Contestación de la Comisión de asistencia jurídica gratuita
Marginal : 69344948

 

 

 

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de……., ha examinado los antecedentes referidos a la pretensión de D…………………….., sobre la interposición de un Recurso Contencioso-administrativo ante la Sala competente de la Audiencia Nacional, emitiendo el dictamen solicitado conforme a los siguientes:

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES  DE HECHO

 

 

 

 

 

PRIMERO.- D………………., con DNI……….y domicilio en……. (….), e/………….. número…., sufrió un atropello en la salida de la Autopista….en el peaje de…… el día  23 de junio de 2.005 que atribuye a la desatención de que fue objeto por los agentes de la Guardia Civil que, poco antes, le habían detenido e inmovilizado su vehículo por conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

 

Según el relato de hechos realizado por el propio Sr………, los antecedentes facticos sustanciales que determinaron  la lesión padecida son los siguientes : En la fecha indicada , 23 de junio  de 2.005, a las 17,10 horas, el reclamante fue parado a la Salida de la Autopista AP…. en el peaje de…… por una pareja de motoristas de la Guardia Civil (agentes no ………… y…….) porque habían sido informados por un agente de la Guardia Civil, perteneciente al Equipo de Atestados e Informes del Destacamento de……. del ……, no ….., de que el interesado venía conduciendo por la Autopista …… dando bandazos y de un lado al otro de la carretera.

 

 

 

A las 17,20 horas se personó el Equipo de Atestados compuesto por los Guardias Civiles n° TIP.: ………..quienes procedieron a levantar el atestado no OD- 261/05 por un supuesto delito contra la seguridad del tráfico.

 

Del citado atestado se desprende que a las 17,20 horas se le hizo el control de alcoholemia, con resultado negativo. Sin embargo, sí se hicieron constar graves signos externos que llevaron a los agentes a instruir el atestado por conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. El propio reclamante les comunicó en repetidas ocasiones que era consumidor habitual de drogas y les manifestó que había consumido una papelina de cocaína, otra papelina fumada de heroína y un tranquimazín.

 

La realidad tal y como se desprende del propio atestado es que el reclamante estaba totalmente afectado por el consumo de drogas. Era incapaz no sólo de conducir su vehículo, sino también de gobernarse por sí mismo, en todos los sentidos, tanto físicos como psíquicos.

 

Pues bien, constatada dicha realidad, tras la instrucción del atestado, los agentes procedieron a inmovilizar el vehículo, y a poner allí mismo en libertad al reclamante (18,00 horas, según el atestado), dejándolo, en el patético estado en el que se encontraba (rostro pálido, ojos velados muy humedecidos , habla titubeante y con incoherencias , movimiento oscilante de la verticalidad del cuerpo, etc.), a la salida de una autopista, en una carretera sin acera y sin posibilidad de paso de peatones, con dirección a la circunvalación de Logroño y en claro peligro para su vida y su integridad corporal por el paso continuo de vehículos de gran velocidad .  Los agentes no adoptaron ninguna medida de seguridad para con el reclamante. Y a las 18:50 horas se produjo una llamada comunicando el atropello.

 

Como consecuencia del atropello, el reclamante sufrió lesiones consistentes en traumatismo cráneo encefálico grave, hematoma subdural en el hemisferio cerebral izquierdo, neumotórax pleural, fracturas costales y heridas inciso contusas (vid. al respecto la documentación que se adjuntaba con la petición de resarcimiento patrimonial, documentos números 3 a 9).

 

 

 

SEGUNDO.- En fecha 19 de junio de 2.009, el peticionario de justicia gratuita presentó un escrito ante el Registro General de la Delegación del Gobierno en La Rioja en la que reclamaba del Ministerio del Interior responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento de los servicios públicos responsables de la seguridad ciudadana en las vías públicas al tiempo en que sucedieron los hechos que mencionaba, en la cantidad de 422.219,70.

 

Recibida la reclamación de responsabilidad patrimonial, el Negociado de Expedientes de la Comandancia de Álava de la Guardia Civil, procede a incoar el correspondiente expediente administrativo de responsabilidad patrimonial número 63/RP/09, conforme al R.D. 429/93, de 26 de marzo, designando Instructor y Secretario para el mismo (en fecha 31 de julio de 2.009. La tramitación del referido expediente se dilata, no obstante, en el tiempo. Así consta en el "Índice Cronológico  de actuaciones

 

 

 

correspondiente al expediente de responsabilidad patrimonial No 63,RP/09" que tras notificarse  al interesado  la presentación  de documentación médica,  se reanudan  los plazos , y se procede a dar trámite de audiencia. Existe una comparecencia del reclamante , en fecha 12/02/2010, en la que se le hace entrega de  las copias certificadas solicitadas ; y posteriormente otra, en fecha 20/02/201 O, en la que se le hace entrega de copia certificada del Expediente completo.

