DAVID contrata a la mercantil OBRAS S.L para la realización de una obra mayor de vivienda aislada con piscina en un pueblo de Mallorca llamado OCÉANO.

Siguiendo la normativa prevista a tal efecto, en Enero de 2008 solicita la preceptiva autorización urbanística que le es concedida sin problema en junio de ese mismo año. Iniciadas las obras, lo que acaece es que, el Ayuntamiento de OCÉANO, sin mediar comunicación ni dar audiencia previa al propietario y/o empresa constructora, paraliza las obras como resultado de un procedimiento sancionador urbanístico comunicando este aspecto a DAVID el 16 Diciembre de 2010.

Así, a partir de dicho momento ocurre que la ejecución de la obra se paraliza por orden de los servicios técnicos y jurídicos municipales de OCÉANO al considerar el Ayuntamiento que, la cota de implantación existente, no coincide con la presentada en el proyecto que fue autorizado por el Ayuntamiento en 2008, imputando al solicitante una desviación de la obra sin haber modificado la licencia.

Frente a este hecho, DAVID y la empresa con la que contrató la realización de las obras difieren por lo que recurren administrativamente la meritada resolución de 16 de Diciembre de 2010.

Ahora bien, al no recibir respuesta -y habiéndose agotado la vía administrativa- inician un pleito judicial ante el juzgado contencioso administrativo con la esperanza de que se anule la resolución que tuvo como efecto la paralización de las obras por no ser ajustada a derecho y poder reanudar su actividad que, les está causando graves perjuicios.

De este modo se inicia un procedimiento judicial dónde la prueba pericial va a ser clave ya que se trata de un caso muy técnico dónde ambas partes presentan extensos informes periciales para justificar sus pretensiones.

DAVID y OBRAS S.L quieren que se levante la paralización de las obras declarándose nulo el procedimiento que decretó dicho parón.

La defensa letrada del propietario de la finca (DAVID) y de la mercantil constructora (OBRAS S.L) se sirve de prueba pericial para demostrar que el proyecto de obra que motivó la concesión de la licencia era impecable y que no se ha dejado de respetar la legislación urbanística.

Para probar la falta de legitmidad del procedimiento disciplinario apela a la declaración del arquitecto del Ayuntamiento que, al conceder la obra señaló que se cumplían los requisitos de altura de las normas de planeamiento. Trae a colación sus declaraciones para señalar que, el Ayto. de OCÉANO no puede ir contra sus actos propios.

Para consolidar su estrategia aporta sentencias de nuestro más alto tribunal así cómo principios generales del derecho tales como el de confianza legítima que, introducido en la legislación española por el carácter armonizador de la jurisprudencia del TJCE,  garantiza a los particulares que la Administración no puede resolver de forma distinta un mismo supuesto de hecho.