La comunidad de propietarios de la que forman parte Doña Juana y Doña Patricia celebran una junta extraordinaria para votar acerca de la elección de un presupuesto presentado por un arquitecto, debido a un dictamen emitido por Inspección Técnica de edificios.

A causa de la notable diferencia entre los presupuestos presentados y la manifiesta falta de imparcialidad del arquitecto con una de ellas, se ha producido una pérdida de confianza hacia el arquitecto de las obras.

En la Junta, Doña Patricia, que ostenta la mayor parte de las participaciones en la comunidad de propietarios, vota a favor de la propuesta efectuada por el arquitecto, y Doña Juana en desacuerdo con este voto, presenta una Demanda para que se declare la paridad de trato entre las dos partes y no haya desequilibrio en la toma de decisiones que afecten a la comunidad, sobre todo en este caso en el que las obras según la LPH, son de obligatoria realización, amparado por el dictamen emitido por la ITE.

El objetivo del cliente del cliente es que se dicte resolución por la que se ratifique y se supla el acuerdo adoptado en la Junta y se lleven a cabo las obras del presupuesto válidamente presentado y no el propuesto por el arquitecto.

La estrategia del abogado es demostrar que la propuesta presentada por el arquitecto es de mayor cuantía que la otra propuesta, además de la mala fe de éste, al intentar coaccionar a las partes amenazando con que si no elegían su propuesta pondría obstáculos la realización de las obras.

Que el acuerdo tomado en la Junta de propietarios es válido y que las obras a efectuar son de carácter obligatorio según lo estipulado en la LPH. Y por último que, aunque la parte demandada ostenta la mayoría de las participaciones en la comunidad de propietarios tiene que regir el principio de equidad de partes entre los comuneros.