Solicitud de medidas cautelares con anterioridad a la demanda de incapacitación
Marginal : 906797

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES CON ANTERIORIDAD A LA DEMANDA DE INCAPACITACIÓN [1]

 

AL JUZGADO

 

Don/Doña M.N., procurador/a de los tribunales, en nombre y representación de don/doña..., mayor de edad, domiciliado en..., según resulta de la escritura de poderes que acompaño para unión de su testimonio a los autos y devolución del original, ante el juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

 

Que a través del presente escrito, y en virtud de la representación que me ha sido conferida, solicito el acuerdo de medidas cautelares sobre la persona y los bienes de don/doña..., en función de los siguientes antecedentes fácticos y fundamentos jurídicos.

 

HECHOS

 

Primero. El pasado día..., don/doña... intentó quitarse la vida ingiriendo quince valium-10, algo que afortunadamente no tuvo consecuencias graves al realizar un lavado de estómago de urgencias. Tras un ingreso hospitalario de cuarenta y ocho horas en el Hospital... (doc. 1), la paciente fue dada de alta con un tratamiento ambulatorio de ansiolíticos, que no ha respetado desde hace más de un mes, siendo su comportamiento cada vez más iracundo y aislado. A la vez, suele desembolsar destacables cantidades de dinero, que oscilan entre los 180 y 300 euros, en constantes compras de libros y cintas de vídeo, armas blancas y de fuego, cuando sus ingresos son nulos desde que hace tres años perdiera su puesto de trabajo.

 

Segundo. Hace tiempo el sujeto fue diagnosticado de una fuerte patología psicótica de base, que presentaba una larga evolución, informe médico que se acompaña a este escrito (doc. 2). El tratamiento terapéutico presentó entonces buenos resultados, pero la situación actual ha cambiado radicalmente desde el episodio suicida y la negativa del paciente en tomar su medicación. La creciente desvinculación de la realidad hace dudar de su propia integridad física, con independencia de la progresiva reducción de su sustento económico, ya de por sí insuficiente. Sentado el principio de prueba expuesto, entiende este solicitante que tanto la persona como los bienes del presunto incapaz se encuentran en riesgo si no se toman medidas de urgencia. Se requiere tanto la ayuda como la supervisión de terceros para que el tratamiento ambulatorio sea efectivo y se alcance una mínima calidad de vida. Esto eludiría el ingreso hospitalario, cuya reiteración conduce, progresivamente, a una pérdida sobre el autogobierno de su persona.

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 

Primero. Según establece el artículo 723.1 de la Ley de Enjuiciamiento civil, será competente para conocer la solicitud de medidas cautelares el órgano judicial que lo sea para resolver la demanda principal, que objetivamente corresponde al juzgado de primera instancia, a tenor del artículo 85.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 45 LEC, y territorialmente al juez del lugar de residencia del sujeto de la cautela, por analogía con el demandado, según los artículos 52.1.5º y 756, ambos de la LEC.

 

Segundo. En virtud del artículo 762.3 LEC, se procederá a la audiencia de las personas afectadas, como se establece en los artículos 734, 735 y 736 LEC, con independencia de la interposición de una acción de incapacitación según el juicio especial previsto en el artículo 753 LEC.

 

Si la urgencia es extrema, se añadiría la justificación de una decisión judicial inaudita parte:

 

Ello no obstante, la urgencia de la cautela aconseja que se acuerde sin audiencia, en aplicación del artículo 733.2 LEC [2].

 

Tercero. El contenido del artículo 200 del Código civil no es obstáculo para su aplicación a situaciones esporádicas, cuando las fases clínicas se produzcan. Ciertamente, no es viable incapacitar al enfermo únicamente en sus períodos críticos, y la persistencia con posibilidad de repetición, aunque sea improbable, hace necesarias las medidas oportunas en atención a la persona y los bienes, aunque no precisen abarcar los actos de administración ordinaria, para lo que sería idónea la institución del tutor.

 

Entiende el solicitante que hasta que el nombramiento se produzca sería necesario intervenir los bienes del presunto incapaz, nombrando al efecto el oportuno administrador judicial, con la remisión que el artículo 738.2 LEC efectúa a los artículos 630 y siguientes del mismo texto legal. La medida señalada conduce al propio beneficio del propietario de los bienes, por lo que en ningún caso puede considerarse que sea gravosa o perjudicial para él, evitando la contracautela prevista en el artículo 728.3 LEC [3]. En este sentido, el artículo 727.2ª LEC debe ser interpretado acorde con la extensión que merece el supuesto de hecho vinculado a la incapacitación, siendo de uso el sistema de cierre del artículo 727.11ª LEC.

 

Cuarto. A la vista de la relación de hechos arriba expuesta, no puede dudarse del riesgo que supondría esperar a la demanda y posterior sentencia de incapacitación. En virtud de este periculum in mora, y el principio de prueba apuntado, el órgano judicial puede formar un juicio indiciario favorable al fundamento de la pretensión cautelar, sin por ello prejuzgar el fondo de un litigio por venir.

