Supuesto de hecho.

La Comunidad de Propietarios sita en Madrid tuvo conocimiento, a mediados del mes de enero de 2025, de que uno de sus propietarios, titular de vivienda y plaza de garaje, había ejecutado obras inconsentidas en el garaje comunitario, concretamente bajo la rampa de acceso, zona común estructural perteneciente a la Comunidad. Las actuaciones consistieron en la apertura de un hueco en el muro del garaje, con acceso a un espacio situado bajo la rampa, así como en la construcción de un espacio destinado a almacenaje o trastero para uso particular, instalando incluso cerradura que impedía el libre acceso a dicha zona común.

La actuación fue denunciada ante la Policía, haciéndose constar que el propietario había abierto una puerta en el muro del garaje que daba acceso a una zona común estructural donde se ubican las cimentaciones del edificio, realizando excavaciones y ejecutando obras con la finalidad de habilitar un trastero de uso privativo, pese a las advertencias del administrador y del presidente de la Comunidad.

La Comunidad efectuó múltiples requerimientos extrajudiciales instando al cese inmediato de las obras y a la reposición voluntaria de los elementos comunes a su estado original, sin que el propietario atendiera dichas solicitudes.

Ante la persistencia de la actuación, la Comunidad presentó Denuncia ante el Ayuntamiento de Madrid, lo que dio lugar a inspección técnica municipal y a la incoación de expediente administrativo. Inicialmente se dictó Resolución de 16 de junio de 2025 requiriendo a la Comunidad para que solicitara licencia de ampliación del edificio que amparase la apertura del hueco en la rampa del garaje. No obstante, tras las actuaciones posteriores y el recurso interpuesto por la Comunidad, el Ayuntamiento dejó sin efecto dicho requerimiento dirigido contra la Comunidad, al no ser promotora ni responsable de la obra ejecutada unilateralmente por el propietario.

Simultáneamente, con fecha 1 de abril de 2025, la Comunidad interpuso Demanda de juicio ordinario solicitando que se declarara la ilegalidad de las obras realizadas en elemento común, se condenara al demandado a la demolición de lo construido y a la restitución íntegra de la zona afectada al estado anterior a la obra ilegal, incluyendo todas las reparaciones necesarias para garantizar la integridad estructural del edificio, todo ello a su costa.

Una vez emplazado, el demandado se allanó totalmente a la Demanda, reconociendo los hechos y aceptando íntegramente las pretensiones ejercitadas.

Como consecuencia del allanamiento y conforme al artículo 21.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Tribunal dictó Sentencia estimatoria íntegra, declarando la ilegalidad de la obra ejecutada en zona común estructural y condenando al demandado a su demolición, a la reposición completa del elemento común al estado anterior a la intervención ilegal, incluyendo las reparaciones necesarias para dejarlo exactamente como se encontraba antes de la obra, todo ello con imposición de costas procesales.

Objetivo. Cuestión planteada.

El objetivo principal de la Comunidad era obtener la declaración judicial de ilegalidad de las obras ejecutadas por el propietario en zona común estructural del garaje, consistentes en la apertura de un hueco bajo la rampa y la habilitación de un espacio de almacenaje privado, y lograr su demolición con reposición íntegra de los elementos comunes a su estado original. Asimismo, pretendía que se declarase la responsabilidad exclusiva del propietario por los daños causados y evitar que la Comunidad asumiera cualquier responsabilidad urbanística o civil derivada de la actuación unilateral del demandado.