Escrito de acción de oposición a la adjudicación y ofrecimiento de pago, acción de nulidad del procedimiento y acción de tercería de dominio
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ESCRITO DE ACCIÓN DE OPOSICIÓN A LA ADJUDICACIÓN Y OFRECIMIENTO DE PAGO, ACCIÓN DE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO Y ACCIÓN DE TERCERÍA DE DOMINIO

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 2 DE ILLESCAS

 

 

…………………. procurador de los Tribunales del Iltre. Colegio de Procuradores de Toledo, actuando en nombre y representación de ……………………, mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en Madrid, …………… cuya representación acredito mediante copia de PODER GENRAL PARA PLEITOS que acompaño como DOCUMENTO NÚMERO 1, actuando bajo la dirección técnica del letrado ……………………, con domicilio profesional en M…………………., ante el Juzgado comparezco y como más procedente sea en Derecho, DIGO:

 

 

Que por medio del presente escrito vengo a personarme y comparecer en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales número …que se tramita ante este Juzgado y del que hace escasas fecha he tenido conocimiento ejercitando, subsidiariamente y por el siguiente orden ACCIÓN DE OPOSICIÓN A LA ADJUDICACIÓN Y OFRECIMIENTO DE PAGO, ACCIÓN DE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO Y ACCIÓN DE  TERCERÍA DE DOMINIO sobre el bien trabado y ello basándome en los siguientes

  

ANTECEDENTES DE HECHO

 

I.- …………….., se persona en este momento en el procedimiento seguido a instancia de …………….. en reclamación de cantidad por el importe de 5.872,99 € de principal, intereses ordinarios e intereses moratorios más 1.761 € fijados para intereses y costas, los cuales aún no han sido determinados, Procedimiento que se inició en fecha 18 de noviembre de 2.004 ante este Juzgado.

 

II.- Mi mandante, entonces casada y siguiendo las instrucciones de su marido se vio obligada a conferir representación “apud acta” a favor del Procurador D. sin que ni entonces ni desde aquella fecha haya tenido relación directa alguna con el mencionado Procurador hasta el pasado 22 de febrero de 2.011 fecha en la que como consecuencia de haberse enterado casualmente y a través de un amigo de su hijo de la existencia del procedimiento, tuvo conocimiento del mismo y del  estado tan avanzado en que se encuentra.

 

Como consecuencia de la imposibilidad de convivencia y los continuos malos tratos a los que se veía sometida por su ex marido, se vio en la obligación de abandonar ya en el mes de octubre de 2.004 el que era su domicilio en ………………….de la urbanización ……. Se aporta a efectos acreditativos copia del parte de lesiones de fecha 27 de agosto de 2.004 –DOCUMENTO NÚMERO 2- copia de la DECLARACIÓN realizada ante la Policía Nacional en fecha 9 de octubre de 2.004, fecha en la que se vio obligada a abandonar definitivamente el que era su domicilio así como todas sus pertenencias y enseres personales -DOCUMENTO NÚMERO 3- y copia del parte dado por la policía al Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid –DOCUMENTO NÚMERO 4-.

 

Como resulta de la misma declaración ya entonces había miedo insuperable respecto de su Cónyuge ………………., por lo que se vi obligada a, literalmente, “desaparecer” pues entendía que su vida corría verdadero peligro, así puede deducirse incluso de la declaración de la policía según resulta del DOCUMENTO 4 aportado.

 

No vamos a entrar en más detalles al respecto de los malos tratos por cuanto mi representada ha rehecho su vida lejos de su ex cónyuge, el cual sigue residiendo en el mismo domicilio antes reseñado de ……………………. de la urbanización …………………. habiéndose obtenido recientemente sentencia de divorcio, por lo que solicitamos de este Juzgado para que requiera al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Illescas a fin de que se aporte copia del Acta del juicio de 13 de julio de 2.010 en el que también se pone de manifestó la situación de angustia de mi representada ante la sola visión de su ex marido.  

