso faciliten las diligencias penales o administrativas. La base del acceso a esos mecanismos debe ser la necesidad de saber.

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La identificación exacta y la verificación de los datos de las personas físicas y jurídicas son esenciales para la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Los últimos avances técnicos en la digitalización de las transacciones y los pagos permiten una identificación remota o electrónica segura. Deben tenerse presentes los medios de identificación establecidos en el Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), especialmente los sistemas y modos de identificación electrónica notificados que garanticen un reconocimiento jurídico transfronterizo, que ofrecen instrumentos con un alto nivel de seguridad y establecen un criterio de referencia que permita evaluar los métodos de identificación establecidos a nivel nacional. Además, pueden tenerse en cuenta otros procesos de identificación remota o electrónica segura, que la autoridad nacional competente haya regulado, reconocido, aprobado o aceptado a escala nacional. Cuando proceda, también debe tenerse en cuenta, en el proceso de identificación, el reconocimiento de documentos electrónicos y servicios de confianza, como se expone en el Reglamento (UE) n.o 910/2014. Debe tenerse en cuenta el principio de neutralidad tecnológica en la aplicación de la presente Directiva.

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A fin de identificar a personas con presencia política en la Unión, los Estados miembros deben elaborar listas en las que se indicarán las funciones específicas que, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, se consideren funciones públicas importantes. Los Estados miembros deben solicitar a cada organización internacional acreditada en sus territorios que elaboren y mantengan actualizada una lista de funciones públicas importantes en esa organización internacional.

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El enfoque del examen de los clientes existentes se basa actualmente en el riesgo. No obstante, teniendo en cuenta el mayor riesgo de que el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y los delitos subyacentes conexos estén vinculados a determinadas estructuras intermedias, ese enfoque podría no permitir la detección y la evaluación oportunas de los riesgos. Es importante por consiguiente garantizar que algunas categorías claramente especificadas de clientes ya existentes sean también objeto de una vigilancia periódica.

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Actualmente, los Estados miembros deben velar por que las sociedades y otras entidades jurídicas constituidas en su territorio obtengan y mantengan información adecuada, exacta y actualizada sobre su titularidad real. La necesidad de información precisa y actualizada sobre el titular real es un factor clave para la localización de los delincuentes, que, de otro modo, podrían ocultar su identidad tras una estructura societaria. La interconexión global del sistema financiero posibilita la ocultación y el movimiento de fondos por todo el mundo, y los blanqueadores de capitales y financiadores del terrorismo, junto a otros delincuentes, han explotado cada vez más esa situación.

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Debe aclararse el factor específico que determina qué Estado miembro es responsable de la vigilancia y el registro de información relativa a la titularidad real de los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos. Debido a las diferencias entre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, algunos fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos no son objeto de vigilancia ni están registrados en ningún lugar de la Unión. La información sobre la titularidad real de los fideicomisos (del tipo «trust») y de los instrumentos jurídicos análogos se debe registrar en el lugar de establecimiento o residencia de los fiduciarios de tales fideicomisos y de las personas que ostenten una posición equivalente en instrumentos jurídicos análogos. La vigilancia efectiva y el registro de la información sobre la titularidad real de dichos fideicomisos (del tipo «trust») y los instrumentos jurídicos análogos requieren, además, la cooperación entre los Estados miembros. La interconexión de los registros de los Estados miembros de titulares reales de tales fideicomisos e instrumentos jurídicos análogos haría accesible esta información, y además aseguraría que se evite el registro múltiple de los mismos fideicomisos e instrumentos jurídicos análogos dentro de la Unión.

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Las normas aplicables a los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos en lo que respecta al acceso a la información relativa a su titularidad real deben ser comparables a las normas correspondientes que se aplican a las sociedades y otras entidades jurídicas. Debido a la amplia gama de tipos de fideicomisos (del tipo «trust») que existe actualmente en la Unión, así como a la diversidad aún mayor de instrumentos jurídicos análogos, los Estados miembros deben decidir si un fideicomiso (del tipo «trust») o un instrumento jurídico análogo es comparativamente similar a las sociedades y otras entidades jurídicas. El objetivo del Derecho nacional que transponga esas disposiciones debe ser evitar que se utilicen los fideicomisos (del tipo «trust») y los instrumentos jurídicos análogos para fines de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o delitos subyacentes conexos.

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A la vista de las distintas características de los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos, los Estados miembros deben estar facultados, con arreglo al Derecho nacional y de conformidad con las normas de protección de datos, para determinar el nivel de transparencia por lo que respecta a los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos que no son comparables a las sociedades y otras entidades jurídicas. Los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que ello implica pueden diferir, en función de las características del tipo de fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo, y la comprensión de esos riesgos puede evolucionar con el tiempo, por ejemplo como consecuencia de las evaluaciones de los riesgos a nivel nacional y supranacional. Por esta razón, debe permitirse a los Estados miembros establecer un mayor acceso a la información relativa a la titularidad real de los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos, si dicho acceso constituye una medida necesaria y proporcionada con respecto al objetivo legítimo de prevención de la utilización del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. A la hora de determinar el nivel de transparencia de la información relativa a la titularidad real de tales fideicomisos o instrumentos jurídicos análogos, los Estados miembros deben tener debidamente en cuenta la protección de los derechos fundamentales de las personas físicas, en particular el derecho a la intimidad y la protección de datos personales. El acceso a la información relativa a la titularidad real de los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos debe concederse a toda persona que pueda demostrar un interés legítimo. También debe darse acceso a toda persona que presente una solicitud por escrito relativa a un fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo que sea titular o dueño de una participación de control en una sociedad u otra entidad jurídica constituida fuera de la Unión, a través de la propiedad directa o indirecta, incluidas las carteras de acciones al portador, o a través del control por otros medios. Los criterios y condiciones para que se dé acceso a la información relativa a la titularidad real de los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos deben ser suficientemente precisos y conformes con los objetivos de la presente Directiva. Debe permitirse a los Estados miembros denegar una solicitud por escrito, cuando existan motivos razonables para sospechar que la solicitud escrita no es conforme con los objetivos de la presente Directiva.

