Reclamación de cantidad a compañía telefónica
Marginal : 69338274

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE XXX

 

XXXXX, Procurador de los Tribunales de Madrid, en nombre y representación de D. xxxxxx, con DNI xxxxxxxxx, y con  domicilio en la Calle xxxxxxxxxxx de San Lorenzo del Escorial, de Madrid y cuya representación se acredita con la escritura de poder suficiente y bastante que acompaño como documento nº1, y con la Dirección Letrada de D. xxxxxxxxx, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

Que por medio del presente escrito y en la representación que tengo conferida,  vengo  a presentar DEMANDA DE JUICIO VERBAL contra la entidad mercantil xxxxxxxxxx S.A., con domicilio en xxxxxxxxxxx, de Madrid, en ejercicio de reclamación de la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (586,70 Euros), más intereses legales y costas.

Todo ello de acuerdo con los siguientes

 

HECHOS:

PRIMERO.- Con fecha xx de xxx de xxxx mi representado xxxxxxxx contrató con xxxxxxxxx S.A., a través de su marca comercial xxxxxx, una línea de datos con Módem USB asociada al número xxxxxxxx de mi cliente. 

Una vez comprobada la imposibilidad de obtener cobertura desde su lugar de residencia, mi cliente devolvió a los 7 días el Módem a la tienda donde lo adquirió, encontrándose dentro del periodo de prueba que la propaganda de la Compañía ofertaba.

En virtud de ello y para comunicar lo ocurrido, el mismo día de la devolución se puso en contacto con el departamento de bajas de xxxx (nº de teléfono xxxx), donde le pidieron que enviase al Apartado de Correos xxx de Madrid xxxxxx, una fotocopia del DNI, el  nº de solicitud de baja proporcionado por ellos: x-xxxxxxxxxx, el número de móvil y la fotocopia del contrato firmado en la tienda con la devolución del módem firmado en la tienda. Hecho que efectuó.  

 

SEGUNDO.- Pasados varios meses desde que se llevó a cabo el trámite de baja, mi cliente descubrió con incredulidad que durante todo este tiempo xxxx le ha estado cargando en su cuenta bancaria una media de 50 euros mensuales por un servicio de Módem USB que no llegó a recibir.

Efectuada una primera reclamación telefónica, desde xxx le comunicaron que el problema era de la tienda donde se adquirió el Módem, ya que ésta no había tramitado la baja, por lo que debía regresar a la tienda a pedirla; además no les constaba haber recibido la documentación que mi cliente les envió y ni siquiera el número de baja que le proporcionaron.

Personado mi cliente en la tienda, le comunicaron que los distribuidores no llevan a cabo la tarea de tramitar las bajas. Con todo, la titular al público de la tienda, en presencia de mi cliente, envió una carta a xxxxxx el 10 de enero de 2010 refiriendo la incidencia por correo electrónico, a la que contestaron dándole la razón días después, tal y como ella informó por teléfono a mi cliente. 

 

TERCERO.- Ante tales circunstancias, el 14 de junio de 2010, esta defensa letrada en nombre y representación de esta parte actora remitió burofax con acuse de recibo y contenido a la hoy demandada, por la que se le explicaban los hechos anteriormente descritos, así como la relación detallada de los cargos debidos por cuotas injustamente cobradas, que ascienden a la cantidad total de 586,70 euros, requiriéndoles su debido reintegro a mi patrocinado. 

Dicho burofax fue recepcionado al día siguiente por la demandada.  

Se aporta original del burofax así como de su posterior recepción como documento nº2 

Como respuesta a esta reclamación, mi patrocinado recibió dos faxes de fecha 5 de junio y 10 de agosto de 2010, siendo el remitente una empresa cuyo servicio es la gestión de cobros de xxxxxxxx, llamada “xxxxxx xxxxxxxx S.L.”. En ellos se le exigía a mi cliente, sin posibilidad de apelación alguna, el pago de 133,33 euros en concepto de deuda con xxxxxxxxxx.

Una vez más, esta defensa letrada procedió a comunicarse con este nuevo intermediario/requirente para explicarle los hechos y negar la existencia de deuda alguna por parte de mi representado, mediante escrito enviado por fax con fecha 6 de septiembre de 2010. El cual se adjunta como Documento nº3.