 

Transcurrido el plazo legalmente establecido de seis meses para resolver la reclamación de resarcimiento patrimonial  instada (artículo  13.3 del Real Decreto 429/1.993 de 26 de marzo, B.O.E. número 106 de 4 de mayo de 1.993), el interesado entiende desestimada la misma por silencio administrativo (conforme al mismo precepto y al artículo

24 de la Ley 39/ 2015 de 1 de octubre.

 

 

 

TERCERO.- Dado el estado de las actuaciones y a la vista de la documentación administrativa recabada, el interesado solicitó el otorgamiento del beneficio de justicia gratuita, siéndole nombrado Abogado de Turno de Oficio que asumiera su defensa en juicio mediante comunicación de fecha 28 de mayo de 2.010.

 

El Letrado encargado de la defensa del justiciable, tras el examen de la pretensión de su defendido, presentó informe de insostenibilidad ante la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita en fecha de 21 de junio de 2 010.

 

 

 

CUARTO.- La Comisión Central  de Asistencia  Jurídica  Gratuita  solicita  del  Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que se emita dictamen, de acuerdo con los Arts. 33.2 de la Ley 1/96 de Asistencia Jurídica Gratuita sobre la sostenibilidad o no de la pretensión del interesado, y éste se emite de conformidad con los siguientes:

 

 

 

 

FUNDAMENTOS  DE DERECHO

 

 

 

 

1.- El presente informe debe ceñirse, por su propia naturaleza, a la sostenibilidad o no de la pretensión del justiciable, sin perjudicar por ello la prosperabilidad o no de la misma, pues corresponde al órgano jurisdiccional  competente pronunciarse sobre este extremo.

 

 

 

11.- La pretensión del peticionario de justicia gratuita se dirige a solicitar la desestimación, por silencio administrativo,  de la petición  de reclamación  de responsabilidad  patrimonial por él instada el 19 de junio de 2.009 ante el Ministerio del Interior respecto de los daños sufridos como consecuencia del atropello sufrido el 23 de junio de 2.005 en las cercanías de la salida de la Autopista AP-68 en el peaje de…….. al ser dejado sin asistencia en ese

 

 

 

lugar por los Agentes de la Guardia Civil de Tráfico que previamente habían procedido a la detención e inmovilización  de su vehículo.

 

La acción proyectada ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa por el justiciable, sin embargo, puede prosperar por cuanto  la desestimación por el citado Departamento ministerial de la petición de reparación instada por la vía del silencio administrativo no resulta ajustada a Derecho. En efecto, la Ley del Procedimiento Administrativo Común 39/2015 de 1 de octubre, en su artículo  67.1 establece que:

 

"1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas".

 

 

 

La petición de reclamación de indemnización de daños y perjuicios ha de formularse, por lo tanto, en el supuesto de daños de carácter físico, dentro del plazo del año siguiente a la curación o determinación de las secuelas producidas por los mismos. En el presente caso, la información aportada al Letrado de Turno de Oficio pone de manifiesto que, como consecuencia del atropello, el reclamante sufrió lesiones consistentes en <<un traumatismo cráneo encefálico grave, hematoma subdural en el hemisferio cerebral izquierdo, neumotórax con derramen pleural, fracturas costales y heridas inciso contusas>>; debiendo ser objeto de un tratamiento hospitalario que se prolongó un total de 308 días, hasta el 27 de abril de 2.006, en que fue finalmente dado de alta en el Hospital de…., del Servicio Vasco de Salud, (vid. folio número 9 de la instancia del interesado). En el presente caso, no obstante, ha de tenerse en cuenta además que existe  un  Informe posterior en relación con el Sr…………., emitido por Doctor D………………, especialista en psiquiatría y neurología, Catedrático de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad  del País Vasco y Jefe del  Servicio de Psiquiatría del Hospital de Cruces,….. (………), en el que se concluye que el reclamante: presenta síntomas compatibles con un Trastorno Orgánico de la Personalidad (F 07.0- CIE-1O) y que existe un importante deterioro orgánico para la edad del paciente, con un coeficiente de inteligencia muy bajo y que este deterioro es consecuencia directa de las lesiones sufridas el 24/06/2005.

