Recurso de apelación contra sentencias dictadas en juicio rápido
Marginal : 908238

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIO RÁPIDO

 

(A modo de ejemplo utilizamos un supuesto de lesiones)

 

AL JUZGADO PARA LA SALA

 

 

D.................................., cuyas demás circunstancias personales obran en la causa en los márgenes consignada, ante el Juzgado comparezco y como mejor en derecho proceda, DIGO:

 

Que mediante el presente escrito, al amparo de lo dispuesto en el Art. 803 de la L.E.Cr. paso a interponer RECURSO DE APELACIÓN contra la sentencia dictada en fecha ….. de ….

 

Estimando dicha resolución no ajustada a Derecho, formulamos la impugnación en base a las siguientes

 

 

A L E G A C I O N E S

 

 

PRIMERA.- Por aplicación indebida de los Arts. 147, 148, 149 y 550 del CP, dada la imposible aplicación de este precepto, pues de estimarse como dolosas las lesiones sufridas por el Agente de la Guardia Urbana y visto el desarrollo de los hechos, los mismos ineludiblemente configurarían un delito de atentado o en todo caso resistencia grave a agentes de la Autoridad.

 

El recurrente ha venido afirmando desde su declaración inicial en Comisaría tras su detención, acusado de un delito de atentado, que la lesión sufrida por el agente de la Guardia Urbana tuvo su origen en una causa fortuita, como fue la de dejar de presionar el pedal de freno al asomar la cabeza por la ventanilla, sin la menor intencionalidad por su parte de menoscabar la integridad física del agente de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones.

 

Este testimonio fue ratificado a presencia judicial, precisamente ante el Ilmo. Sr. Magistrado Juez titular del Juzgado de Instrucción nº .... que a la sazón se encontraba de guardia, quien ha enjuiciado en instancia las presentes diligencias.

 

En esa fecha, visto el conjunto de declaraciones obrantes en el atestado policial, S.Sª decide estimar los hechos como constitutivos de un delito de lesiones, señalándose día para la Vista, sin que se formulase oposición por ninguna de las partes del proceso.

 

A partir de esta resolución, resultaba lógico entender que, a lo sumo, estos hechos podían ser susceptibles de calificarse como imprudentes, dado que, por la condición de Agente de la Autoridad, unido a las circunstancias en que se produjeron, de estimarse siquiera indiciariamente como dolosas, deberían haberse seguido por los trámites de diligencias previas por supuesto delito de atentado en concurso con unas lesiones.

 

La resolución impugnada, sin embargo, entiende como  probado que tras dirigirse el hoy recurrente de manera airada al agente de la Guardia Urbana que le prohibía el paso en dirección sur, arrancando conscientemente su vehículo, alcanzó con él al agente en las rodillas, derribándolo y causándole lesiones.

 

En el primero de los Fundamentos de Derecho, reitera el Juez "a quo" que esa lesión no tiene carácter accidental sino que se le infiere al agente, tras una discusión, de manera intencionada.

 

El delito de atentado de los arts. 550 y ss. del CP, viene configurado precisamente con todas y cada una de las circunstancias que expresamente se deducen de la sentencia impugnada:

 

            - Existiría un acto de violencia grave que da lugar a unas lesiones dolosas.

           

            - Sobre un agente de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones.

           

            - Y concurriría, en definitiva, el conocimiento por parte del sujeto activo de la cualidad y condición de la víctima. Entendiendo la Jurisprudencia de manera unánime que ese elemento subjetivo del injusto consistente en la voluntad del autor de menoscabar el principio de autoridad, va implícito en los actos; realizados cuando no se acreditan circunstancias concurrentes que permitan inferir otra motivación.

                       

A sensu contrario cabría preguntarse si resulta dogmáticamente correcto calificar estos hechos, como así ha hecho el Juez "a quo", de un delito dolosa de lesiones, obviándose el carácter de agente de la Autoridad que concurre en la víctima.

 

Entiende esta parte, con todos los respetos hacia el recto criterio del Juzgador, que la respuesta es taxativamente negativa, y ello teniendo en cuenta en definitiva la protección penal que se otorga a la Autoridad y a sus agentes cuando actúan revestidos de esas facultades.

 

En todo caso, correspondería explicitar en la sentencia porqué no cabría, partiendo del relato fáctico, esa tipificación o, en todo caso, matizar el porqué de la irrelevancia que se otorga en esa resolución al carácter de agente de la Autoridad que concurre en el ofendido.

 

El Juez "a quo" ignora esta circunstancia hasta el punto que no considera procedente, como así solicitaba la acusación particular, condenar por el tipo del Art. 634 del CP al estimar que las supuestas ofensas a agente de la Autoridad, (no recogidas en el factum), quedan englobadas en el desvalor del tipo del citado precepto, razonamiento que se nos antoja inexplicable, salvo que se confunda la homogeneidad delictual con la mesura o equidad punitiva.