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Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones, es esencial establecer claramente qué instrumentos jurídicos establecidos en toda la Unión deben considerarse análogos a los fideicomisos (del tipo «trust») por sus funciones o estructura. Por lo tanto, cada Estado miembro debe estar obligado a identificar los fideicomisos (del tipo «trust»), en caso de que sean reconocidos por el Derecho nacional, y los instrumentos jurídicos análogos que puedan establecerse con arreglo a su ordenamiento jurídico nacional o práctica consuetudinaria y que tienen una estructura o funciones análogas a las de dichos fideicomisos, como el permitir la separación o desconexión entre la titularidad formal y la titularidad real de los activos. Posteriormente, los Estados miembros deben notificar a la Comisión las categorías, una descripción de las características, los nombres y, cuando proceda, la base jurídica de dichos fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos, con vistas a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, a fin de permitir su identificación por otros Estados miembros. Debe tenerse en cuenta que los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos pueden tener diferentes características jurídicas en el conjunto de la Unión. Si las características del fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo en cuanto a estructura o funciones son comparables a las características de las sociedades y otras entidades jurídicas, el acceso público a la información relativa a la titularidad real contribuiría a la lucha contra el uso indebido de los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos, del mismo modo que el acceso del público puede contribuir a la prevención del uso indebido de las sociedades y otras entidades jurídicas con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

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El acceso público a la información relativa a la titularidad real posibilita además un mayor control de la información por parte de la sociedad civil, incluidas la prensa o las organizaciones de la sociedad civil, y contribuye a mantener la confianza en la integridad de las transacciones empresariales y del sistema financiero. Puede contribuir a luchar contra el uso indebido de las sociedades y otras entidades jurídicas e instrumentos jurídicos con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, tanto al facilitar las investigaciones como al surtir efectos sobre su reputación, dado que cualquier persona que emprenda transacciones conoce la identidad de los titulares reales. Además, permite que las entidades financieras y las autoridades que participan en la lucha contra este tipo de delitos, incluidas las de terceros países, dispongan de información en tiempo oportuno y de manera eficiente. El acceso a esa información también ayudaría a las investigaciones sobre el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes conexos y la financiación del terrorismo.

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La confianza de los inversores y del público en general en los mercados financieros depende en gran medida de la existencia de un riguroso régimen de divulgación que aporte transparencia en cuanto a la titularidad real y las estructuras de control de las sociedades. Esto ocurre en particular en los sistemas de gobernanza societaria que, como el de la Unión, se caracterizan por la concentración de la titularidad. Por un lado, la existencia de grandes inversores con importantes derechos de voto y de flujo de caja puede fomentar el crecimiento a largo plazo y el rendimiento de las empresas. Por otro lado, sin embargo, el control en manos de titulares reales con grandes bloques de voto puede conllevar incentivos para desviar activos societarios y oportunidades de lucro personal a expensas de los inversores minoritarios. La mejora potencial de la confianza en los mercados financieros debe verse como un efecto secundario positivo y no como la finalidad del aumento de la transparencia, que es crear un entorno menos proclive a ser utilizado para los fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

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La confianza de los inversores y del público en general en los mercados financieros depende en gran medida de la existencia de un riguroso régimen de divulgación que aporte transparencia en cuanto a la titularidad real y las estructuras de control de las sociedades y otras entidades jurídicas así como de determinadas clases de fideicomisos (del tipo «trust») y otros instrumentos jurídicos análogos. En consecuencia, los Estados miembros deben permitir el acceso a la información relativa a la titularidad real de una manera suficientemente coherente y coordinada, estableciendo normas claras de acceso público, de forma que los terceros puedan determinar, en toda la Unión, quiénes son los titulares reales de las sociedades y otras entidades jurídicas, así como de determinados tipos de fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos.

(33)

Los Estados miembros deben por lo tanto facilitar el acceso a la información relativa a la titularidad real de las sociedades y otras entidades jurídicas de una manera suficientemente coherente y coordinada, a través de registros centrales en los que se exponga información relativa a esa titularidad real y de unas normas claras de acceso público, de forma que los terceros puedan determinar, en toda la Unión, quiénes son los titulares reales de las sociedades y otras entidades jurídicas. Es esencial establecer asimismo un marco jurídico coherente que garantice un mejor acceso a la información relativa a la titularidad real de los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos, una vez registrados en la Unión. Las normas aplicables a los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos en lo que respecta al acceso a la información relativa a su titularidad real deben ser comparables a las normas correspondientes que se aplican a las sociedades y otras entidades jurídicas.

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En todos los casos, tanto por lo que se refiere a las sociedades y otras entidades jurídicas, como a los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos, debe buscarse un justo equilibrio entre el interés público por la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por un lado, y los derechos fundamentales de los interesados, por otro. El conjunto de datos que debe ponerse a disposición del público debe ser limitado, estar clara y exhaustivamente definido y tener carácter general, a fin de minimizar todo posible perjuicio a los titulares reales. Al mismo tiempo, la información puesta a disposición del público no debe diferir significativamente de los datos actualmente recabados. Para limitar la injerencia en el derecho al respeto de su vida privada, en general, y a la protección de sus datos personales, en particular, dicha información debe referirse esencialmente a la situación de los titulares reales de las sociedades y otras entidades jurídicas y de los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos, y ceñirse estrictamente a la esfera de actividad económica en la que operan los titulares reales. Si la persona que ejerce un cargo de dirección de alto nivel fue identificada únicamente de oficio como el titular real y no por su participación en el capital social o el control ejercido por otros medios, esto debe constar claramente en los registros. Por lo que se refiere a la información sobre los titulares reales, los Estados miembros pueden disponer que se incluya el criterio de la nacionalidad en la inscripción en el registro central, en particular por lo que respecta a titulares reales no autóctonos. Con el fin de facilitar los procedimientos de registro y dado que la inmensa mayoría de los titulares reales serán nacionales del Estado que lleva el registro central, los Estados miembros pueden presumir que el titular real ostenta su nacionalidad, cuando no conste lo contrario.