 

Además el citado deterioro postraumátrico afecta gravemente a la autonomía del paciente que ve limitada la posibilidad de desarrollar una vida en límites de normalidad . Presenta problemas  en la capacidad de comprender y transmitir información a través de comportamientos simbólicos o no simbólicos, problemas en autocuidado, problemas en habilidades sociales, utilización de la comunidad, resolver problemas, habilidades cognitivas y capacidad de aprendizaje, trabajo, etc.

 

 

 

La jurisprudencia aplicable al caso, por su parte, sigue el  principio general de la actio nata lo que significa que el cómputo del plazo para ejercer la acción de petición de indemnización  sólo puede comenzar cuando ello es posible (como sostienen, entre otras, las

 

 

 

Sentencias de la Sala 3a del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 1.985 y 13 de marzo de 1.987 (Ar. 1.959), 15 de octubre de 1.990 (Ar. 8.126), y 12 de mayo de 1.997 (Ar. 3.976). Y para la aplicación del citado principio en el caso de daños permanentes -aquellos en los que el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto aun cuando sea inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo- de carácter físico o psíquico , la doctrina jurisprudencial (ver., Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de enero de 2.003, Ar. 1.977; 11 de mayo de 2.004, Ar. 4.053; 19 de julio de 2.005, Ar. 5.125; 28 de febrero de 2.007, Ar. 3.678; y 19 de septiembre de 2.007, Ar. 7.005) ubica el día inicial o "dies a quo" en aquél en que se determinan definitivamente los efectos del quebranto o aquel en que se objetivan las lesiones con el alcance definitivo de las secuelas -lo que suele coincidir con el día del "alta médica oportuna"- pues es entonces cuando se puede conocer la trascendencia de la valoración del derecho subjetivo propio por la realización de la conducta de tercero , al ser factible en tal momento la apreciación de todas las circunstancias concurrentes , y poder proceder así a la determinación del importe indernnizatorio.

 

No obstante lo anterior, cuando se trata de <<daños de carácter permanente e irreversible>> de cierta entidad , no susceptibles de tratamiento médico ulterior, el carácter permanente de las secuelas padecidas por el interesado, en los términos que se han señalado, hace de acuerdo con reiterada jurisprudencia de la Sala 3a del Tribunal Supremo (vid. en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2.002, Ar. 662) que no pueda apreciarse el transcurso del citado plazo del artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

 

 

 

En consecuencia de todo lo argumentado se deduce, en relación con el supuesto examinado, que el derecho del justiciable  a reclamar la responsabilidad patrimonial del Ministerio del Interior no habría prescrito en la actualidad y que, en consecuencia , la desestimación de la petición instada por vía del silencio administrativo que pretende impugnarse resultaría  conforme  a Derecho. Abundando  en este punto,  cabe destacar  como el Informe del Dr………. (vid. Documento número 8 de los remitidos por el interesado, folio 66) afirma que: el citado deterioro postraumático afecta gravemente a la autonomía del paciente que ve limitada la posibilidad de desarrollar un vida en los límites de la normalidad. Para terminar añadiendo que: podemos afirmar que el paciente necesitará ayuda de terceras personas a lo largo de toda su vida>>.

 

 

 

111.- De otro lado, de la documentación remitida al Letrado de Oficio, cabe deducir que en nombre del reclamante se ejerció en los meses inmediatamente posteriores al atropello sufrido por el reclamante el 23 de junio de 2.005 una acción penal que dio lugar a un Juicio de Faltas, registrado con el número 613/05, ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Logroño , siendo así que es doctrina consolidada del Tribunal Supremo que el plazo de un año previsto legalmente para instar el resarcimiento patrimonial de los daños que se atribuyen a la Administración Estado es un plazo de prescripción, por lo que admite causas de interrupción , entre ellas, la existencia de unas diligencias penales dirigidas a la determinación de posibles responsabilidades de tal naturaleza por el mismo hecho. De manera  que iniciado  el proceso  penal  se interrumpe  el plazo  de prescripción,  que no

 

 

