Solicitud de ejecución de sentencia firme
Marginal : 69345882

AL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO …… DE LOS DE CADIZ

…………………..,   Letrado en ejercicio del   Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Cádiz, número de colegiado …… y  despacho en Cádiz, calle …………………………………., actuando en nombre y representación  de  Dª  ………………………………  Y  Dª  …………………………., cuyas demás circunstancias personales constan debidamente acreditadas en los autos ………………. seguidos a instancias de las que suscriben contra la Empresa ……………….,  representación que será conferida apud acta cuando seamos requerido  para  ello  ante  el  actuario  de  ese  Juzgado  de  lo  Social  ante  el  mismo comparezco y como mejor proceda en Derecho, respetuosamente DIGO: 

Que por medio del presente escrito vengo en instar en tiempo y forma EJECUCION DE SENTENCIA FIRME contra la Entidad Mercantil …………….. con domicilio en Cádiz,         Calle …………………….,  basando la presente ejecución en los siguientes hechos y Fundamentos de Derecho. 

HECHOS 

PRIMERO.- Que, con fecha 29 de Enero del 2010 se nos notifico sentencia de fecha 23 de diciembre del 2009 por la que estimaba íntegramente la demanda formulada por  esta  parte  contra  la  ……………  en  el  procedimiento   ordinario ……………, condenando a la Empresa a la obligación de hacer de reintegrar a las trabajadoras a las funciones propias de Operarias de Control de Calidad encuadrada  en el Nivel VII del citado departamento, debiendo de recordarse en este punto que como se manifiesta en la sentencia que se ejecuta con fecha 2 de mayo del 2006 se modifico las condiciones sustanciales de trabajo de mis mandantes trasladándolas como operarias de control de calidad Nivel VII al puesto de trabajo de Especialista  en Planta de Tabaco Expandido

(Nivel VI) presentándose la demanda de que dimana la presente ejecución con fecha 24 de marzo del 2006. 

Que como consta en el auto declarando firme dicha sentencia de fecha 15 de octubre del 2010, el procedimiento ha tenido diversas vicisitudes a las que son ajenas mis representadas  como la necesidad de que la sentencia que se ejecuta se haya dictado en prorroga  de  jurisdicción  por  anulación  de  la  sentencia  primigenia  por  el  Tribunal Superior  de  Justicia  de  Andalucía  con  sede  en  Sevilla,  como  consta  en  los  autos principales  cuyos  archivos  dejamos  designados  desde  este  momento  a  los  efectos procesales y probatorios oportunos.

SEGUNDO.- Que como resulta de los diversos expedientes de regulación de empleo y de la modificación de las circunstancias  personales de mis mandantes, tenemos que Dª ………………………, fue declarada de Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual  por  Resolución  del  INSS  de  fecha  3  de  diciembre  de  2007  con  una  base reguladora  de  2395,74  €  y  una  pensión  de  1317,66  €,  debiendo  reseñarse  que  la Incapacidad provenía de trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo como consecuencia del traslado al puesto de trabajo cuya revocación se ha producido por la sentencia que se ejecuta.

Igualmente Dª …………………………… ha permanecido en activo en la factoría continuando desempeñando el trabajo de especialista en planta de tabaco que no le correspondía  hasta  el  día  en  que  se  extinguió  su  contrato  como  consecuencia  del Expediente de Regulación de Empleo llevado a cabo por la demandada el día 31 de Diciembre del 2009.