 

CUARTO.- A pesar de todas las reclamaciones efectuadas por la parte actora, la demandada ha hecho caso omiso del requerimiento de devolución de las cantidades indebidamente cobradas a mi representado, por lo que se ha visto en la necesidad de interponer la presente demanda para ejercitar su derecho al reintegro de las cantidades que se la adeudan.  

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes 

  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

  1. Capacidad, Jurisdicción y Competencia

De acuerdo con los artículos 6.1. 1º y 10 de la LEC 1/2000 de 7 de enero tienen capacidad para ser parte las personas físicas. En el asunto que nos ocupa es claro que tienen capacidad para ser parte mi representado D xxxxxxxxx. 

Por otro lado, tienen capacidad para ser partes la demandada la Compañía xxxxxxxxxxx., de acuerdo con los arts. 6.1.3º y 10 de la LEC, por el cobro indebido de un servicio no prestado. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la extensión y límites de la jurisdicción de los Tribunales civiles españoles se determinará por lo dispuesto en la LOPJ y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte. 

De esta forma la LOPJ determina en su art. 21.1 que los Juzgados y Tribunales españoles conocerán de los juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la presente Ley y en los Tratados y Convenios Internacionales en los que España sea parte.

En cuanto a la Competencia territorial, debemos señalar el art. 51.1 de la LEC determina que “Salvo que la Ley disponga otra cosa, las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio. También podrán ser demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad”. 

Y respecto de la Competencia objetiva preceptúa el artículo 45 de la LEC que: “Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales. Conocerán, asimismo, dichos Juzgados de los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578 y 2635).”  

 

  1. Acción y Procedimiento

En cuanto a la acción en que sustentamos nuestra demanda, la fundamentamos con base a la existencia de una relación contractual, por la que reclamamos una cantidad de dinero, que fue indebidamente cobrada.

Igualmente invocamos el art.1902 del código civil en cuanto a la responsabilidad extracontractual por el perjuicio irrogado a mi patrocinada en cuanto a los daños y perjuicios patrimoniales sufridos como consecuencia de acción de la demandada.  

Conforme al art. 250.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero el Procedimiento que deberá seguirse en el asunto que nos ocupa es el juicio verbal por no exceder la cuantía de la demanda de 6.000 euros.

 

  • FONDO DEL ASUNTO

En el presente caso no se cuestiona que entre el demandante y el demandado naciera una relación contractual tal y como establece el art. 1254  del Código Civil, pues efectivamente el 10 de abril de 2009 entre ambas partes se firmó un contrato de línea de datos con Modem USB.

El motivo de la presente demanda es precisamente lo contrario, no el nacimiento de un contrato si no su extinción y por tanto la cesación de cualquier tipo de obligación nacida como consecuencia del contrato.

Con referencia al Contrato, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre que aprueba el Texto Refundido de Ley de Consumidores y Usuarios de 2007 (en lo sucesivo TRLCU/07), en su artículo 62.1 establece que: En la contratación con consumidores debe constar de forma inequívoca su voluntad de contratar o, en su caso, de poner fin al contrato; precisando en 62.3 que: El consumidor y usuario podrá ejercer su derecho a poner fin al contrato en la misma forma en que lo celebró, sin ningún tipo de sanción o de cargas onerosas o desproporcionadas […] 

En su artículo 61 establece la integración de la oferta, promoción y publicidad en el contrato:  

  1. La oferta, promoción y publicidad de los bienes o servicios se ajustarán a su naturaleza, características, utilidad o finalidad y a las condiciones jurídicas o económicas de la contratación.
  2. El contenido de la oferta, promoción o publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones jurídicas o económicas y garantías ofrecidas serán exigibles por los consumidores y usuarios, aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido y deberán tenerse en cuenta en la determinación del principio de conformidad con el contrato.

Así mismo, en el artículo 68 del mismo texto, establece el contenido y régimen del desistimiento, estableciendo al respecto que:  

  1. El derecho de desistimiento de un contrato es la facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase.

Serán nulas de pleno de derecho las cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento.