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El escrutinio público reforzado contribuirá a prevenir el uso indebido de las entidades jurídicas e instrumentos jurídicos, incluida la elusión fiscal. Es por consiguiente esencial que la información sobre la titularidad real permanezca disponible a través de los registros nacionales y del sistema de interconexión de los registros durante un mínimo de cinco años tras haber dejado de existir los motivos de registro de la información relativa a la titularidad real del fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo. No obstante, los Estados miembros deben poder establecer por ley el tratamiento de la información sobre la titularidad real, incluidos los datos personales para otros fines, si dicho tratamiento cumple un objetivo de interés público y constituye una medida necesaria y proporcionada al objetivo legítimo perseguido en una sociedad democrática.

(36)

Además, con el propósito de garantizar un enfoque proporcionado y equilibrado y de garantizar los derechos a la vida privada y a la protección de los datos personales, los Estados miembros deben tener la posibilidad de establecer exenciones a la divulgación a través de registros de la información sobre la titularidad real y al acceso a dicha información a través de los registros, en circunstancias excepcionales, cuando tal información pueda exponer al titular real a un riesgo desproporcionado de fraude, secuestro, chantaje, extorsión, acoso, violencia o intimidación. Los Estados miembros también deben tener la posibilidad de exigir la inscripción en línea con el fin de identificar a cualquier persona que solicite información del registro, así como el pago de una tasa para el acceso a la información registrada.

(37)

La interconexión de los registros centrales de los Estados miembros que contengan información relativa a los beneficiarios reales a través de la plataforma central europea creada en virtud de la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) requiere la coordinación de sistemas nacionales con características técnicas diversas. Ello implica la adopción de medidas y especificaciones técnicas que habrán de tener en cuenta las diferencias entre los registros. A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para abordar estos problemas técnicos y operativos. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el procedimiento de examen previsto en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (9). En cualquier caso, la participación de los Estados miembros en el funcionamiento del sistema en su conjunto debe asegurarse por medio de un diálogo periódico entre la Comisión y los representantes de los Estados miembros sobre las cuestiones referentes al funcionamiento del sistema y su futuro desarrollo.

(38)

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) se aplica al tratamiento de los datos personales con arreglo a la presente Directiva. Como consecuencia de ello, las personas físicas cuyos datos personales se conserven en los registros nacionales en calidad de titulares reales deben ser informadas al respecto. Además, solo deben facilitarse los datos personales que estén actualizados y correspondan a los titulares reales efectivos, y se debe informar a los beneficiarios de sus derechos con arreglo al vigente marco de protección de datos de la Unión, según establecen el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), así como de los procedimientos aplicables al ejercicio de dichos derechos. Además, para evitar el uso indebido de la información contenida en los registros y para equilibrar los derechos de los titulares reales, los Estados miembros pueden considerar la posibilidad de facilitar al titular real los datos relativos a la persona que solicite la información, junto con la base jurídica de su solicitud.

(39)

Cuando la comunicación de discrepancias por las UIF y las autoridades competentes pueda poner en peligro una investigación en curso, la UIF o las autoridades competentes deben aplazar la comunicación de la discrepancia hasta el momento en que las razones que le indujeron a no comunicar tal información dejen de existir. Además, las UIF y las autoridades competentes no deben notificar cualquier discrepancia cuando ello vaya en contra de cualquier disposición de confidencialidad contemplada en el Derecho nacional o constituya un delito de divulgación no autorizada.

(40)

La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la protección de los datos personales tratados por las autoridades competentes de conformidad con la Directiva (UE) 2016/680.

(41)

El acceso a la información y la definición del interés legítimo se debe regir por el Derecho del Estado miembro en el que esté establecido o resida el fiduciario de un fideicomiso (del tipo «trust») o la persona que ostente una posición equivalente en un instrumento jurídico análogo. Si el fiduciario de un fideicomiso (del tipo «trust») o la persona que ostenta una posición equivalente en un instrumento jurídico análogo no está establecido o no reside en un Estado miembro, el acceso a la información y la definición del interés legítimo se debe regir por el Derecho del Estado miembro en el que la información relativa a la titularidad real del fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo esté registrada de conformidad con la presente Directiva.

(42)

Los Estados miembros deben definir el interés legítimo, como concepto general y como criterio para acceder a la información relativa a la titularidad real en su Derecho nacional. En particular, dichas definiciones no deben restringir el concepto de interés legítimo a los casos de diligencias judiciales o administrativas pendientes, y deben permitir tener en cuenta, cuando proceda, la labor preventiva llevada a cabo en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de los delitos subyacentes conexos por organizaciones no gubernamentales y periodistas de investigación. Una vez realizada la interconexión de registros de titularidad real por parte de los Estados miembros, se debe conceder el acceso tanto nacional como transfronterizo al registro de cada Estado miembro sobre la base de la definición de interés legítimo del Estado miembro en el que se haya registrado con arreglo a la presente Directiva la información relativa a la titularidad real del fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo, por decisión adoptada por las autoridades competentes de ese Estado miembro. En relación con los registros de titularidad real de los Estados miembros, también debe permitirse a los Estados miembros establecer mecanismos de recurso contra las decisiones por las que se conceda o deniegue el acceso a la información relativa a la titularidad real. Para asegurar la coherencia y la eficiencia del registro y el intercambio de información, los Estados miembros deben velar por que su autoridad responsable del registro establecido para informar sobre la titularidad real de los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos coopere con sus homólogas en otros Estados miembros, compartiendo con ellas información sobre los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos que se rigen por el Derecho de un Estado miembro y se administran en otro Estado miembro.