TERCERO.-   Que ante estos hechos, nos encontramos con que la sentencia cuyo cumplimiento se pretende resulta de ejecución imposible, entendiendo por tanto que procedería  invocando  el  art.  24  de  la  Constitución  Española  y  18.2  de  la  LOPJ  la fijación de un Quantum indemnizatorio  de sustitución y todo ello para no perjudicar la tutela judicial efectiva  de mis mandantes  que se han visto removidas  de su puesto de trabajo de forma ilegitima tal y como ha reconocido la sentencia que se ejecuta. De esta manera ha permaneciendo Dª …………………… hasta la declaración de incapacidad 1  año  y  7  meses  en  un  puesto  de  trabajo  que  no  le  correspondía  y  que  termino produciéndole las lesiones invalidantes que a la postre han determinado  su salida de la

Empresa y por otro lado Dª …………………………,  sufriendo  en la planta de ligas de tabaco un trabajo de inferior categoría impuesto de forma ilegitima desde Mayo del 2006 a Diciembre del 2009 es decir 3 años y 7 meses.

 CUARTO.-     Que  para  el  cálculo  de  la  indemnización   que  correspondería   a  mis mandantes y que se reclama por medio de la presente ejecución,    debemos de partir de los parámetros que establecen sus nominas para con la Empresa así como, y de esta se fijan prudencialmente las indemnizaciones de la siguiente forma: 

  • Dª …………………………… la cual percibía una nomina mensual de 2395,74 lo que multiplicado por 19 meses hace un total de 45.519, 06 €  cantidad a la que se debe de sumar la cuantía de 41.342,11 € por la Invalidez permanente para sus ocupaciones habituales que se le ha diagnosticado y ello conforme el Baremo de accidentes  de circulación  publicado  en el BOE para el año 2007 debiendo  por tanto  ser  indemnizada  Dª  ………………..  con  la  cuantía  de  86.861,  17  € (dejando  designados  los archivos  de la  empresa  ejecutada  y  de la Seguridad Social a los efectos probatorios oportunos.) 
  • Dª ………………………….., percibió una nomina promediada de las 12 mensualidades del año 2009 ultimo año en el que trabajo para la Empresa ejecutada de 2479,74 € mensuales (dejando designados los archivos de la empresa ejecutada y de la Seguridad Social a los efectos probatorios oportunos.) lo que multiplicado x 43 mensualidades que ha estado desempeñando un puesto de trabajo que no le correspondía suponen 106.628,82 €.

 QUINTO.-   Ante la imposibilidad de la ejecución de la Sentencia, por circunstancias sobrevenidas a la firmeza de la misma, resulta de aplicación el artículo 18.2 de la LOPJ dado  que  para  estos  casos  de  imposibilidad  de  ejecución  este  precepto  ordena,  en términos  imperativos,  tanto  al  Juzgado  como  al  Tribunal  a  «adoptar  las  medidas necesarias que aseguren la mejor efectividad de la ejecutoria» y a fijar «en todo caso la indemnización  que sea procedente en la parte que aquélla no puede ser objeto de cumplimiento pleno”». De tal forma que, constatada la imposibilidad de ejecución de la sentencia,  que declaró  injustificado  el traslado  del actor, por su imposición  unilateral por la empresa, sin previo consenso, tal como se había pactado por las partes, es a partir de dicha constatación cuando surge el concepto sustitutorio de resarcimiento del daño, y es  que  de  no  ser  así,  la  decisión  ilegal  de  la  empresa,  provocando   un  traslado injustificado,   quedaría   sin  efectividad   alguna,   cuando  realmente,   esa  decisión  ha ocasionado al trabajador una grave repercusión  tanto en la esfera personal y familiar, como en el ámbito laboral de la prestación de servicios.

Por  otro  lado,  la  doctrina  Constitucional  avala  claramente  esta  tesis.  En  efecto,  el Tribunal Constitucional  en sentencia de 27 de septiembre de 1999, núm. 170/1999 , ha señalado  que  es  doctrina   consolidada   de  “este  Tribunal   desde  su  STC  32/1982 (fundamento   jurídico  2º  ),  conforme  a  la  cual  el  derecho  a  la  ejecución   de  las resoluciones  judiciales  firmes,  en cuanto  parte  del  contenido  del  derecho  a la tutela judicial efectiva, constituye la garantía de que el fallo se cumpla, impidiendo que las Sentencias y los derechos en ellas reconocidos se conviertan en meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. De ella deriva la exigencia constitucional de que el órgano judicial adopte las medidas que sean precisas para reaccionar frente a comportamientos  impeditivos,  dilatorios o fraudulentos en orden al cumplimiento de lo judicialmente decidido (por todas, SSTC 125/1987 , 167/1987 )”. 