 

III.- Lógicamente desde el momento en que se vio obligada abandonar su domicilio no ha tenido conocimiento alguno de la tramitación ni de este procedimiento ni de ningún otro por lo que ni siquiera ha tenido posibilidad de defenderse ni de proceder al pago de la deuda declarada por sentencia ya firme y, como antes decíamos, no tuvo relación ninguna con el Procurador que presuntamente la representaba hasta el pasado 11 de febrero en que le dieron copia del Procedimiento de ejecución –ni saquera de aquel respeto del cual tal ejecución trae causa- previo pago del importe de 400 € que, suponemos serían los honorarios pendientes de pago, que no dudamos sean legítimos pero que habrían de haberse cobrado a aquel de los demandados con el que dicho Procurador tenía relación y al que le practicaba las comunicaciones pues, reiteramos, mi mandante tuvo que desalojar tal domicilio ya en el año 2.004.

 

Es evidente que, dadas las circunstancias, mi representada no pudo comunicar su cambio de domicilio al Juzgado, en el primero de ellos por las circunstancias en que se produjo y en este de ejecución por la misma razón y porque ni siquiera conocía su existencia, razones por las cuales, y con el objeto de preservar su seguridad personal, en este escrito se determina como domicilio el profesional del letrado firmante; debemos recordar que el procedimiento de ejecución se inicia el 17 de enero de 2.005, momento en el que surge la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio, obligación de la que mi representada nunca tuvo conocimiento.

 

En definitiva ……………o no ha tenido conocimiento de la existencia de este procedimiento, tampoco estaba representada en el mismo por cuanto la representación conferida “apud acta” al Procurador ………………….., lo fue por orden de su marido y para otro procedimiento distinto del presente y del que hasta el mes de febrero de 2.011 no tuvo noticia alguna. 

 

Se da además la circunstancia de que ………………. estaba casada en régimen de sociedad de gananciales sin que hasta la fecha y ello a pesar de la reciente sentencia de divorcio, haya podido proceder a la disolución de su sociedad de gananciales teniendo el bien trabado todavía tal naturaleza.

 

En todo caso entendemos que el presente embargo del bien ganancial, dada la responsabilidad de ambos miembros de la Sociedad de gananciales y a pesar de que la separación produce de derecho la revocación de todos los poderes, y a la que debe asimilarse una separación de hecho máxime cuando la misma se produce por las causas antes reseñadas, no puede atribuirse la representación el ex marido respecto de mi mandante, de tal forma que la notificación que se pudiera haber hecho a D. ………………., sea a través del Procurador ………………….. o de cualquiera otra forma, no puede entenderse hecha a mi representada, la cual nunca ha comparecido en este procedimiento hasta la fecha.

 

IV.-  No habiendo tenido conocimiento de la existencia del procedimiento hasta tan recientes fechas entendemos que procede para mi  mandante ejercitar el derecho que la Ley Rituaria le concede para señalar otros bienes, a cuyo efecto OFRECEMOS EL DEPÓSITO DE LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE AL PRINCIPAL, INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS VENCIDOS por importe de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.872,99 €) e incluso del IMPORTE PREVISTO PARA INTERESES Y COSTAS, MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS (1.761 €) en la cuenta de consignaciones del Juzgado, depósito que será hecho tan pronto nos indique el Juzgado a que respetuosamente me dirijo la Cuenta Corriente en que deba hacerse, para la entrega inmediata de la primera a la parte ejecutante y de la segunda una vez se liquiden los intereses y se apruebe la tasación de costas, sin perjuicio del derecho de subrogarse en la posición del acreedor en cuanto a la parte de deuda que no le correspondiera.       

 

V.- Que el bien está inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de ambos ex cónyuges y con carácter ganancial pero es obvio que en el momento actual no existe Sociedad de Gananciales sino en liquidación al haberse dictado ya la sentencia de divorcio y extinguirse el régimen económico matrimonial.

 

En su condición de propietaria mi representada debía tener derecho a personarse en el procedimiento y poder ejercitar las acciones que le correspondían como deudor sin que haya tenido tal posibilidad, por lo que debería anularse el procedimiento y retrotraerse al menos hasta el momento anterior al requerimiento de pago, a la oposición a la ejecución o al embargo para que en su condición de propietaria del bien pudiera pagar la deuda, determinar otros bienes más adecuados al importe de la misma o incluso comparecer y adjudicarse el bien subrogándose en la posición del ejecutante, por lo que podría ser procedente la tercería de dominio.