(43)

Las relaciones transfronterizas de corresponsalía con entidades corresponsales de terceros países se caracterizan por su naturaleza continua y recurrente. En consecuencia, los Estados miembros, cuando exijan la adopción de medidas reforzadas de diligencia debida en este contexto concreto, deben tomar en consideración que las relaciones de corresponsalía no comprenden las transacciones extraordinarias o el mero intercambio de funciones de mensajería. Además, al reconocer que no todos los servicios transfronterizos de correspondencia bancaria presentan el mismo nivel de riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la intensidad de las medidas establecidas en la presente Directiva puede venir determinada por la aplicación de los principios del enfoque basado en el riesgo y no prejuzga el nivel del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que presenta la entidad financiera corresponsal.

(44)

Procede velar por que las entidades obligadas apliquen correctamente las disposiciones de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con tal fin, los Estados miembros deben reforzar el papel de las autoridades públicas que ejercen de autoridades competentes con responsabilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, entre las que se incluyen las UIF, las autoridades cuya función es la investigación o el enjuiciamiento del blanqueo de capitales, los delitos subyacentes conexos y la financiación del terrorismo, el rastreo y la incautación o el embargo y el decomiso de activos de origen delictivo, las autoridades receptoras de informes sobre el transporte transfronterizo de moneda en efectivo o efectos negociables al portador y las autoridades con competencias de supervisión y vigilancia destinadas a asegurar el cumplimiento de las normas por parte de las entidades obligadas. Los Estados miembros deben reforzar el papel de otras autoridades competentes, como las autoridades anticorrupción y las autoridades tributarias.

(45)

Los Estados miembros deben velar por una supervisión efectiva e imparcial de todas las entidades obligadas, preferentemente a cargo de autoridades públicas por medio de un regulador o supervisor nacional distinto e independiente.

(46)

Los delincuentes mueven el producto de las actividades ilícitas a través de numerosos intermediarios financieros con el fin de evitar que sea detectado. Es importante por lo tanto permitir que las entidades de crédito y las entidades financieras intercambien información, no solo entre miembros del grupo, sino también con otras entidades de crédito y entidades financieras, siempre que se respete las normas sobre protección de datos establecidas en el Derecho nacional.

(47)

Las autoridades competentes que supervisen el cumplimiento por parte de las entidades obligadas de la presente Directiva deben poder colaborar e intercambiar información confidencial, con independencia de su naturaleza o estatuto. Para este fin, estas autoridades competentes deben disponer de una base jurídica para el intercambio de información confidencial, y la colaboración entre las autoridades supervisoras competentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y los supervisores prudenciales no debe verse obstaculizada involuntariamente por la inseguridad jurídica que pueda derivarse de la falta de disposiciones explícitas en este terreno. La supervisión de la aplicación efectiva de la política de un grupo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo debe hacerse con arreglo a los principios y modalidades de supervisión consolidada establecidos en la legislación sectorial europea pertinente.

(48)

El intercambio de información y la asistencia entre autoridades competentes de los Estados miembros es esencial para los fines de la presente Directiva. Por consiguiente, los Estados miembros no deben prohibir el intercambio de información o de asistencia entre autoridades competentes, ni imponer condiciones injustificadas o indebidamente restrictivas al respecto.

(49)

De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (12), en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Tratándose de la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisión de dichos documentos.

(50)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la protección del sistema financiero mediante la prevención, detección e investigación del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, ya que las medidas adoptadas por cada uno de ellos para proteger sus respectivos sistemas financieros podrían ser incompatibles con el buen funcionamiento del mercado interior y las normas del Estado de Derecho y de orden público de la Unión, sino que debido a las dimensiones o los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(51)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en los sucesivo, «la Carta»), en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7 de la Carta), el derecho a la protección de datos de carácter personal (artículo 8) y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 16).

(52)

Cuando elabore el informe de evaluación sobre la aplicación de la presente Directiva, la Comisión debe tomar debidamente en consideración el respeto de los derechos fundamentales y los principios reconocidos por la Carta.

(53)

Habida cuenta de la necesidad de aplicar urgentemente las medidas adoptadas y con ellas robustecer el régimen implantado en la Unión para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y visto el compromiso de los Estados miembros para proceder rápidamente a la transposición de la Directiva (UE) 2015/849, las modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849 deben transponerse a más tardar el 10 de enero de 2020. Los Estados miembros deben establecer registros de la titularidad real para sociedades y otras entidades jurídicas a más tardar el 10 de enero de 2020, y para los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos, a más tardar el 10 de marzo de 2020. Los registros centrales deben estar interconectados a través de la plataforma central europea a más tardar el 10 de marzo de 2021. Los Estados miembros deben establecer mecanismos automatizados centralizados que permitan identificar a los titulares de cuentas bancarias y de pago y de cajas de seguridad a más tardar el 10 de septiembre de 2020.

(54)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) y emitió un dictamen el 2 de febrero de 2017 (14).

(55)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia la Directiva (UE) 2015/849.

1)

El artículo 2, apartado 1, punto 3, se modifica como sigue:

2)

El artículo 3 se modifica como sigue:

3)

El artículo 6 se modifica como sigue:

4)

El artículo 7 se modifica como sigue:

5)

El artículo 9 se modifica como sigue:

6)

En el artículo 10, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Los Estados miembros prohibirán a sus entidades financieras y de crédito mantener cuentas anónimas, libretas de ahorro anónimas o cajas de seguridad anónimas. Los Estados miembros exigirán, sin excepciones de ningún tipo, que los titulares y beneficiarios de las cuentas anónimas, las libretas de ahorro anónimas o las cajas de seguridad anónimas existentes queden sujetos a las medidas de diligencia debida con respecto al cliente a más tardar el 10 de enero de 2019 y, en cualquier caso, antes de que se haga uso alguno de dichas cuentas, libretas de ahorro o cajas de seguridad.».

