LEY 13/1982, DE 7 DE ABRIL, DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVALIDOS

Estado : Derogada

Órgano Emisor : Jefatura del Estado

Rango : Ley

Fecha: 07-04-1982

Fecha de Publicación: 30-04-1982

Boletín : Boletín Oficial del Estado

Marginal : 121583

En el presente caso, el recurrente formula el recurso de casación, en tanto en cuanto considera que se ha producido la infracción del artículo 15.1 y 49.

Los demandantes del proceso que ha dado lugar al presente recurso de casación para la unificación de doctrina prestaron servicios para la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos y después para la aquí demandada sociedad estatal de correos y telégrafos, s.a. en virtud de sucesivos contratos de trabajo temporales, el último de los cuales adoptó la modalidad de interinidad hasta la cobertura de la plaza vacante por personal fijo, concertados el06-1997, con el Sr. Humberto , el 20-11-2000 con la Sra. Regina , y el10-1995 con la Sra. Amanda , y a raíz del oportuno concurso para la provisión de plazas vacantes en la Sociedad Estatal, entre las que se incluyó las que desempeñaban los actores, dicha entidad les comunicó el cese, con efectos del día 4 de enero del 2005 los dos primeros y con efectos del día 10 de enero de 2005 la tercera, por haberse cubierto el puesto de trabajo que ocupaban mediante su adjudicación a personal fijo en concurso de traslado.La referida resolución se recurre ahora en casación para la unificación de doctrina por la Sociedad Estatal, invocándose como sentencia contradictoria la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en fecha 13 de diciembre de 2004 , que reproduce la doctrina adoptada por dicha Sala en su sentencias precedentes de 4 y 25 de octubre de 2005 . Se trata en ella también de una empleada de la Sociedad demandada que suscribió diversos contratos de trabajo temporales, el último el 29-09-2002 de interinidad por vacante. Fue declarada apta tras la superación de las pruebas selectivas convocadas, por lo que se le comunicó que tenía de plazo hasta el 22 de abril siguiente para formular solicitud de plaza, no llegando a presentar petición de destino y no incorporándose por tanto a ninguno de ellos, formulando la correspondiente demanda de despido al ser cesada.Como puede verse, entre la sentencia recurrida y la de contraste existe la identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina, pues ante situaciones sustancialmente iguales se produjeron soluciones judiciales contrapuestas.Para resolver las distintas cuestiones suscitadas en el recurso, hay que tener en cuenta que la doctrina en situaciones prácticamente idénticas ha sido unificada en la sentencia de esta Sala de 11 de abril de 2.006 recurso 2050/2005 dictada en Sala constituida por todos sus miembros y seguida de otras muchas posteriores. En esa resolución se establece el criterio que por razones de seguridad jurídica aquí debe seguirse, y así, se afirma que para dar solución al problema planteado, hay que tener en cuenta, previamente, lo que dispone sobre el particular la Ley 14/2000 , por la que se acordó la conversión de la entidad empleadora en sociedad estatal.De conformidad con tales razonamientos y aplicando la doctrina al caso del presente recurso, procede la estimación del mismo, puesto que la sentencia recurrida infringió los preceptos denunciados en el escrito de interposición del recurso en la forma descrita en los anteriores fundamentos, al ratificar la condición de improcedente del despido del demandante atribuída en la sentencia de instancia, lo que determina, tal y como propone el Ministerio Fiscal en su informe, la necesidad de casar y anular la sentencia recurrida, y resolver el debate planteado en suplicación estimando el de tal clase interpuesto en su día por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, s.a., revocando la sentencia de instancia que declaró la improcedencia de los despidos y desestimando la demanda planteada por los actores, sin que haya lugar a la imposición de costas.

LEY 13/1982, DE 7 DE ABRIL, DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVALIDOS

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