Escrito en solicitud de libertad provisional
Marginal : 908026

ESCRITO EN SOLICITUD DE LIBERTAD PROVISIONAL

 

A L   J U Z G A D O[1]

 

D. ........................., Letrado [2] de D........................,  en las diligencias al margen referenciadas, ante el Juzgado comparezco y como mejor en derecho proceda, DIGO:

 

Que mediante el presente escrito, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 503, 504, 528 y concordantes de la L.E.Cr., vengo a solicitar la libertad provisional de D......................, y ello en base a las siguientes:

 

A L E G A C I O N E S

 

PRIMERA.- Mi defendido se encuentra privado de libertad desde el pasado día....... de .......... Es decir, se viene prolongando esta medida cautelar desde hace....... meses, pese a carecer de antecedentes, tanto penales como policiales y contar con domicilio fijo y conocido obrante en autos.

 

SEGUNDA.- Por lo que conciernen a las iniciales imputaciones vertidas en el atestado policial y tras la práctica de las diligencia solicitadas por esta parte, estimamos no existen elementos indiciarios bastantes que permitan sostener esta medida cautelar.

 

En las presentes circunstancias, al no existir suficientes argumentos de carácter incriminatorio, alejado el proceso penal del auxilio a las meras sospechas o a las suposiciones de mayor o menor fundamento, tampoco lógicamente existen razones objetivas que permitan inferir en el acusado una eventual elusión a la acción de la justicia y por tanto de las responsabilidades que hipotéticamente pudieran corresponderle.

 

A tal efecto el Auto del T.S. de 30-12-1992 define como indicios racionales de criminalidad aquellas indicaciones o señas, o sea, datos externos que, apreciados judicialmente, conforme a normas de recta razón, permiten descubrir o atisbar......, sin la seguridad de la plenitud probatoria, pero con la firmeza que proporciona una sospecha fundada, es decir razonable, lógica, conforme a las reglas de la experiencia, la responsabilidad criminal de la persona en relación con el posible objeto de investigación. Y el Juez, dentro por supuesto del secreto debe exteriorizar cual es el indicio o los indicios porque, si no lo hace, si aquellos permanecen en el arcano de su intimidad, de nada valdría la exigencia legal de su existencia, amen de vulnerar el Art. 120 de la C.E.

 

TERCERA.- La prisión provisional es una medida excepcional y cautelar dirigida básicamente a garantizar la sujeción del imputado al proceso penal y, en todo caso, a asegurar las responsabilidades penales que puedan derivarse.

 

La propia Exposición de Motivos a la L.O. 10/1984 de 26 de diciembre, que reformó los Arts 503, 504 y 529 de la L.E.Cr. estableció que la prisión provisional no "juegue como pena anticipada ni, en general como medida criminológica tal y como tiene declarado el Tribunal Constitucional", en este sentido, STC 40/87, 41/82, 32/87, 34/87 y 128/95, insistiendo en la  suficiente y razonable motivación de esta  resolución, más aún cuando de ella pende un derecho fundamental de tan trascendente entidad; en un Estado de Derecho cualquier facultad  discrecional de los Jueces o Tribunales es una facultad jurídicamente vinculada  y por tanto sometida al deber de fundamentación y supervisión.

 

A tal efecto debe quedar suficientemente acreditada tanto la existencia de indicios racionales de criminalidad como el riesgo de fuga del inculpado, la posible obstrucción de la instrucción penal o a lo sumo la posible reiteración delictiva. Elementos que deben ponerse de relieve de manera suficientemente fundada en la propia resolución que ampara tan drástica y gravosa medida; En este sentido STC 71/94.

Posteriormente, la Exposición de Motivos de la L.O. 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, señala que:

 

Entre los objetivos del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia se encuentra el de abordar "la reforma de la prisión provisional, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional". La consecución de este objetivo resulta acuciante, porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido imponiendo requisitos -con el tiempo cada vez más claros y exigentes- para que la institución de la prisión provisional sea respetuosa con el contenido esencial del derecho a la libertad, tal y como viene consagrado en su artículo 17 de la Constitución, y del derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24.2. Como ha señalado el Alto Tribunal desde una de sus primeras sentencias, la prisión provisional se sitúa "... entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito, por un lado, y el deber estatal de asegurar el ámbito de la libertad del ciudadano, por otro..." (STC 41/1982).

 

Sobre la prisión provisional existe un cuerpo de jurisprudencia constitucional que nuestros tribunales han de aplicar cotidianamente y que en algunos aspectos no encuentra su debido reflejo en la regulación legal de la institución. La mejor prueba de la urgencia con que debe ser acometida la labor de adecuar la ley procesal penal a los postulados del Tribunal Constitucional en este tema es que el máximo intérprete de la Constitución, en la sentencia 47/2000, elevó cuestión de inconstitucionalidad sobre los artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

Esta reforma lleva a cabo un cambio notable en la regulación de los presupuestos para la adopción de la prisión provisional. En primer lugar, se establece un límite mínimo para acordar la prisión provisional de un sujeto: así, la prisión provisional está excluida si el máximo de la pena prevista para el hecho imputado no supera los os años de prisión, salvo en aquellos casos excepcionales que prevé la ley.

 

En segundo lugar, el artículo 503 establece con precisión cuáles son los fines legítimos que justifican la prisión provisional. Ésta ha de conjurar en cada caso concreto uno de estos riesgos: que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia; que el imputado oculte, altere o destruya pruebas; o que el imputado cometa nuevos hechos delictivos. En este último caso, el principio de proporcionalidad impone que la prisión provisional no pueda acordarse por riesgos genéricos de que el imputado pueda cometer cualquier hecho delictivo.