7)

El artículo 12 se modifica como sigue:

8)

El artículo 13, apartado 1, se modifica como sigue:

9)

El artículo 14 se modifica como sigue:

10)

El artículo 18 se modifica como sigue:

11)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 18 bis

1.   Por lo que se refiere a las relaciones de negocios o las transacciones que impliquen a terceros países de alto riesgo identificados con arreglo al artículo 9, apartado 2, los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que apliquen las siguientes medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente:

Los Estados miembros podrán exigir a las entidades obligadas que garanticen, si procede, que el primer pago se efectúe a través de una cuenta abierta a nombre del cliente en una entidad de crédito sujeta a normas de diligencia debida con respecto al cliente que no sean menos rigurosas que las establecidas en la presente Directiva.

2.   Además de las medidas establecidas en el apartado 1 y en cumplimiento de las obligaciones internacionales de la Unión, los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que apliquen, si procede, una o varias medidas atenuantes adicionales a las personas y las entidades jurídicas que ejecuten transacciones que impliquen a terceros países de alto riesgo identificados con arreglo al artículo 9, apartado 2. Dichas medidas consistirán en una o algunas de las indicadas a continuación:

3.   Además de las medidas establecidas en el apartado 1, los Estados miembros aplicarán, si procede, una o varias de las siguientes medidas con respecto a los terceros países de alto riesgo identificados con arreglo al artículo 9, apartado 2, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de la Unión:

4.   Al adoptar o aplicar las medidas establecidas en los apartados 2 y 3, los Estados miembros tendrán en cuenta, según proceda, las valoraciones, evaluaciones o informes pertinentes elaborados por organizaciones internacionales y organismos de normalización con competencias en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo en relación con los riesgos planteados por terceros países concretos.

5.   Antes de adoptar o aplicar las medidas establecidas en los apartados 2 y 3, los Estados miembros lo notificarán a la Comisión.».

12)

En el artículo 19, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«Con respecto a las relaciones transfronterizas de corresponsalía que supongan la ejecución de pagos con entidades corresponsales de terceros países, los Estados miembros exigirán a sus entidades de crédito y entidades financieras cuando entablen una relación de negocios, además de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente que se establecen en el artículo 13:».

13)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 20 bis

1.   Cada Estado miembro elaborará y mantendrá actualizada una lista en la que se indiquen las funciones exactas que, con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, sean consideradas funciones públicas importantes a los efectos del artículo 3, punto 9. Los Estados miembros solicitarán a cada organización internacional acreditada en sus territorios que elaboren y mantengan actualizada una lista de funciones públicas importantes en esa organización internacional a efectos del artículo 3, punto 9. Dichas listas se enviarán a la Comisión y podrán hacerse públicas.

2.   La Comisión elaborará y mantendrá actualizada la lista de las funciones exactas que puedan ser consideradas funciones públicas importantes al nivel de las instituciones y órganos de la Unión. Dicha lista recogerá también cualquier función que pueda encomendarse a representantes de terceros países y organismos internacionales acreditados a nivel de la Unión.

3.   La Comisión compilará, sobre la base de las listas facilitadas en virtud del presente artículo, apartados 1 y 2, una lista única de todas las funciones públicas importantes a efectos del artículo 3, punto 9. Dicha lista única se hará pública.

4.   Las funciones comprendidas en la lista a que se refiere el apartado 3 del presente artículo se tratarán de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 41, apartado 2.».

14)

En el artículo 27, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   Los Estados miembros garantizarán que las entidades obligadas a las que se remita al cliente adopten las medidas adecuadas para garantizar que el tercero facilite de inmediato, previa solicitud, las copias pertinentes de los datos de identificación y verificación, incluidos, cuando estén disponibles, los datos obtenidos por medios de identificación electrónica, servicios de confianza pertinentes a tenor del Reglamento (UE) n.o 910/2014, o cualquier otro proceso de identificación remota o electrónica segura que hayan regulado, reconocido, aprobado o aceptado las autoridades nacionales competentes.».

15)

El artículo 30 se modifica como sigue:

16)

El artículo 31 se modifica como sigue:

17)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 31 bis

Actos de ejecución

Cuando sea necesario, además de los actos de ejecución adoptados por la Comisión de conformidad con el artículo 24 de la Directiva (UE) 2017/1132 y con el ámbito de aplicación de los artículos 30 y 31 de la presente Directiva, la Comisión adoptará, por medio de actos de ejecución, las especificaciones y procedimientos técnicos necesarios para la interconexión de los registros centrales de los Estados miembros a que se refieren el artículo 30, apartado 10, y el artículo 31, apartado 9, por lo que respecta a:

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 64 bis, apartado 2.

En sus actos de ejecución, la Comisión procurará reutilizar tecnologías consolidadas y prácticas existentes. La Comisión garantizará que los sistemas que se desarrollen no conlleven más costes de los absolutamente necesarios para aplicar la presente Directiva. Los actos de ejecución de la Comisión se caracterizarán por la transparencia y el intercambio de experiencia e información entre la Comisión y los Estados miembros.».

18)

En el artículo 32 se añade el apartado siguiente:

«9.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34, apartado 2, en el marco de sus funciones, todas las UIF deberán estar en condiciones de solicitar, obtener y utilizar información de cualquier entidad obligada para los fines establecidos en el apartado 1 del presente artículo, incluso si no se ha presentado un informe previo conforme al artículo 33, apartado 1, letra a), o al artículo 34, apartado 1.».

