Don Leonardo, administrador único de MERCANTIL S.L., suscribió el 4 de septiembre de 2003 con la entidad bancaria CAJA S.A. una escritura de préstamo hipotecario para la adquisición su local industrial, siendo el contenido de dicha escritura redactado unilateralmente por la entidad siguiendo el patrón marcado por un modelo propio estandarizado.

El capital del préstamo suscrito por el actor ascendía a la cantidad de 210.335 euros. Durante los seis primeros meses de vigencia del contrato se generó el pago de seis cuotas iguales de importe 367,81 euros. A partir del mes séptimo, el tipo de interés es variable y revisable toándose como referencia la última cotización del Euribor anual, añadiéndole el diferencial del 0,85. 

El problema surge cuando se incluye en la escritura la aplicación de un tipo mínimo de interés del 3,50%, que actúa de barrera, es decir, una cláusula suelo. 

Ni en el momento de la firma de la escritura ni con carácter previo se le proporcionó la información adecuada acerca de las condiciones económicas del préstamo, apareciendo la mencionada cláusula suelo escondida en las escrituras.

Don Leonardo se percata de la existencia de esta cláusula como consecuencia de la grave crisis económica que produjo las sucesivas bajadas del Euribor sin que bajase la cuota de su hipoteca. 

Por ello, reclama en varias ocasiones a la entidad bancaria para su retirada del contrato y, ante la negativa, se ve en la necesidad de encargar la elaboración de un Informe Pericial con el objeto de cuantificar la diferencia económica entre los intereses abonados y la cuantía que debería haber pagado realmente sin la aplicación de dicha cláusula. Dicho informe establece esta cuantía en 11.633,18 euros. 

El objetivo de Don Leonardo es que declare la nulidad de la Cláusula Tercera Bis de la escritura de Préstamo Hipotecario, en la que se incluye la cláusula suelo objeto de la Demanda. 

Por ello, reclama la cantidad de 11.633,18 euros, cobrada en exceso desde la entrada en vigor del Préstamo Hipotecario con la aplicación de la cláusula suelo, hasta la fecha de la interposición de la Demanda.

Solicita también el recálculo del cuadro de amortización de los préstamos hipotecarios desde que fueron suscritos, como si nunca hubiera estado incluida la cláusula suelo del 3,5%.

El abogado alega que la cláusula objeto de la Demanda es una cláusula general de la contratación claramente abusiva que ha sido impuesta sin posibilidad de negociación entre el banco y el cliente y sin recibir una información clara y transparente.