 

Desde cualquier punto de vista, no puede darse idéntico desvalor a quien infiere lesiones dolosas sobre un particular que quien las comete sobre un agente en el ejercicio pleno de sus funciones y con conocimiento de tal condición.

 

La única consecuencia, procesalmente correcta, que pudiera derivarse de la apreciación en conciencia de la prueba practicada, debería haber sido la acomodación de las actuaciones al trámite de Diligencias Previas, sin resolver por sentencia unos hechos que por su naturaleza escaparían a la jurisdicción propia del órgano enjuiciador y que además no permiten ser encuadrados en el tipo penal por el que resulta condenado.

 

En la Vista Oral, tanto esta parte como el propio representante del Mº Fiscal, sostuvimos que existiendo versiones contradictorias entre las dadas por los testigos, incluso entre los de la propia acusación, no cabía sino un pronunciamiento absolutorio, teniendo en cuenta la etiología imprudente de las lesiones, que precisaron una sola asistencia facultativa, y ello sin perjuicio de las acciones civiles que por distinta vía jurisdiccional pudiera sostener la víctima y que el suscribente en modo alguno pretende ignorar.

 

Esta parte solicita, en definitiva, que no cabe sino un pronunciamiento absolutorio y pretende una sentencia que se someta en sus fundamentos de derecho al principio de legalidad y en concreto al de tipicidad penal, con una correcta subsunción de los hechos debatidos. Una errónea aplicación de la norma penal, no por teóricamente beneficiosa, al soslayar un hipotético delito de atentado, resulta menos injusta, y por lo que a esta segunda instancia compete, no puede sino concluir en la absolución del recurrente.

 

SEGUNDA.- Los hechos probados se han obtenido haciendo uso, como así se recoge en el primero de los Fundamentos de Derecho, del testimonio de Dª........................, que no compareció al acto de la Vista, sin que se solicitase la lectura de su declaración obrante en autos, testimonio que no reúne los requisitos de prueba preconstituída de carácter incriminatorio, al no haber sido sometida a contradicción.

 

En el procedimiento de delitos, dada la ausencia de instrucción en sentido estricto, se exige que sean las diligencias y pruebas practicadas en el Plenario las únicas susceptibles de formar la convicción del Juzgador.

 

Es cada vez más frecuente en la práctica forense, propiciado por una  deficiente legislación procesal, la realización de una notoria actividad instructoria, y las presentes diligencias son una buena prueba de ello, dado que se le tomó declaración al acusado cuando pasó a disposición judicial, se ha contado con testificales de distintos testigos e incluso al reputar los hechos como delitos, se descartó implícitamente la etiología dolosa de las lesiones. No puede ocultarse los problemas que ello conlleva en orden a la exigencia constitucionalmente consagrada de separación entre la actividad instructora y la enjuiciadora. En este sentido podemos recordar que el Tribunal Constitucional en Sentencia 55/90 declaró la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica 2/1986 por esa superposición de funciones. Igualmente en sentencias como la 113/92, ese alto Tribunal ha ido perfilando en qué casos podía hablarse de actividad instructora y en cuales no; la pérdida de aptitud objetiva para el conocimiento y fallo del proceso penal, no se produce por cualquier intervención anterior del Juez sentenciador, pero sí por el hecho de haber estado en contacto con las fuentes de donde procede el material necesario para que se celebre el juicio, entre las que se señala concretamente, la toma de declaraciones a las personas que intervinieron en el hecho a enjuiciar, en este caso al lesionado y al conductor denunciado. En igual sentido, SS.T.S. 145/88, 164/88 y 98/90.

 

En las presentes circunstancias, se ha tomado en consideración como prueba incriminatoria el testimonio de un testigo que depuso en las dependencias policiales pero que no compareció posteriormente a la Vista.

           

Se utiliza ese testimonio, no evacuado en la Vista ni sometido a contradicción, para sostener una versión de los hechos distinta a la dada por esta parte; tampoco se solicitó la lectura de dicha declaración o la suspensión del juicio.

 

Ciertamente que el Juez "a quo" se apoya en otras pruebas que sí fueron practicadas en el Acto de la Vista, pero no puede soslayarse que la valoración realizada por el Juzgador se encuentra mediatizada por ese testimonio, realizado en fase instructora, y seguramente por el desarrollo global de los actos procesales previos a la Vista, lo que sin duda pudiera haber dado lugar a que esta parte, en su momento procesal, pudiera haber instado la recusación por causa objetiva.

           

 

En su virtud,

 

SUPLICO AL JUZGADO PARA LA SALA: Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por interpuesto RECURSO DE APELACION contra la Sentencia dictada en fecha …… de ….., tramitarla con arreglo a derecho y en méritos a las alegaciones contenidas en el mismo, dicte nueva resolución por la que se absuelva a D. …………. De la comisión del delito por el que ha sido condenado.

 

 

En ………, a ……… de……… de 200………

 

           

___________                                                          __________

El Procurador                                                          El Abogado

           

 

 

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