  1. (…) El consumidor tendrá derecho a desistir del contrato en los supuestos previstos legal o reglamentariamente y cuando así se le reconozca en la oferta, promoción, publicidad o en el propio contrato.

Artículo 70. Formalidades para el ejercicio del desistimiento 

El ejercicio del derecho de desistimiento no estará sujeto a formalidad alguna, bastando que se acredite en cualquier forma admitida en derecho. En todo caso se considerará válidamente ejercitado mediante el envío del documento de desistimiento o mediante la devolución de los productos recibidos.

Artículo 71. Plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento 

  1. El consumidor y usuario dispondrá de un plazo mínimo de siete días hábiles para ejercer el derecho de desistimiento. Será la ley del lugar donde se ha entregado el bien objeto del contrato o donde hubiera de prestarse el servicio, la que determine los días que han de considerarse hábiles.

Por tanto, en el presente caso el demandante o consumidor puede darse de baja voluntaria tras la cual cesará la prestación del servicio, y no solo en aplicación del artículo 62.1 de la Ley que venimos citando, sino en virtud del derecho de desistimiento, reconocido en la oferta, promoción y publicidad que xxxxx venía estableciendo (art. 68.2). 

Ello nos lleva a considerar que el contrato suscrito sí tiene reconocido el derecho de desistimiento pero por disposición contractual, esto es por voluntad del empresario y no por una expresa previsión legal que así lo acuerde. Es un acto del empresario unilateral, que se establece en contratos en los que inicialmente no se reconoce este derecho al consumidor por disposición legal o reglamentaria alguna. Las actividades de promoción, oferta y publicidad son específicas del empresario, precontractuales y sin intervención alguna del consumidor en su formación y contenido, dado que es precisamente al consumidor a quien va dirigida dicha actividad promocional. A los efectos de hacer más atractivo su producto, el empresario ofrece un derecho de desistimiento que no necesariamente tiene que estar definido como tal, sino que se debe de deducir del contenido de la oferta, publicidad o promoción. (AP Murcia (Sección 5ª) Sentencia de 15 septiembre 2009)

Según la citada promoción, xxxxx reconocía a sus abonados un derecho de desistimiento que podía ser ejercitado en el plazo de siete días, de tal manera que transcurrido dicho plazo, el consumidor no tendría derecho a desistir del contrato con los efectos legalmente previstos, sin perjuicio de que pudiera resolver unilateralmente el contrato con las sanciones que se establecen en el propio convenio. 

Así pues, mi representado actuó en todo momento en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, pues haciendo uso de su derecho de desistimiento, en el plazo de 7 días estipulado devolvió el Modem que adquirió, cumpliendo con la formalidad de comunicar al departamento de bajas dicha devolución y enviando diligentemente cuanta documentación se le pidió por parte de Orange.

Por otra parte, y en cuanto a la presentación de prueba por parte del demandante de la promoción de xxxxxx de la que venimos hablando, la teoría general de la carga de la prueba que supone que cada parte ha de probar el supuesto de hecho de la norma que invoca en su favor, debe matizarse con el criterio de la facilidad en aplicación del principio de buena fe en su vertiente procesal, como han declarado entre otras las sentencias del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 19 y 29 de mayo de 1987; existen datos cuya prueba resulta fácil para una parte y difícil para otra. En este concreto caso, las características exactas de la promoción a la que se acogió mi cliente, puede probarlas más fácilmente una entidad como xxxxxxxxx S.A. que el consumidor y usuario

 

De cualquier modo, y en caso de que la parte contraria niegue la promoción a la que mi cliente se acogió de un periodo de prueba gratuito y sin compromiso alguno de 7 días para probar el producto, no debemos olvidar que de hecho mi cliente dio de baja el servicio que contrato de internet móvil, (art. 62.1 y 62.3) siguiendo para ello cuantas instrucciones recibió por parte del departamento de bajas de xxxxxxx, e incluso le proporcionaron un número de solicitud de baja. A mayor abundamiento podrá comprobarse fácilmente que por parte de mi cliente no hubo consumo alguno asociado al número dado de baja.

Por tanto y confiando en todo momento de buena fe que la baja se había hecho efectiva, D. xxxxxx dio por finalizada la relación contractual que siete días antes se firmó. 