 

Igualmente y para solicitar la anulación del procedimiento que está en curso, recordamos que mi representada no ha comparecido en ni ningún momento, sin que pueda invocarse la presencia de un Procurador que no tiene relación con ella hasta el pasado 22 de febrero de 2.011 y ya es curioso que, según consta en los Autos, el traslado de copias se le hacía a D……,  ignoramos por qué razón pues puede ser que tenga relación con el ex marido de mi mandante pero no con María Jesús de tal manera que no puede considerarse válidamente hecha a mi representada ninguna notificación respecto de mi mandante.

 

VI.- A modo de conclusión entendemos que sin negar la validez formal del procedimiento es claro que mi mandante no ha tenido derecho de defensa alguno ni posibilidad de proceder a la extinción de la deuda mediante su pago voluntario habiéndose evitado costes indebidos por la tramitación de este procedimiento ejecutivo, como el avalúo del bien o la expedición de la certificación registral de dominio y cargas, por lo que estando dispuesta a la extinción de la deuda, solicitamos que se le permita el señalamiento de bienes al amparo del artículo 584 de la L.E.C. consistente en dinero metálico que será ingresado en la cuenta de consignaciones del Juzgado tan pronto se nos indique.

 

Subsidiariamente solicitamos la anulación del procedimiento al no haber sido citada en legal forma y no haber podido comparecer con los medios de defensa adecuados ni haber tenido posibilidad de ejercitar los derechos que la Ley concede al ejecutado. 

 

Para el supuesto en que no se considerara procedente por el juzgador ni la extinción de la deuda por su pago ni la anulación del procedimiento, promovemos tercería de dominio a efectos de que mi representada sea llamada al procedimiento incluso para poder extinguir la deuda.

 

 

A los anteriores hechos son aplicables los siguientes:

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

A.- FUNDAMENTOS JURÍDICO-FORMALES

 

I.- COMPETENCIA.-

 

Será competente para conocer de este incidente el mismo Tribunal que dictó la resolución que hubiere adquirido firmeza.

 

Así mismo, será competente para conocer de la acción subsidiaria de tercería de dominio formulada por esta representación procesal, el Tribunal que hubiese acordado el embargo del bien.

 

II.- LEGITIMACIÓN.-

 

Está legitimada para la interposición de las acciones que se ejercitan, ………………….. por se propietaria del bien embargado.

 

III.- PLAZO.-

 

Se solicitan todas las acciones del presente escrito dentro de los plazos señalados en los artículos 228.1 y 596 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

B.- FUNDAMENTOS DE FONDO

 

1.- DEL SEÑALAMIENTO DE BIENES, DEL OFRECIMIENTO DEL PAGO Y DE LA SUFICIENCIA DEL EMBARGO

 

Teniendo en cuenta el desconocimiento por parte de mi mandante, del procedimiento de ejecución instado contra ella, y sobre todo, de la falta de notificación de la

demanda, así como del embargo de los bienes, procede en el caso que nos ocupa, la posibilidad de que Doña María Jesús Nieto pueda, o bien señalar bienes para el pago de la deuda, o bien proceder a la consignación de la cantidad, quedando liberada así de la obligación.

 

Artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre la manifestación de bienes del ejecutado.

 

Salvo que el ejecutante señale bienes cuyo embargo estime suficiente para el fin de la ejecución, el Secretario judicial requerirá, mediante diligencia de ordenación, de oficio al ejecutado para que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título.

 

El requerimiento al ejecutado para la manifestación de sus bienes se hará con apercibimiento de las sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren.

 

El Secretario judicial podrá también, mediante decreto, imponer multas coercitivas periódicas al ejecutado que no respondiere debidamente al requerimiento a que se refiere el apartado anterior.

 

Para fijar la cuantía de las multas, se tendrá en cuenta la cantidad por la que se haya despachado ejecución, la resistencia a la presentación de la relación de bienes y la capacidad económica del requerido, pudiendo modificarse o dejarse sin efecto el apremio económico en atención a la ulterior conducta del requerido y a las alegaciones que pudiere efectuar para justificarse.

 

Frente a estas resoluciones del Secretario cabrá recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Tribunal que conozca de la ejecución.

 

Artículo 1176 del Código Civil, relativo al ofrecimiento del pago y de la Consignación.