19)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 32 bis

1.   Los Estados miembros implantarán mecanismos centralizados automatizados, como registros centrales o sistemas centrales electrónicos de consulta de datos, que permitan la identificación, en tiempo oportuno, de cualquier persona física o jurídica que posea o controle cuentas de pago y cuentas bancarias identificadas con un número IBAN, tal y como se definen en el Reglamento (UE) n.o 260/2012 del Parlamento Europeo y el Consejo (*7), y cajas de seguridad en una entidad de crédito en su territorio. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las características de estos mecanismos nacionales.

2.   Los Estados miembros garantizarán que la información conservada en los mecanismos centralizados contemplados en el apartado 1 del presente artículo sea directamente accesible, de forma inmediata y no filtrada, por las UIF nacionales. La información también será accesible por las autoridades competentes nacionales para el cumplimiento de las obligaciones que les impone la presente Directiva. Los Estados miembros garantizarán que cualquier UIF esté en condiciones de facilitar a cualquier otra UIF, en tiempo oportuno y conforme a lo establecido en el artículo 53, la información conservada en los mecanismos centralizados contemplados en el apartado 1 del presente artículo.

3.   Estará accesible y será consultable, gracias a los mecanismos centralizados contemplados en el apartado 1, la información siguiente:

—   respecto del cliente-titular de la cuenta y de cualquier persona que pretenda actuar en nombre del cliente: el nombre y los apellidos, completados con los demás datos de identificación requeridos por las disposiciones nacionales que incorporen el artículo 13, apartado 1, letra a), o con un número de identificación único,

—   respecto del titular real del cliente-titular de la cuenta: el nombre y los apellidos, completados con los demás datos de identificación requeridos por las disposiciones nacionales que incorporen el artículo 13, apartado 1, letra b), o con un número de identificación único,

—   respecto de la cuenta bancaria o la cuenta de pago: el número IBAN y la fecha de apertura y cierre,

—   respecto de la caja de seguridad: el nombre y los apellidos del arrendatario, completados con los demás datos de identificación requeridos por las disposiciones nacionales que incorporen el artículo 13, apartado 1, o con un número de identificación único y la duración del período de arrendamiento.

4.   Los Estados miembros podrán considerar que deba estar accesible y ser consultable, gracias a los mecanismos centralizados, otra información considerada esencial para el cumplimiento, por parte las UIF y las autoridades competentes, de las obligaciones que les impone la presente Directiva.

5.   A más tardar el 26 de junio de 2020, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que evalúe las condiciones y las especificaciones y procedimientos técnicos que permitan garantizar la interconexión segura y eficiente de los mecanismos automatizados centralizados. Cuando proceda, ese informe irá acompañado de una propuesta legislativa.

20)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 32 ter

1.   Los Estados miembros facilitarán a las UIF y a las autoridades competentes acceso a información que permita la identificación, en tiempo oportuno, de cualquier persona física o jurídica que tengan bienes inmuebles en propiedad, también a través de registros o de sistemas electrónicos de consulta de datos, cuando se disponga de tales registros o sistemas.

2.   A más tardar el 31 de diciembre de 2020, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que evalúe la necesidad y proporcionalidad de armonizar la información incluida en los registros y la necesidad de interconectar dichos registros. Cuando proceda, ese informe irá acompañado de una propuesta legislativa.».

21)

En el artículo 33, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

22)

En el artículo 34 se añade el apartado siguiente:

«3.   Los organismos autorreguladores designados por los Estados miembros publicarán un informe anual con información relativa a:

23)

El artículo 38 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 38

1.   Los Estados miembros garantizarán que las personas, incluidos los empleados y representantes de las entidades obligadas, que comuniquen sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, ya sea por vía interna o a la UIF, estén protegidas legalmente de toda amenaza, medida de represalia o acción hostil, y en particular de toda medida laboral adversa o discriminatoria.

2.   Los Estados miembros garantizarán que las personas expuestas a amenazas, medidas de represalia o acciones hostiles o medidas laborales adversas o discriminatorias por comunicar por vía interna o a la UIF sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo tengan derecho a presentar de forma segura una reclamación ante las autoridades competentes respectivas. Sin perjuicio de la confidencialidad de la información recopilada por la UIF, los Estados miembros garantizarán asimismo que dichas personas tengan derecho a una tutela judicial efectiva a fin de preservar sus derechos en virtud del presente apartado.».

24)

En el artículo 39, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   La prohibición establecida en el apartado 1 del presente artículo no impedirá la divulgación de información entre entidades de crédito y entidades financieras de los Estados miembros, siempre que pertenezcan al mismo grupo, o entre esas entidades y sus sucursales y filiales con participación de control establecidas en terceros países, a condición de que tales sucursales y filiales con participación de control se ajusten plenamente a las políticas y procedimientos a nivel del grupo, incluidos los de intercambio de información dentro del mismo, de conformidad con el artículo 45, y que las políticas y procedimientos a nivel del grupo cumplan los requisitos establecidos en la presente Directiva.».

25)

En el artículo 40, el apartado 1 se modifica como sigue:

26)

El artículo 43 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 43

El tratamiento de datos personales en virtud de la presente Directiva a fines de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo según se contempla en el artículo 1 se considerará de interés público en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (*8).

27)

El artículo 44 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 44

1.   A fin de contribuir a la preparación de las evaluaciones de riesgos, de conformidad con el artículo 7, los Estados miembros garantizarán que están en condiciones de evaluar la eficacia de sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y, a tal fin, dispondrán de estadísticas exhaustivas sobre cuestiones pertinentes para la eficacia de tales sistemas.

2.   Las estadísticas a que se refiere el apartado 1 incluirán:

3.   Los Estados miembros garantizarán la publicación anual de un estado consolidado de sus estadísticas.

4.   Los Estados miembros transmitirán una vez al año a la Comisión las estadísticas a que se refiere el apartado 2. La Comisión publicará un informe anual en el que se resumirán y explicarán las estadísticas a que se refiere el apartado 2 y que se publicará en su sitio web.».

