Anexo 1. Las costas procesales impuestas de todo delito
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ANEXO 1. LAS COSTAS PROCESALES IMPUESTAS DE TODO DELITO

 

 

Art. 123. Las costas procesales se entiende impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito.

 

Las costas procesales son impuestas por imperio de la Ley, no siendo preciso por tanto específica petición de las partes, debiendo ser objetivadas en la resolución correspondiente que pone fin al proceso e instadas mediante la oportuna tasación a llevar a cabo por el Secretario Judicial.

 

A diferencia de la responsabilidad civil derivada del delito donde los partícipes son responsables solidarios o, en su caso, subsidiarios de las cuotas no satisfechas por el resto de condenados, en el ámbito de las costas procesales cada uno de los condenados resulta obligado exclusivamente por la cuota o parte proporcional de las costas que se señale en el fallo, por ser cuotas personales e insolidarias, y ello con independencia del respectivo estado de insolvencia.

 

Las costas deben imponerse proporcionalmente atendiendo al número de procesados, al título de imputación que recae sobre los partícipes y al número de delitos imputados a cada uno, de modo que, habiendo varios acusados y parte de ellos son absueltos o se absuelve de alguno de los plurales delitos imputados a un acusado, las costas correspondientes a los acusados absueltos o a los delitos igualmente absueltos, deberán ser declaradas de oficio, en tanto que la de los delitos apreciados serán impuestas a los reos en la proporción o cuota que se determine. Deberá tenerse en cuenta  a tal efecto, el título de imputación de los distintos condenados a efectos de graduación de las cuotas respectivas. Vid. STS 14-4-1987.

 

El cálculo debe llevarse a cabo dividiendo el total de las costas por el número de delitos, para, a partir de cada fracción atenderse al número de condenados. STS 16-9-1988.

 

No se extiende la obligación de pago en ningún caso a los responsables civiles subsidiarios.

 

Este precepto debe ser puesto en relación con los Arts. 124 a 126 del CP y 239 y 240.2º de la L.E.Cr.

 

Art. 124. Las costas comprenderán los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales e incluirán siempre los honorarios de la acusación particular en los delitos sólo perseguibles a instancia de parte.

 

El CP del 95 sigue en la línea, mantenida por su predecesor, de complementar la regulación de la L.E.Cr. en esta materia.

 

Dos son las novedades introducidas por este precepto: en primer lugar se corrige la redacción del CP 1973 suprimiendo por ocioso la alusión a determinadas cantidades dentro del concepto de costas.

 

En segundo lugar, se incluyen, ahora preceptivamente, dentro de las costas judiciales los honorarios devengados por la acusación particular en aquellos delitos sólo perseguibles a instancia de parte. En este sentido, tanto en el sumario ordinario como en el procedimiento abreviado ha venido considerándose preceptiva la inclusión de las costas las ocasionadas por la acusación particular. Sin embargo, en supuestos de carácter excepcional la jurisprudencia ha venido negando su inclusión cuando la actividad procesal desplegada por la acusación particular haya sido notoriamente superflua, inútil o perturbadora o haya introducido tesis o pretensiones inviables y absolutamente heterogéneas con la del Mº Fiscal. SSTS 2-2-1994.

 

La regulación del vigente código viene a impedir a  Jueces y Tribunales la no imposición al condenado de aquellas costas originadas por la acusación particular, aunque restringiendo este mandato al ámbito estricto de los delitos cuya persecución se deja a criterio del particular, costas que, además, ostentan una singular prelación, conforme a lo dispuesto en el Art.126 del CP.

 

Se circunscribe asimismo su abono a los procedimientos por delito, por lo que no cabrá incluir las costas de la acusación particular originadas en un procedimiento de juicio de delitos leves, sean o no perseguibles a instancia de parte, manteniéndose en este caso el criterio anterior a la reforma, reiteradamente cuestionado, dada la creciente complejidad e importancia de los intereses que pueden llegar a plantearse en este procedimiento.

 

Por delitos sólo perseguibles a instancia de parte debe entenderse aquellos que exigen previa denuncia o querella del ofendido, de su representante legal o, en su caso, de los herederos de aquel. Sin embargo determinados preceptos del Código que exigen denuncia previa del perjudicado, admiten su persecución de oficio cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas. En este sentido: Arts. 201.1, 287.2 y 296.2. La afectación del interés general es un juicio eminentemente valorativo del órgano que lleve a cabo el enjuiciamiento por lo que en tales casos quedaría a su criterio decidir la procedencia  de incluir los honorarios de la acusación particular cuando el proceso se hubiera iniciado de oficio o a instancias del Mº Fiscal. Asimismo el Art. 191.1 referido a los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales plantea una excepción similar a la anterior ya que en este caso junto a la necesidad de previa denuncia de la persona agraviada se admite  su persecución mediante querella del Mº Fiscal.

 

Contenido de las costas procesales: En un sentido amplio las costas son los gastos originados como consecuencia del proceso.

 

El Art. 110 del CP engloba genéricamente en tal concepto los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales. El Art. 241 de la L.E.Cr. especifica su concreto contenido, sin embargo se debe tener en cuenta que la Ley 25/1986 suprimió las tasas y aranceles judiciales, esto es, todo el conjunto de gastos dimanantes de la actividad de la oficina judicial, por lo que no cabe ya incluir el "reintegro del papel sellado empleado en la causa", según el nº 1º del Art. 241 de la L.E.Cr.

 

Puede distinguirse una primera partida correspondiente a los derechos derivados de la actividad profesional de Letrados y Procuradores intervinientes, así como peritos, traductores, etc. y una segunda correspondiente a las indemnizaciones legales, como en el caso de los testigos.

 

Como señalábamos anteriormente, en relación con la inclusión de las costas ocasionadas por la acusación particular rige la procedencia  intrínseca de su inclusión, sin necesidad de que el Juzgador tenga  que pronunciarse sobre la relevancia de lo obtenido por la acusación particular, no existiendo más excepciones  a la inclusión de tales gastos dentro de las costas  que  las que se derivan de la formulación de peticiones no aceptadas y absolutamente heterogéneas con las del Mº Fiscal. Tal heterogeneidad  no ha de compararse con la tesis del órgano sentenciador sino en exclusiva con las del Mº Fiscal. En este sentido SSTS 30-10-1990 y 8-2-1995.

 

No cabe en ningún caso incluir en las costas, el resarcimiento de los gastos procesales de la acusación popular (STS. 21-2-1995).

 

Cabe la imposición de costas a la acusación particular e incluso al actor civil, si de las actuaciones se desprende temeridad o mala fe, conceptos éstos contemplados en el Art. 241 3º de la L.E.Cr. y 11.1 LOPJ.

 

El pago de las costas se encuentra vinculado al previo abono de las partidas a las que se refiere el Art. 126 del CP, básicamente, la reparación  del daño e indemnización de daños y perjuicios.

 

Este precepto debe ser puesto en relación con los Arts. 239 a 246, 857, 875 y 890 de la L.E.Cr.

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