 

Si el acreedor a quien se hiciere el ofrecimiento de pago se negare sin razón a admitirlo, el deudor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida.

Por otra parte, señala el artículo 584 de la LEC que “No se embargarán bienes cuyo previsible valor exceda de la cantidad por la que se haya despachado ejecución, salvo que en el patrimonio del ejecutado sólo existieren bienes de valor superior a esos conceptos y la afección de dichos bienes resultare necesaria a los fines de la ejecución”, por lo que existiendo bienes suficientes de la ejecutada para el embargo de la cantidad, se debería aplicar el presente artículo, no procedimiento el embargo de la finca, que lógicamente excede sobre manera la cantidad adeudada.

 

2.- DE LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO

 

A.- Falta de notificación de la demanda de ejecución de Títulos Judiciales a ………………

 

Si bien señala el artículo 144 del Reglamento Hipotecario que “Para que durante la vigencia de la sociedad conyugal sea anotable en el Registro de la Propiedad el embargo de bienes inscritos conforme a lo previsto en los apartados 1 o 4 del artículo 93 o en el apartado 1 del artículo 94, deberá constar que la demanda ha sido dirigida contra los dos cónyuges o que estando demandado uno de los cónyuges, ha sido notificado al otro el embargo” y efectivamente consta que la demanda se ha dirigido contra los cónyuges, lo cierto es que el Juzgado señaló que se procediese a la notificación de la misma a ambos cónyuges y dicha notificación no se ha producido en relación a mi mandante, como así debe deducirse de los autos que constan en este juzgado, no habiendo tenido conocimiento del inicio del procedimiento de ejecución, de la prosecución del mismo, y como no, del embargo que se ha producido, por cuanto existe una manifiesta indefensión de ……………………, quien de tener conocimiento del procedimiento, hubiese podido evitar el embargo de la finca de su propiedad, por lo que procede declarar la nulidad del procedimiento, debiendo retrotraer las actuaciones al momento inicial y otorgando a mi representada las posibilidades que otorga la legislación vigente para cada uno de los momentos procesales de la Ejecución de títulos Judiciales.

 

Tratándose de un procedimiento diferente del ordinario del que trae su causa y desconociendo Doña María Jesús su existencia, difícilmente podía comunicar un cambio de domicilio al juzgado para que en el futuro pudiese realizar las notificaciones, ya que se desconocía la posibilidad de que dicha ejecución pudiera producirse.

 

Teniendo conocimiento el juzgado de que la demanda no fue notificada a ambos cónyuges, sino únicamente a uno de ellos, debió proceder a la correspondiente averiguación del domicilio de la ejecutada y notificar correctamente la demanda, evitando la indefensión a la que se ha visto sometida, a lo que debe sumarse la penosa situación personal, a causa de los malos tratos sufridos, lo que en mayor medida justifica la necesidad de que Doña …. tuviese derecho a una defensa justa de su patrimonio.

 

En este sentido dispone la SENTENCIA del Tribunal Supremo de 26-5-1998 que “Las notificaciones intensamente irregulares y defectuosas generaron indefensión y vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución (Sentencias de 8-6 y 11-6-1994). La indefensión de la recurrente se patentiza, toda vez que se la privó no solo de conocer la sentencia dictada en el ejecutivo, sino también de la posibilidad de personarse en dicho pleito y plantear apelación, así como, respecto a la traba del bien ganancial, de poder acudir a la subasta del mismo y obtener su liberalización (..)”

 

B.- De la no aplicación del artículo 1385 del Código Civil.

 

Pese a señalar el citado artículo que “Cualquiera de los cónyuges podrá ejercitar la defensa de los bienes y derechos comunes por vía de acción o de excepción.”, dicho precepto no resulta aplicable al caso concreto, ya que nos encontramos ante un supuesto en que aparecen por separado implicados ambos cónyuges, contra los que se dirige la demanda, apareciendo cada uno de ellos como ejecutado, por lo que no

podría utilizarse dicho precepto para entender que la defensa realizada por el excónyuge de Doña María Jesús debe entenderse realizada en beneficio de ambos cónyuges, sino que se debió notificar a aquella y poder defender individualmente su derecho, lo cual hubiera dado lugar a otro resultado en el procedimiento, por lo que no debemos privarla de su derecho de defensa y permitir que la negligencia de su ex cónyuge pueda perjudicarla de la manera que lo está haciendo.

