LEY 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Estado : Vigente

Órgano Emisor : Jefatura del Estado

Rango : Ley

Fecha: 07-07-2003

Fecha de Publicación: 08-07-2003

Boletín : Boletín Oficial del Estado

Marginal : 139257

Asistencia.

Después de valorar los hechos, las alegaciones y las peticiones de las partes efectuadas en instancia, la Audiencia Provincial de Sevilla ha determinado estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la denunciada Dña. Eva contra la sentencia dictada el 10 de marzo de 2005 por la Ilma. Sra. Magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla, en autos de juicio de faltas número 1531 de 1994 , confirmar y confirmo la sentencia impugnada, con la única salvedad de reducir a mil doscientos euros la indemnización a cuyo pago ha sido condenada la susodicha apelante y declarando de oficio las costas de esta alzada.

Las alegaciones vertidas en el escrito de interposición del recurso por la defensa de la denunciada apelante no alcanzan a desvirtuar la correcta y razonada apreciación de la prueba en que el Magistrada a quo sustenta la conclusión de culpabilidad de la recurrente en la falta de lesiones por la que ha sido condenada en primera instancia. En el mismo sentido, la sentencia del mismo Tribunal 1960/2002, de 22 de noviembre , reafirma que especialmente cuando se trata de prueba testifical, su valoración depende en gran medida de la percepción directa, de manera que la determinación de la credibilidad que corresponde otorgar a cada testigo es tarea atribuida al Tribunal de instancia en virtud de la inmediación, sin que su criterio pueda ser sustituido.

Aparte de incidir en el frecuente error o recurso dialéctico de tratar de convertir los criterios orientativos que proporciona la jurisprudencia acerca de la valoración del testimonio de la víctima en una especie de reglas legales de valoración tasada de la prueba, que en modo alguno la aludida tópica jurisprudencial puede ni pretende erigir, lo cierto es, por un lado, que las contradicciones de detalle que se señalan en el recurso no son bastantes para privar de racionalidad el juicio positivo de credibilidad que las declaraciones de la Sra. Elvira han merecido a la Magistrada a quo y, por otro, que, contra lo que se afirma en el recurso, el testimonio controvertido sí cuenta con una corroboración objetiva indiscutible, pues en el parte de asistencia facultativa obrante al folio 18, emitido sólo una hora después del incidente, se consigna que la Sra. Elvira presentaba una contusión cervical, resultado lesivo enteramente congruente con la mecánica de la agresión descrita por la lesionada y sus hijas, que no necesariamente exige que dicha contusión fuera acompañada de hematomas o erosiones.Sin embargo, en el caso de autos esa reducción no puede llevarse a la supresión total que se pretende en primer lugar en el motivo, pues pese a que con carácter general el Magistrado que ahora resuelve mantiene la tesis de la compensación recíproca y total de las responsabilidades civiles entre los participantes en una riña mutua, en el supuesto enjuiciado, aparte de que la denunciada apelante no renuncia a la indemnización establecida a su favor, lo que tiñe de incongruencia su postura, se da en todo caso la excepción de agresión exorbitante, pues como tal debe considerarse, en respuesta a una inocua bofetada, el violento zamarreo por el cuello propinado por una joven de veintitrés años a una mujer de sesenta y seis, dada la diferencia de intensidad de la acción agresiva y de las condiciones físicas de las contendientes.Invirtiendo por comodidad expositiva el orden en que se exponen las alegaciones al respecto, es indudable que la sentencia de instancia ha incurrido por inadvertencia en incongruencia ultra petitum al establecer una indemnización a favor de la Sra. Elvira y a cargo de la apelante en cuantía superior a la que había sido solicitada por las partes activas del proceso.Aunque, por error, en el citado antecedente de la sentencia se diga que el juicio se celebró sin la asistencia del Ministerio Fiscal, lo cierto es que éste sí intervino en el mismo, como correspondía a la naturaleza de las infracciones imputadas, interesando folio 65 vuelto la condena de la Sra. Vaz a indemnizar a la Sra. Elvira en la suma, también única y global, de 1200 euros, a la vista del parte de lesiones. con ello concluye el examen de la totalidad del recurso.Más recientemente aún, la sentencia 1080/2003, de 16 de julio , señala que la inmediación en la percepción de la actividad probatoria constituye un límite común a todos los órganos de revisión de la prueba, salvo que se reitere ante ellos la de carácter personal, añadiendo que de los artículos [[idrelit:2081507]]741[[/idrelit:2081507]] y [[idrelit:2081506]]717[[/idrelit:2081506]] de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se desprende una importante diferenciación en el ámbito de la valoración de la prueba, diferenciando lo que es percepción sensorial, que sólo puede efectuar el órgano jurisdiccional presente en el juicio, de lo que es valoración racional, que puede ser realizada tanto por el órgano enjuiciador como por el de recurso, realizando éste funciones de control de la racionalidad de la motivación expresada en la sentencia impugnada.En efecto, la juzgadora de primera instancia ha podido apreciar, con la ventaja heurística de una inmediación vedada a este órgano de apelación, las contrapuestas declaraciones vertidas en el acto del juicio por las seis personas implicados en el incidente, aparte de una testigo que por haber llegado en la fase epilogal del suceso no presenció los hechos objeto de controversia.

LEY 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

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