Por exigencia de la presunción de inocencia, esta medida debe limitarse a aquellos casos en que dicho riesgo sea concreto. La ley contribuye a objetivar este requisito, incrementando así las garantías procesales del imputado.

 

En el mismo sentido, la redacción dada por la Disposición Final 1ª de la LO 15/2003 al artículo 503.1.3º.c) establece como fin de la prisión provisional: Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.

 

CUARTA.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos al interpretar los arts. 5.1 c) y 5.3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, S.T.E.D.H. de 27 junio 1968, obliga, por la vía del Art. 10.2 de la C.E. a interpretar los preceptos de la misma relativos a esta institución, Arts. 17.1 y 17.4, según el tenor de tales preceptos del Convenio y de los propios criterios sentados por el Tribunal Europeo en su aplicación.

 

Por lo que concierne al fuero de la inocencia atribuido a todo encausado en un procedimiento penal y, según STC. 109/86, la presunción de inocencia opera como una regla de juicio pero, constituye a la vez una regla de tratamiento."En cuanto regla de juicio, la presunción de inocencia exige que la prisión provisional no recaiga si no en supuestos donde la pretensión acusatoria tiene un fundamento razonable, esto es, allí donde existan indicios racionales de criminalidad; pues, de lo contrario, vendría a garantizarse nada menos que a costa de la libertad, un proceso cuyo objeto pudiera desvanecerse. Como regla de tratamiento, el hecho de que el imputado haya de ser considerado como no culpable, obliga a no castigarle por medio de la prisión preventiva. Y, con mayor razón proscribe la utilización de la prisión con la finalidad de impulsar la investigación del delito, obtener pruebas o declaraciones, etc, ya que utilizar con tales fines la privación de libertad excede los límites constitucionales. STC. 128/95.

 

Siguiendo con la doctrina sentada por esta última resolución y en lo que a esta petición concierne, el transcurso del tiempo en situación de prisión provisional, sostiene el TC., va disminuyendo el peligro de fuga pues disminuye las consecuencias punitivas que pueda sufrir el preso en un futuro y no sólo ello sino que también mitiga determinadas circunstancias que inicialmente fueron tomadas en consideración p.ej. evitar la desaparición de pruebas, por lo que, en definitiva deben ponderarse igualmente al mantener esta medida cautelar, los datos y circunstancias personales, así como los de cada caso concreto.

 

La preocupación que desde todas las instancias sociales genera las actividades delictivas, no puede ser obstáculo, antes al contrario, debe exigir el máximo rigor y mesura en su persecución.

 

Mantener una medida cautelar tan rigurosa y excepcional cuando, ni ha quedado indiciariamente perfilada la existencia de delito ni mucho menos las respectivas imputaciones merecedoras del ingreso en prisión del acusado, resulta en estrictos términos de defensa, desproporcionada y contraria a las propias finalidades que subyacen en los Arts. 503, 504 y concordantes de la L.E.Cr. y especialmente en la Exposición de Motivos de la LECr., donde se plasma esta medida como fundamentalmente asegurativa y cautelar, tanto para el buen fin del proceso como para la comparecencia del acusado durante su sustanciación, valorándose igualmente su utilidad para garantizar el cumplimiento de las eventuales responsabilidades penales que puedan derivarse.

 

La pena señalada al delito que viene siendo atribuido a mi defendido no excede de prisión de seis meses a tres años [3], por lo que, al amparo de lo preceptuado en el Art. 503.1.1º la regla general para estos delitos sería la situación de libertad provisional, de no concurrir aquellas circunstancias que excepcionalmente puedan ser tomadas en cuenta por el Juzgado Instructor y que aparecen recogidas en dicho precepto.

 

Quinta.- En la resolución por la que se desestimaba la reforma del Auto de prisión se aludía, no sólo a la existencia de indicios racionales de criminalidad, sino que se ponía el acento en la penalidad señalada para el delito imputado y por tanto el riesgo de fuga que implícitamente se derivaba.

 

La ya aludida STC. 128/95 de 26-7-1995, subraya, desde la perspectiva del Dº Fundamental a la Libertad que una motivación limitada  a apreciar la concurrencia del peligro de fuga desde el punto de vista de su contenido no resulta razonable por incompleta ya que no se valoran otros extremos, igualmente relevantes, tales como las propias "características procesales" del justiciable, circunstancias del caso y los efectos producidos por el tiempo transcurrido.

 

Tales argumentaciones no son sino la plasmación efectiva de los principios de excepcionalidad, subsidiariedad, provisionalidad y proporcionalidad, a los que expresamente se acoge nuestro TC. en sus reiteradas sentencias en las que se acotan los márgenes, requisitos y garantías que deben exigirse frente a tan rigurosa medida.

 

Por todo ello:

 

SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y, en méritos a lo expuesto se acuerde la libertad provisional con o sin fianza, en la seguridad que, de accederse a lo solicitado mi defendido cumplirá puntualmente cuantas obligaciones se deriven de la situación de libertad provisional.

 

 

Lugar y fecha

 

 

Firma

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Los autos de prisión son reformables de oficio o a instancia de parte en cualquier estado de la causa, tan pronto hayan variado las circunstancias que hayan motivado tal medida, por ello en este escrito no se contempla la posibilidad de instar su modificación a través de los recursos procedentes. En cuanto a su formulación por tales cauces ver. Apartado. 4 de esta obra. RECURSOS.

 

[2] En su caso se encabezará por el Procurador de los Tribunales, en el supuesto que exista designación al respecto.

 

[3] La Disposición Adicional 11ª de la L.O. 10/1995 ha venido a sustituir las penas señaladas en la L.E.Cr., por las que aparecen en dicho articulado y, en este sentido la pena de prisión menor se corresponde  con la citada en el texto.

 

 

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