 

En el sentido de lo aquí manifestado se pronuncia también el alto tribunal, señalando la Sentencia del Tribunal Supremo de  siete de junio de dos mil seis, sala primera que dispone “ c) Porque del mismo modo NO PUEDE ESTIMARSE INFRINGIDO EL ARTÍCULO 1.385 DEL MISMO CÓDIGO, en relación con el principio constitucional de tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), pues si bien es cierto que aquel precepto señala en su párrafo segundo que "CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES PODRÁ EJERCITAR LA DEFENSA de los bienes y derechos comunes por vía de acción o de excepción", no puede predicarse su aplicación al caso ya que el mismo SE REFIERE A LA DEFENSA DE TALES BIENES FRENTE A TERCEROS, como resulta adecuado en la generalidad de los supuestos de comunidad de bienes en que cualquiera de los comuneros puede actuar válidamente en beneficio de la comunidad, pero NO A LOS SUPUESTOS EN QUE APARECE IMPLICADO EL OTRO CÓNYUGE E INCLUSO, COMO ES PROPIO DE LA TERCERÍA DE DOMINIO, SE DIRIGE TAMBIÉN CONTRA ÉL LA DEMANDA AL FIGURAR COMO EJECUTADO EN EL PROCESO DEL QUE LA TERCERÍA TRAE CAUSA.”

C.- Falta de representación en el proceso de ejecución de títulos judiciales por parte del Procurador ……………………:

 

Se otorgó para el procedimiento ordinario un poder “apud acta” para el procurador ……………………… sin embargo el alcance de un poder de este tipo lo es únicamente para cada procedimiento, exigiendo los tribunales que se acredite la representación del procurador cuando nos encontramos ante cada procedimiento o instancia, e incluso exigiéndolos dentro de un mismo procedimiento, en algunas piezas separadas, como es el caso de las medidas cautelares.

 

En el presente procedimiento de ejecución de títulos judiciales, mi mandante no ha conferido poder alguno al procurador, es más, al no tener conocimiento de su existencia es imposible que existe representación otorgada por mi cliente. Lo que no comprendemos es como aparecer dicho procurador el algunas de las notificaciones del Juzgado, sin que se haya acreditado la representación, pero lo más curiosos de todo es que si se ha dado traslado al procurador, porque éste no ha hecho llegar a mi cliente cada una de las notificaciones de las que ha tenido conocimiento.

 

La cuestión es que sin perjuicio de la inactividad del procurador, lo que está claro es que en el juzgado no consta representación alguna por lo que no puede tenerse por notificada a mi cliente.

 

Toda esta cuestión deriva en la señalada en el apartado A y es que si el juzgado apreció la presencia de dos procuradores está claro que el ex cónyuge de ………………………. no la representaba, lo que implica mayor motivo para comprobar que las notificaciones se habían realizado correctamente.

 

LEGISLACIÓN APLICABLE A LA NULIDAD DE ACTUACIONES. Sin perjuicio de los preceptos señalados con anterioridad, son aplicables a la acción de nulidad de actuaciones, los siguientes:

 

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

 

Artículo 225. Nulidad de pleno derecho.

 

Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

  1. Cuando se produzcan por o ante Tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional.
  2. Cuando se realicen bajo violencia o intimidación.
  3. Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión.
  4. Cuando se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la Ley la establezca como obligatoria.
  5. Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del Secretario judicial.
  1. Cuando se resolvieran mediante diligencias de ordenación o decreto cuestiones que, conforme a la Ley, hayan de ser resueltas por medio de providencia, auto o sentencia.
  2. En los demás casos en que esta Ley así lo establezca.

 

Artículo 227. Declaración de nulidad y pretensiones de anulación de actuaciones procesales.

 

  1. La nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate.

 

  1. Sin perjuicio de ello, el tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular.

 

En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.

 

Artículo 228. Incidente excepcional de nulidad de actuaciones.

 

  1. No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.

Será competente para conocer de este incidente el mismo Tribunal que dictó la resolución que hubiere adquirido firmeza. El plazo para pedir la nulidad será de veinte días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución.