 

Quinto. En lo que hace referencia a las costas procesales de este procedimiento previo al juicio, entiende esta parte que corresponden al beneficiado por la medida cautelar solicitada, que no es otro que el presunto incapaz [4].

 

En virtud de lo expuesto,

SOLICITO AL JUZGADO:

 

Primero. Que tenga por presentado el presente escrito y sus copias, y por hechas las manifestaciones en él contenidas.

 

Segundo. Que sin/tras (dependiendo de que la urgencia comporte o no decisión judicial sin audiencia) preceptiva audiencia del presunto incapaz se acuerde la intervención de los bienes del incapacitado, nombrando el correspondiente administrador judicial, y se impongan las costas al sujeto beneficiado con la medida cautelar.

 

 

En la ciudad de..., a (fecha).

 

 

Firma de letrado                                                                             Firma de procurador

A.S. (y núm. colegiado)                                                                M.N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas:

 

[1]. Parece obvio que si se permite la solicitud de medida cautelar ex ante demanda se trata de una situación urgente (primer párrafo del art. 730.2 LEC), por lo que se podría flexionar la regla del art. 762.3 LEC, equivalente a la del art. 730.1 LEC. En el presente caso, como es natural, no se trata de evitar la audiencia para impedir una acción del futuro demandado, propia de la mala fe, que pretenda alzar u ocultar los bienes. La necesidad o urgencia funciona en beneficio del presunto incapaz, y tiende a evitar un detrimento no intencional, sino fruto de la enfermedad que se padece. Otra cuestión es la falsedad de las alegaciones, motivada por intereses ilegítimos y que se protegería a través de la caución.

 

[2]. El art. 733.2 establece dos excepciones a la regla que las medidas cautelares se acordarán siempre previa audiencia del afectado: cuando concurran razones de urgencia o cuando la audiencia previa del afectado pueda comprometer el buen fin de la medida cautelar, en estos dos casos, si el solicitante así lo pide, el tribunal podrá acordar sin más trámites mediante auto la medida cautelar solicitada en el plazo de cinco días, pero deberá razonar por separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla sin oír al demandado, contra el auto no cabe recurso alguno y será notificado a las partes sin dilación.

 

[3]. En todo caso, el artículo 736.1 LEC establece una remisión a los criterios del artículo 394 LEC, y aunque aquél se ubica en el auto denegatorio, nada obsta utilizarlo en el estimatorio, pese al silencio del artículo 735 LEC. Imaginemos, por ejemplo, que el solicitante sea inmoderado en los gastos que provoca su escrito, o incluso con dolo o a causa de imprudencia haga acopio de los servicios de múltiples letrados y peritos de un modo innecesario, menoscabando sin sentido el patrimonio del presunto incapaz que se supone protegido con la cautela.

 

[4] La parquedad normativa requiere un breve comentario inicial sobre el derecho cautelar en estos casos. El artículo 762.1 y 762.2 LEC prevén que tanto el órgano judicial, de oficio, como el Ministerio fiscal, a instancia, procuren las medidas oportunas para proteger la persona y los bienes del incapaz. Se trata de un momento en el que se tiene conocimiento de una posible medida cautelar, sin que exista un proceso de incapacitación en curso. Cuando actúa el juez trasladará su conocimiento del asunto al fiscal, para que éste ejerza o no la acción civil. Si es el fiscal quien insta la cautela, es obvio que promoverá la acción, con independencia de cuál pueda ser su resultado. En cualquiera de los dos ejemplos apreciamos una urgencia que aconseja prescindir de la presentación de una demanda. Pero es más lógico que sea alguien próximo al presunto incapaz quien conozca de esa urgencia. Si no se trata de un legitimado activamente para el juicio especial predecible (757.1 y 757.4 LEC), esta urgencia podrá transmitirla por medio de un escrito de puesta en conocimiento (formulario anterior). Como ya se indicó, el mismo no puede ser expeditivo, sino mero paso intermedio, salvo que se utilizase para solicitar el derecho cautelar, algo harto paradójico.

Quien es apto para  ser parte puede conocer mucho mejor tanto el posible periculum como el modo de aportar un principio de prueba suficiente, al margen de que la cautela deba ser un beneficio para el propio incapaz. Y si es así, nada obsta que solicite la medida cautelar urgente con anterioridad a la demanda que piensa interponer y que anuncia al órgano judicial. Del texto legal parece derivarse un planteamiento distinto, puesto que cuando hay referencia a las partes sin especificar (no sólo al Ministerio fiscal) es explícito un proceso judicial ("en cualquier estado del procedimiento").

Pensamos que es ilógico negar la solicitud anticipada de medidas cautelares para cualquiera de los potenciales litigantes, quienes pueden solicitar funciones protectoras reconocidas judicialmente. En cualquiera de las hipótesis el carácter oficial de la protección impide vincular la medida cautelar a un plazo de interposición de la demanda (el del segundo párrafo del artículo 730.2 LEC), pues la protección dispensada no se alzará, sin más, porque no se decida ejercer la acción de incapacidad. Por otro lado, nada impide acordar medidas más gravosas que las solicitadas a instancia (en contra el art. 721.2 in fine), cuando el órgano judicial considere, de oficio, que son necesarias.

 

 

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