 

comienza a correr de nuevo sino cuando recae resolución firme en la causa criminal.  En este sentido se pronuncia, entre otras, las Sentencias de la Sección 6a, de la Sala 3a del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2.001 y 12 de junio de 2.008 (Ar. 6.375). La primera de las citadas declara [Ponente: P. A……….. F.J. 3°]:

 

 

 

 

"TERCERO En consecuencia con la conclusión obtenida en la motivación anterior , esto es con la procedencia de enjuiciar en primer lugar el segundo motivo casacional articulado, hemos de verificar, pues, el pronunciamiento de inadmisión contenido en la sentencia recurrida,  en razón de considerar prescrita la reclamación  entablada ante la Administración, y al respecto hemos de comenzar afirmando que esta Sala viene declarando reiteradamente,  constituyendo verdadera doctrina legal, «que la caducidad a que alude el artículo 40.3 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado es un plazo de prescripción , por lo que admite causas de interrupción , entre ellas la existencia de unas diligencias penales dirigidas a la determinación de posibles responsabilidades de tal naturaleza por el mismo hecho, de manera que iniciado el proceso penal se interrumpe el plazo de prescripción, que no comienza a correr de nuevo sino cuando recae resolución firme en la causa criminal» (sentencias de este Tribunal Supremo de, 31 de julio de 1986 (Ar.7059), 27 de mayo de 1988 (Ar. 4208), 25 de octubre de 1989 (Ar. 7243) y 10 de mayo de 1993 (Ar. 6375), y como en el supuesto ahora enjuiciado se siguieron diligencias penales , mediante Juicio de Faltas sustanciado en el Juzgado de Instrucción número tres de Ceuta, por muerte en accidente de tráfico de la propia hija de los hoy recurrentes , los cuales además concurrieron en tal procedimiento como denunciantes y perjudicados, resulta de todo punto evidente que el plazo de prescripción quedó interrumpido, con arreglo a la doctrina jurisprudencial que transcribíamos, y consecuentemente ha de  entenderse aquél iniciado de nuevo con fecha 12 de abril de 1994, esto es cuando la Audiencia Provincial de Cádiz confirma la dictada el 4 de octubre anterior por el Juzgado de Instrucción, y al propio tiempo considerar temporánea y presentada dentro del plazo del año legalmente establecido la reclamación indemnizatoria formulada a la Administración sanitaria en 28 de abril de 1994."

 

 

 

Por   consiguiente,   el   plazo   para   reclamar   la   responsabilidad   patrimonial    de   las Administraciones  Públicas de conformidad con lo dispuesto en los artículos  67.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre y 4.2 del Real Decreto 429/1.993 de 26 de marzo prescribe al año  de manifestarse  el  efecto  lesivo  del  daño  producido  siguiendo  la  regla  general  del Código  Civil prevista  en el artículo  1.968.2. Pero  estamos ante un plazo  de prescripción , cuyo cómputo queda interrumpido en el caso de que concurra una circunstancia impeditiva . Con la consecuencia  de que una vez que cese la interrupción , el plazo  del año volverá  a contarse desde cero, esto es, de nuevo y por entero. En el supuesto examinado , el ejercicio de la acción penal  se inició pocos  meses después de producirse  el atropello , el día 23 de junio  de 2.005, y existe constancia de que continuó al menos hasta la notificación del Auto de 27 de junio  de 2.008 dictado por  el Juzgado  de Instrucción número  1 de Logroño . De modo   que  cuando   se  produjo   la  presentación   de  la  reclamación   de  responsabilidad

 

 

 

patrimonial   el   19  de  junio   de  2.009,  aún  no  había  transcurrido   el  plazo  de  un  año legalmente  establecido.

 

 

 

En consecuencia en el supuesto examinado, dada la naturaleza de los daños recibidos que afectan a la misma capacidad cognoscitiva del interesado y a su autonomía funcional de manera permanente e irreversible; así como la existencia de previas actuaciones judiciales en el Orden penal, no parece que pueda estimarse cumplido el plazo de prescripción previsto en el mencionado artículo 67.1  Ley del PAC.

 

 

 

 

Y en virtud de lo expuesto,

 

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de….., acuerda calificar de SOSTENIBLE en juicio  la pretensión de D……………. , referida a la incoación de un Procedimiento Ordinario ante la Sala de lo Contencioso ­ administrativo de la Audiencia Nacional,

 

 

 

…., …de…… de 2010

                                    DIPUTADO 1o  DE LA JUNTA DE GOBIERNO

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.:……………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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