 

El Tribunal inadmitirá a trámite, mediante providencia sucintamente motivada, cualquier incidente en el que se pretenda suscitar otras cuestiones. Contra la resolución por la que se inadmita a trámite el incidente no cabrá recurso alguno.

 

  1. Admitido a trámite el escrito en que se pida la nulidad fundada en los vicios a que se refiere el apartado anterior de este artículo, no quedará en suspenso la ejecución y eficacia de la sentencia o resolución irrecurribles, salvo que se acuerde de forma expresa la suspensión para evitar que el incidente pudiera perder su finalidad, por el Secretario judicial se dará traslado de dicho escrito, junto con copia de los documentos que se acompañasen, en su caso, para acreditar el vicio o defecto en que la petición se funde, a las demás partes, que en el plazo común de cinco días podrán formular por escrito sus alegaciones, a las que acompañarán los documentos que se estimen pertinentes.

 

Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido. Si se desestimara la solicitud de nulidad, se condenará, por medio de auto, al solicitante en todas las costas del incidente y, en caso de que el Tribunal entienda que se promovió con temeridad, le impondrá, además, una multa de noventa a seiscientos euros.

 

Contra la resolución que resuelva el incidente no cabrá recurso alguno.

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

 

Artículo 238.

 

Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

  1. Cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional.
  2. Cuando se realicen bajo violencia o intimidación.
  3. Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión.
  4. Cuando se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la ley la establezca como preceptiva.
  5. Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del secretario judicial.
  6. En los demás casos en los que las leyes procesales así lo establezcan

 

Artículo 240.

 

  1. La nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos legalmente establecidos contra la resolución de que se trate, o por los demás medios que establezcan las leyes procesales.

 

  1. Sin perjuicio de ello, el juzgado o tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular.

 

En ningún caso podrá el juzgado o tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.

 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

 

Artículo 24.

 

  1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. (…)

 

3.- DE LA TERCERÍA DE DOMINIO.-

 

Artículo 595. Tercería de dominio. Legitimación.

 

“1. Podrá interponer tercería de dominio, en forma de demanda, quien, sin ser parte en la ejecución, afirme ser dueño de un bien embargado como perteneciente al ejecutado y que no ha adquirido de éste una vez trabado el embargo.

 

  1. Podrán también interponer tercerías para el alzamiento del embargo quienes sean titulares de derechos que, por disposición legal expresa, puedan oponerse al embargo o a la realización forzosa de uno o varios bienes embargados como pertenecientes al ejecutado.

 

  1. Con la demanda de tercería de dominio deberá aportarse un principio de prueba por escrito del fundamento de la pretensión del tercerista.”

 

Artículo 596. Momento de interposición y posible rechazo de plano de la tercería de dominio.

 

“1. La tercería de dominio podrá interponerse desde que se haya embargado el bien o bienes a que se refiera, aunque el embargo sea preventivo.

 

  1. El tribunal, mediante auto, rechazará de plano y sin sustanciación alguna la demanda de tercería de dominio a la que no se acompañe el principio de prueba exigido en el apartado 3 del artículo anterior, así como la que se interponga con

 

posterioridad al momento en que, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil, se produzca la transmisión del bien al acreedor o al tercero que lo adquiera en pública subasta.”

 

Señala la SENTENCIA del  Tribunal Supremo de 17-7-1997: “A lo largo de todo el proceso ejecutivo, en ningún momento se ha llegado a notificar a la actora la existencia del mismo, negándosele la oportunidad de utilizar los correspondientes recursos y causas de oposición previstos legalmente, encontrándose entre estas posibilidades, la prevenida en el artículo 1.373 del Código Civil. La lectura de la referida diligencia evidencia que se practicó con arreglo a las prescripciones legales y con observancia de los preceptos rituarios 261, 262, 266 y 268 en orden a las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, es decir, que formalmente la diligencia fue válida, pero ello no es suficiente en punto al material y efectivo conocimiento que debe tener el cónyuge de la parte ejecutada en un juicio ejecutivo respecto a los bienes comunes que resulten embargados, conocimiento que ha de quedar plenamente acreditado a fin de poder desvirtuar las reclamaciones posteriores efectuadas en un procedimiento de tercería, y la realidad y necesidad de ese conocer se infiere del texto de los artículos 1.373 y 144 del Código Civil y Reglamento Hipotecario, respectivamente, pues, de lo contrario, se podía originar al cónyuge-demandado una auténtica situación de indefensión, la que no desaparecería por la responsabilidad en que hubiera incurrido el cónyuge-demandado ante la falta de poner en conocimiento del otro el hecho del embargo.”