28)

En el artículo 45, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.   Los Estados miembros y las AES se informarán mutuamente de aquellos casos en que consideren que el Derecho del tercer país no permite la aplicación de las políticas y procedimientos exigidos en virtud del apartado 1. En tales casos se podrá actuar de manera coordinada para hallar una solución. Al evaluar qué terceros países no permiten la aplicación de las políticas y procedimientos exigidos en virtud del apartado 1, los Estados miembros y las AES tendrán presentes los impedimentos jurídicos que puedan obstaculizar la correcta aplicación de tales políticas y procedimientos, incluidos el secreto, la protección de datos y otros impedimentos que limiten el intercambio de información que puede ser pertinente a tal fin.».

29)

En el artículo 47, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Los Estados miembros garantizarán que los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos estén registrados, que los establecimientos de cambio, las entidades de cobro de cheques y los proveedores de servicios a fideicomisos (del tipo «trust») y sociedades estén autorizados o registrados, y que los proveedores de servicios de juegos de azar estén regulados.».

30)

El artículo 48 se modifica como sigue:

31)

El artículo 49 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 49

Los Estados miembros garantizarán que las instancias decisorias, las UIF, las autoridades de supervisión y otras autoridades competentes que participen en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como las autoridades tributarias y las autoridades policiales y judiciales, cuando actúen dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, dispongan de mecanismos eficaces que les permitan cooperar y coordinarse a escala nacional en la elaboración y la aplicación de las políticas y actividades destinadas a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con el fin, entre otros, de cumplir sus obligaciones con arreglo al artículo 7.».

32)

En la sección 3 del capítulo VI se inserta la subsección siguiente:

«Subsección II bis

Cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros

Artículo 50 bis

Los Estados miembros no prohibirán el intercambio de información o de asistencia entre autoridades competentes, ni impondrán condiciones injustificadas o indebidamente restrictivas al respecto a los efectos de la presente Directiva. Los Estados miembros garantizarán en particular que las autoridades competentes no denieguen las solicitudes de asistencia por los motivos siguientes:

33)

El artículo 53 se modifica como sigue:

34)

En el artículo 54 se añade el párrafo siguiente:

«Los Estados miembros garantizarán que las UIF designen como mínimo a una persona o punto de contacto responsable de recibir las solicitudes de información de las UIF de otros Estados miembros.».

35)

En el artículo 55, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   Los Estados miembros garantizarán que el consentimiento previo solicitado de la UIF para comunicar la información a las autoridades competentes se conceda con prontitud y con la mayor amplitud posible, independientemente del tipo de delitos subyacentes conexos. La UIF consultada no denegará su consentimiento a dicha comunicación, a menos que esta recaiga en el ámbito de aplicación de sus disposiciones de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pueda entorpecer una investigación o no sea acorde con los principios fundamentales del Derecho nacional de ese Estado miembro. Toda denegación de consentimiento se explicará de forma adecuada. Tales excepciones deberán especificarse de tal forma que se evite una utilización inadecuada y unas limitaciones indebidas de la difusión de información entre las autoridades competentes.».

36)

El artículo 57 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 57

Las diferencias en la definición de delito subyacente a que se refiere el artículo 3, punto 4, entre los distintos Derechos nacionales no serán óbice para que las UIF proporcionen asistencia a otra UIF y no limitarán el intercambio, la difusión y la utilización de la información de conformidad con los artículos 53, 54 y 55.».

37)

En la sección 3 del capítulo VI se inserta la subsección siguiente:

«Subsección III bis

Cooperación entre las autoridades competentes que supervisan entidades de crédito y financieras y otras autoridades sometidas al secreto profesional

Artículo 57 bis

1.   Los Estados miembros someterán a todas las personas que trabajen o hayan trabajado para las autoridades competentes que supervisan entidades de crédito y entidades financieras en el cumplimiento de la presente Directiva así como a los auditores o expertos que actúen en representación de esas autoridades competentes a la obligación de guardar el secreto profesional.

Sin perjuicio de los casos en el ámbito del Derecho penal, la información confidencial que las personas a que se refiere el párrafo primero reciban en el ejercicio de sus funciones en virtud de la presente Directiva solo podrá ser revelada en forma resumida o agregada, de manera que no pueda identificarse a las entidades de crédito y entidades financieras individuales.

2.   Lo dispuesto en el apartado 1 no impedirá el intercambio de información entre:

A más tardar el 10 de enero de 2019, las autoridades competentes que supervisan entidades de crédito y financieras con arreglo a la presente Directiva y el BCE, cuando actúa con arreglo al artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 y al artículo 56, párrafo primero, letra g), de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (*10), celebrarán un acuerdo, con el apoyo de las Autoridades Europeas de Supervisión, sobre las modalidades prácticas para el intercambio de información.

3.   Las autoridades competentes que supervisen entidades de crédito y financieras y reciban información confidencial a tenor del apartado 1 solo utilizarán dicha información:

4.   Los Estados miembros garantizarán que las autoridades competentes que supervisan entidades financieras y de crédito cooperen entre sí a los efectos de la presente Directiva en la mayor medida posible, con independencia de su naturaleza o estatuto. Esta cooperación también incluirá la capacidad de efectuar, en el marco de las competencias de la autoridad competente requerida, investigaciones en nombre de la autoridad competente solicitante, así como el posterior intercambio de la información obtenida gracias a dichas investigaciones.