De  otra  parte,  estas  exigencias  derivadas  del  art.  24.1  C.E  .  resultan  plenamente compatibles  con las atribuciones,  también  conferidas  constitucionalmente  a los Tribunales ordinarios, en orden a velar por aquel cumplimiento, de forma que, como igualmente ha recordado la jurisprudencia constitucional, a ellos corresponde la interpretación  de los términos  del fallo y la del alcance  que quepa atribuir a la cosa juzgada, así como la decisión de si aquél ha sido ejecutado o no correctamente y la de las  medidas  oportunas   para  asegurarlo,  apreciaciones   todas  ellas  que  únicamente resultan revisables en sede constitucional cuando han incurrido en incongruencia, arbitrariedad,  carecen de razonabilidad  o evidencian  la dejación  por parte del órgano judicial de su obligación de hacer ejecutar lo juzgado (así, SSTC 167/1987, 79/1993 ,87/1996 , 18/1997 ) y el Tribunal Supremo en sentencia de 27 de septiembre de 2001, rec.  807/2000  , ha  señalado  que “... Efectivamente,  el derecho  a la  ejecución  de  la sentencia en sus propios términos se integra en el derecho a la tutela efectiva judicial tutelado  en  el artículo  24.1  de la Constitución  Española  , pero  en  que la ejecución deviene imposible , física y jurídicamente,  el mecanismo de ejecución se sustituye por el   resarcitorio   o   indemnizatorio,   sin   que   ello   implique   violación   del   precepto constitucional, sino su acomodación a esta situación real de imposibilidad : La sentencia se ejercita pero no ya, con sus propios términos, que han devenido imposibles , sino en el sustitutivo, de carácter resarcitorio...”.

Igualmente,  el Tribunal  Constitucional  (SS. 125 , 167/1987  , 215/1988  , 148/1989  y 110/1999  ) tras afirmar  que el derecho  a la ejecución  de  sentencias  forma  parte  del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, añade que “... aunque no es el  trámite  adecuado  para  resolver  cuestiones  no  abordadas,  no  decididas  o  que  no guardan  relación  directa  e  inmediata  de  causalidad  con  la  parte  dispositiva  de  la sentencia  a  ejecutar  , sin  embargo  los principios  de  tutela  judicial,  «pro  actione»  y economía procesal facilitan la realización completa del fallo, deduciendo de los hechos debatidos y de los argumentos sus consecuencias naturales en relación con la «causa petendi», de ahí que su interpretación y aplicación no ha de ser estrictamente literal sino finalista y en armonía con el todo que constituye la sentencia” 

En resumen, de la citada doctrina constitucional y jurisprudencial se desprende que ante una imposibilidad  sobrevenida  para dar cumplimiento  a una sentencia  judicial  en sus propios términos, cabe la posibilidad de arbitrar la sustitución por una indemnización, de no ser así, el trabajador que fue trasladado, injustificadamente, a otro destino, no obtendría la tutela judicial efectiva de los Tribunales, deviniendo inútil y sin efectividad alguna la Sentencia que declaró injustificado el traslado.

En virtud de todo lo expuesto, 

AL JUZGADO SUPLICA: que teniendo por presentado este escrito con sus copias se digne admitirlo y conforme a su contenido acceda a la ejecución de la sentencia  que se solicita y ante la imposibilidad real de ejecución de la misma por las razones expuestas proceda a la sustitución de la misma acordándose una indemnización para mis mandantes ascendentes a  la cuantía de 86.861, y para Dª ……………………..de 106.628 €. 

Es justicia que se pide en Cádiz a 25 de Enero del 2011.-

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