 

4.- DE LA EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES Y DE LA REVOCACIÓN DE PODERES.

 

En aplicación de los preceptos que a continuación señalaremos del Código Civil, se ha producido la extinción de la sociedad de gananciales y han quedado revocados todos los poderes o consentimientos existentes.

 

Artículo 102.

 

Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, se producen, por ministerio de la Ley, los efectos siguientes:

 

Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal.

 

Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro.

 

Asimismo, salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

 

A estos efectos, cualquiera de las partes podrá instar la oportuna anotación en el Registro Civil y, en su caso, en los de la Propiedad y Mercantil.

 

Artículo 1392.

 

La sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho:

 

Cuando se disuelva el matrimonio.

 

Cuando sea declarado nulo.

 

Cuando judicialmente se decrete la separación de los cónyuges.

 

Cuando los cónyuges convengan un régimen económico distinto en la forma prevenida en este Código.

 

Artículo 1393.

 

También concluirá por decisión judicial la sociedad de gananciales, a petición de uno de los cónyuges, en alguno de los casos siguientes:

 

Haber sido el otro cónyuge judicialmente incapacitado, declarado pródigo, ausente o en quiebra o concurso de acreedores, o condenado por abandono de familia.

 

Para que el Juez acuerde la disolución bastará que el cónyuge que la pidiere presente la correspondiente resolución judicial.

 

Venir el otro cónyuge realizando por sí solo actos dispositivos o de gestión patrimonial que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la sociedad.

 

Llevar separado de hecho más de un año por acuerdo mutuo o por abandono del hogar.

 

Incumplir grave y reiteradamente el deber de informar sobre la marcha y rendimientos de sus actividades económicas.

 

En cuanto a la disolución de la sociedad por el embargo de la parte de uno de los cónyuges por deudas propias, se estará a lo especialmente dispuesto en este Código.

 

Por lo expuesto,

 

SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito con los documentos que se acompañan y copia de todo ello, se sirva admitirlo en nombre de quién comparece,  lo tenga por presentada y previos los trámites legales oportunos, dicte  resolución en la que se declare:

 

1.- La aceptación de designación de bienes proporcionados al amparo del artículo 589 de la L.E.C. consistente en la consignación del total importe determinado por principal e intereses y del máximo determinable para intereses y costas al amparo de los artículos 584, 585 y concordantes. 

 

2.- Subsidiariamente y para el caso de no admitirse el señalamiento de bienes y consignación y pago se acuerde la anulación del procedimiento de ejecución retrotrayéndose el procedimiento, a juicio del Juzgador, al momento anterior al  requerimiento de pago, al trámite de oposición a la ejecución o al embargo.

 

3.- Subsidiariamente, para el supuesto en que no se admita ninguna de las anteriores alternativas, se suspenda la adjudicación acordando la tercería de dominio invocada con todos los efectos que de la misma se derivan.

 

Por ser de justicia que pido en Madrid para Illescas (Toledo) a dieciocho de marzo de dos mil once

 

OTROSÍ DIGO: Que a efectos de cumplir con la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio, y sin perjuicio de la designación de la postulación a través de Procurador, se designa como domicilio a efectos de comunicaciones el profesional del letrado firmante…………………

 

SUPLICO AL JUZGADO: Se tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos legales oportunos.

 

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que esta parte manifiesta su voluntad expresa de cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos para la validez de los actos procesales y si por cualquier circunstancia esta representación hubiera incurrido en algún defecto, ofrece desde este momento su subsanación de forma inmediata y a requerimiento del mismo, todo ello a los efectos prevenidos en el artículo 231 Ley de Enjuiciamiento Civil

 

SUPLICO AL  JUZGADO: Que tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos legalmente oportunos.

 

Por ser de Justicia que reitero en el lugar y fecha “ut supra” indicado.

 

 

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