Supuesto de hecho.

Don Pepe ha venido prestando servicios para las empresas demandadas desde el día 3 de abril de 2017 hasta el 1 de junio de 2022, con un salario bruto mensual de 1.610,12 euros según consta en la última nómina.

En fecha 18 de mayo de 2022, recibió mediante correo electrónico Carta de despido, en la que se le notificaba que causaría baja en la empresa con efectos de 1 de junio de 2022, alegándose como única causa la finalización de un contrato temporal por obra y servicio.

El trabajador sostiene que dicha relación laboral debía considerarse indefinida a tiempo completo, puesto que el contrato temporal se celebró en fraude de ley, ya que la prestación de servicios se prolongó de manera continuada durante cinco años, respondiendo a una necesidad permanente de la empresa y no a una obra o servicio determinado.

Asimismo, en la Carta de despido no se incluyó la indemnización correspondiente, vulnerando lo previsto en los artículos 53 y 56 del Estatuto de los Trabajadores. Con posterioridad, la empresa presentó un documento de saldo y finiquito en el que se reconocía una cantidad de 3.228,96 euros, claramente insuficiente y que, además, nunca llegó a ser abonada.

El trabajador también destaca que la empresa no valoró su posible reubicación en otro puesto y que su despido se produjo un mes después de haber finalizado un ERTE, incumpliendo las obligaciones de mantenimiento de empleo recogidas en el Real Decreto-ley 8/2020 y en sus sucesivas prórrogas (30/2020, 2/2021, 11/2021 y 18/2021). Esto supone un incumplimiento de la salvaguarda del empleo y un fraude a la Seguridad Social, al haberse beneficiado la empresa de exoneraciones en las cuotas.

El trabajador no ha ostentado cargo sindical ni representativo alguno durante su relación laboral.

Finalmente, el 20 de junio de 2022 se celebró acto de conciliación ante el servicio administrativo competente, que concluyó sin avenencia, constando en la papeleta y acta correspondientes.

Objetivo. Cuestión planteada.

Se declare la improcedencia del despido y proceda a la readmisión en idénticas condiciones o al pago de la indemnización correspondiente.