5.   Los Estados miembros podrán autorizar a sus autoridades competentes que supervisan entidades de crédito y financieras a alcanzar acuerdos de cooperación que dispongan la colaboración y el intercambio de información confidencial con las autoridades competentes de terceros países que sean homólogas de dichas autoridades competentes nacionales. Esos acuerdos de cooperación se celebrarán sobre la base de la reciprocidad y únicamente cuando la información revelada esté sometida a exigencias de secreto profesional equivalentes como mínimo a las enunciadas en el apartado 1. La información confidencial intercambiada conforme a dichos acuerdos de cooperación se utilizará para llevar a cabo la labor de supervisión de dichas autoridades.

Cuando la información intercambiada tenga su origen en otro Estado miembro, solo será revelada con el consentimiento expreso de la autoridad competente que la haya compartido y, en su caso, únicamente con la finalidad para la que dicha autoridad haya dado su consentimiento.

Artículo 57 ter

1.   No obstante lo dispuesto en el artículo 57 bis, apartados 1 y 3, y sin perjuicio del artículo 34, apartado 2, los Estados miembros podrán autorizar el intercambio de información entre las autoridades competentes del mismo Estado miembro o de diferentes Estados miembros, entre las autoridades competentes y las autoridades encargadas de la supervisión de entidades del sector financiero y las personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su actividad profesional a tenor del artículo 2, apartado 1, punto 3, y las autoridades responsables por ley de la supervisión de los mercados financieros en el desempeño de sus respectivas funciones de supervisión.

La información recibida quedará en cualquier caso sometida a exigencias de secreto profesional equivalentes como mínimo a las enunciadas en el artículo 57 bis, apartado 1.

2.   No obstante lo dispuesto en el artículo 57 bis, apartados 1 y 3, los Estados miembros podrán autorizar, en virtud de disposiciones de Derecho nacional, la revelación de ciertas informaciones a otras autoridades nacionales responsables por ley de la supervisión de los mercados financieros o a las que se hayan atribuido responsabilidades en los ámbitos de la lucha contra el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes conexos o la financiación del terrorismo, o de la investigación al respecto.

Sin embargo, la información confidencial intercambiada conforme al presente apartado se utilizará únicamente para la realización de las tareas legales de las autoridades de que se trate. Las personas que tengan acceso a dicha información estarán sometidas a exigencias de secreto profesional equivalentes como mínimo a las enunciadas en el artículo 57 bis, apartado 1.

3.   Los Estados miembros podrán autorizar la revelación de ciertas informaciones relativas a la supervisión de entidades de crédito con miras al cumplimiento de la presente Directiva a comisiones de investigación parlamentarias, tribunales de cuentas y otros organismos encargados de investigaciones, en su Estado miembro, con arreglo a las condiciones siguientes:

38)

En el artículo 58, apartado 2, se añade el párrafo siguiente:

«Los Estados miembros garantizarán asimismo que, en caso de que sus autoridades competentes constaten infracciones sujetas a sanciones penales, informen en tiempo oportuno a las autoridades policiales y judiciales.».

39)

El artículo 61 se modifica como sigue:

40)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 64 bis

1.   La Comisión estará asistida por el Comité sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo («el Comité») mencionado en el artículo 23 del Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo (*11). Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.o 182/2011 (*12).

2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

41)

El artículo 65 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 65

1.   A más tardar el 11 de enero de 2022, y cada tres años con posterioridad, la Comisión elaborará un informe sobre la aplicación de la presente Directiva y lo presentará al Parlamento Europeo y al Consejo.

El informe incluirá, en particular:

El primer informe, que se publicará a más tardar el 11 de enero de 2022, irá acompañado, en caso necesario, de las propuestas legislativas adecuadas, incluidas propuestas, cuando así proceda, sobre las monedas virtuales, la habilitación para crear y mantener una base de datos central en la que se registren las identidades y las direcciones de monedero electrónico de los usuarios accesibles para las UIF, así como los formularios de autodeclaración destinados a los usuarios de la moneda virtual, y para mejorar la cooperación entre los organismos de recuperación de activos de los Estados miembros y una aplicación basada en el riesgo de las medidas a que se refiere el artículo 20, letra b).

2.   A más tardar el 1 de junio de 2019, la Comisión evaluará el marco de la cooperación de las UIF con terceros países, así como los obstáculos y las oportunidades para mejorar la cooperación entre las UIF de la Unión, incluida la posibilidad de crear un mecanismo de coordinación y apoyo.

3.   La Comisión presentará, si procede, al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se valore la necesidad y proporcionalidad de reducir el porcentaje para la identificación de la titularidad real de las entidades jurídicas en función de las recomendaciones formuladas en ese sentido por organizaciones internacionales y organismos de normalización con competencias en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo como consecuencia de una nueva evaluación, y presentará, en su caso, una propuesta legislativa.».

42)

En el artículo 67, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 26 de junio de 2017.

Los Estados miembros aplicarán el artículo 12, apartado 3, a partir del 10 de julio de 2020.

Los Estados miembros crearán los registros a que se refiere el artículo 30 a más tardar el 10 de enero de 2020, los registros a que se refiere el artículo 31 a más tardar el 10 de marzo de 2020, y los mecanismos automatizados centralizados a que se refiere el artículo 32 bis a más tardar el 10 de septiembre de 2020.

La Comisión garantizará la interconexión de los registros contemplados en los artículos 30 y 31 en cooperación con los Estados miembros a más tardar el 10 de marzo de 2021.

Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de las disposiciones a que se refiere el presente apartado.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.».

43)

En el anexo II, punto 3, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:

44)

El anexo III se modifica como sigue:

«iv)

las autoridades encargadas de la supervisión de las entidades obligadas enumeradas en el artículo 2, apartado 1, puntos 1 y 2, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (*13) con miras al cumplimiento de dicha Directiva;

«g)

las autoridades encargadas de la supervisión de las entidades obligadas enumeradas en el artículo 2, apartado 1, puntos 1 y 2, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (*14) con miras al cumplimiento de dicha Directiva.