A pesar de todo lo anterior, xxxxxx ignoró la baja por parte del demandante y consiguiente extinción de la relación contractual y siguió cobrando indebidamente las sucesivas cuotas por un servicio que nunca se llegó a prestar, asciendo a la cantidad de 586,70 €.

 Igualmente, es de aplicación la acción aquiliana prevista en el art. 1902 del Código Civil en cuanto a la responsabilidad extracontractual por los daños y perjuicios irrogados a mi patrocinado en cuanto al quebranto patrimonial sufrido como consecuencia de cobro indebido por servicios no prestados atendiendo a la inexistencia de contrato alguno. 

Lógicamente, el incumplimiento por parte de la ahora demandada de tramitar la baja del servicio ha supuesto una serie de perjuicios para nuestro patrocinado y por mor de una obligación para la incumplidora de resarcir a ésta por los daños sufridos como consecuencia de ellos manifestando que entre otros derechos cabría la devolución de las cuotas indebidamente cobradas por un servicio nunca prestado, ya que la extinción del contrato se había producido desde el momento en que mi cliente procedió a comunicar a la demandada la baja en el servicio. 

En conclusión, mi cliente no tiene porqué sufrir el desacertado actuar de xxxxxxx. Él actuó en todo con buena fe, acogiéndose a la promoción ofrecida en su momento por la demandada, siguiendo escrupulosamente los plazos estipulados para el desistimiento del contrato, entregando el módem en perfecto estado, comunicando al departamento de bajas su solicitud así como entregando celosamente cuanta documentación se le solicitaba. Por tanto su actuar ha sido impecable, y no debe recaer sobre él, la incompetencia de Orange en la realización de su trabajo.

Se dan por tanto los requisitos del art. 1902 del Código Civil, por lo que la acción que se ejercita es doble: contractual y extracontractual ya que en este último supuesto se dan igualmente los elementos de acción u omisión culposa o dolosa que causa un perjuicio y quebranto económico a mi patrocinada, existiendo a la vez un claro nexo causal entre la acción y el resultado. 

  1. INTERESES

El artículo 1.100 del CC determina que incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación.

A ello debemos añadir que el art. 1.108 del CC señala que “si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiéndose pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y  a falta de convenio, en el interés legal”.

  1. COSTAS

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 394 de la LEC, y por el principio objetivo de imposición de costas a la parte vencida en juicio, procede imponer las costas judiciales generadas por este proceso a la parte demandante por su erróneo actuar y mala fe.

Por todo lo expuesto

SUPLICO AL JUZGADO,  que teniendo por presentado este escrito con sus copias y los documentos le que acompañan, se sirva admitirlo y en mérito a las manifestaciones en él inclusas, tenga por interpuesta DEMANDA DE JUICIO VERBAL contra la entidad mercantil xxxxxxxx, S.A., con domicilio en xxxxxxxxxxxx, de Madrid y previos los demás trámites dicte Sentencia en su día en la que  se las condene al pago de la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (586,70 Euros), más los intereses que se generen y las costas del presente proceso.

 

Es Justicia que pido en Madrid a XXXX de xxxxxx de xxx

OTROSI DIGO: Que siendo general el poder para pleitos que se acompaña y necesitándolo para otros usos. Por lo que, 

SUPLICO AL JUZGADO, que previo desglose y testimonio del mismo en autos, proceda a su devolución a esta parte.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que se designan todos los archivos privados o públicos de los organismos o entidades que tengan relación con los hechos expuestos así como con los documentos por esta parte aportados. Por lo que,

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos procesales oportuno.   

TERCERO OTROSÍ DIGO, que interesa al derecho de esta parte el recibimiento del pleito a prueba. Por lo que, 

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos procesales oportuno

CUARTO OTROSÍ DIGO, Que de conformidad con lo establecido en el artículo 231 LEC esta parte manifiesta su voluntad de cumplir los requisitos por la Ley y está dispuesta a subsanar los defectos en que pueda incurrir en la tramitación del presente procedimiento.

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos oportunos. 

Es Justicia que reitero en lugar y fecha “ut supra”.

 

Abogado Col. Nº xxxxxx                    Procurador de los Tribunales de Madrid 

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