Extinción de la responsabilidad penal, solicitud de indulto.
Marginal : 2464695

 P242A. extinción de la responsabilidad penal, solicitud de indulto, CP art. 130.

 

 

Artículo 130 CP. (Apartado 1º renumerado por Ley 5/2010 y aparatado 2º añadido por dicha Ley)

 La responsabilidad criminal se extingue:

 

 

1. Por la muerte del reo.

 

2. Por el cumplimiento de la condena.

   3. Por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en el artículo 85.2 de este Código. 

4. Por el indulto.

 

5. Por el perdón del ofendido, cuando la Ley así lo prevea. El perdón habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto el juez o tribunal sentenciador deberá oír al ofendido por el delito antes de dictarla.

En los delitos o faltas contra menores o incapacitados, los jueces o tribunales, oído el ministerio fiscal, podrán rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquéllos, ordenando la continuación del procedimiento, con intervención del ministerio Fiscal, o el cumplimiento de la condena.

Para rechazar el perdón a que se refiere el párrafo anterior, el juez o tribunal deberá oír nuevamente al representante del menor o incapaz.

 

6. Por la prescripción del delito.

 

7. Por la prescripción de la pena o de la medida de seguridad.

La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión. El Juez o Tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona jurídica en función de la proporción que la persona jurídica originariamente responsable del delito guarde con ella.

No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica. Se considerará en todo caso que existe disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica cuando se continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos.

 

 

 

 

Téngase en cuenta la Orden de 10 de septiembre de 2003 por la que se dan instrucciones sobre la tramitación de solicitudes de indultos, que dispone lo siguiente:

 

"La especial naturaleza del acto jurídico por el que el Rey ejerce el derecho de gracia conferido por el artículo 62.i), de la Constitución, excluye la aplicación directa a la tramitación de las solicitudes y propuestas de concesión de indulto del régimen de obligatoriedad de términos y plazos dispuesto para el dictado de resoluciones en el procedimiento administrativo común.

Este peculiar régimen jurídico establecido por la Ley de 18 de junio de 1870 y posteriores disposiciones de reforma y desarrollo, no obsta a la conveniencia de que se apliquen a algunas de las fases de tramitación de los expedientes preparatorios del ejercicio del derecho de gracia similares principios generales a los que conforman el procedimiento administrativo común.

 

Así, la actual regulación contenida en la norma cuarta de la Real Orden de 24 de diciembre de 2014, por la que se impide la tramitación de nueva solicitud de indulto en el año siguiente a la emisión en sentido desfavorable de un mero acto de trámite, responde a una cautela de economía procedimental en clara contraposición con el principio general de facilitación administrativa en el ejercicio de derechos y en la promoción de intereses legítimos por parte de los ciudadanos que informa el artículo 35.i) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

 

La inadecuación de dicha norma al estatuto jurídico de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Publicas abona que se proceda a su derogación expresa, así como de las restantes previsiones de la Orden en que se enmarca; pero, de otra parte, ha de dotarse de una adecuada respuesta normativa al problema de economía procedimental que mediante aquella norma se abordaba. Este efecto puede ser adecuadamente obtenido mediante un expreso refuerzo de las facultades conferidas a la Subsecretaria de Justicia por el numero 2 del apartado dos del artículo 2.? del Real Decreto 10/1991, de 11 de enero, por el que se determina la estructura orgánica del Ministerio de Justicia.

 

Concretamente, la experiencia adquirida en la tramitación de expedientes de indulto permite apreciar que la emisión en sentido favorable de los informes previstos en la Ley de 18 de junio de 1870 no resulta en todos los casos suficiente para la formación de criterios sobre la conveniencia o sobre la forma de la concesión de la gracia. En estos supuestos, la aplicación de los principios señalados hace aconsejable una mayor flexibilidad que permita ampliar el tiempo de tramitación de aquellos, aun después de la recepción de los informes preceptivos, a fin de que pueda complementarse la observación de la conducta del penado posterior a la ejecutoria.

En su virtud, en uso de la facultad que me confiere el artículo 14.3 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, he dispuesto:

 

Primero. Cuando, a criterio de la Subsecretaria de Justicia, la propuesta de un indulto requiera ampliar el tiempo de su tramitación, se podrá prolongar esta durante el plazo de seis meses a partir de la recepción de los informes preceptivos.

Segundo. De la anterior decisión se dará traslado al Tribunal sentenciador, al solicitante o proponente del indulto si no fuera aquel y al Director del establecimiento en que se halle cumpliendo condena el penado o, en otro caso, al Gobernador civil de su residencia, a efectos de que, si lo consideran oportuno, puedan comunicar a la Subsecretaria de Justicia la producción, en su caso, de circunstancias sobrevenidas que pudieran afectar a la determinación, conocimiento y comprobación de los datos requeridos para la concesión del indulto.

 

Tercero. La tramitación de los expedientes para el ejercicio del derecho de gracia por indulto en ningún caso podrá interferir el ejercicio de la potestad jurisdiccional ni condicionar las medidas que pudieran adoptarse por el órgano judicial en orden al inmediato cumplimiento o a la suspensión en el cumplimiento de la ejecutoria.

 

Cuarto. Queda derogada la Real Orden de 24 de diciembre de 2014, sobre normativa para cursar instancia de penados.

 

Quinto. La presente Orden entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

 

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AL EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA

 

Don ... mayor de edad, de profesión ..., con domicilio en ..., c/... n  ..., con DNI n  ... expedido en fecha ..., actualmente cumpliendo una condena de ... años por ... de la Audiencia Provincial de (en su caso) ..., sumario ... del Juzgado de instrucción de (en su caso) ..., n  ... en el centro ... 

 

EXPONE

 

1 . Que ... (Antecedentes que atenúen la gravedad del delito). 

 

2 . Que su comportamiento en prisión ha sido excelente, como lo demuestran los certificados ... 

 

3 . RAZÓN DE LA SOLICITUD DE INDULTO. Que llevando más de dos años de prisión y ... ( p.e., teniendo que atender al cuidado de mi esposa o hijo que ha contraído la enfermedad de ..., como acredita el certificado médico que adjunto), y por estrictas razones de justicia, equidad e interés público, 

 

-- SUPLICO A V.E.: Que previos los trámites pertinentes, eleve al Consejo de Ministros solicitud de indulto parcial para dejar mi condena reducida a ..., la extensión mínima del grado mínimo de la pena que me impuso la Audiencia Provincial de ... 

 

Es gracia que pido en ..., a ... de ... de ... 

 

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