Supuesto de hecho.

Dña. María, hija mayor de edad nacida el 4 de mayo de 2000, interpuso Demanda contra su padre, D. Sergio, ejercitando acción de alimentos entre parientes al amparo de lo dispuesto en los artículos 142 y siguientes del Código Civil. La pretensión se fundamentaba en que, tras la extinción de la pensión alimenticia acordada en un procedimiento de modificación de medidas previas, la joven se encontraba nuevamente en situación de necesidad, sin ingresos estables, sin residencia fija, y cursando estudios de formación profesional, sin que el demandado estuviera cumpliendo con su obligación de prestarle alimentos.

La actora alegó que, pese a haber convivido en su día con su progenitor, la convivencia cesó tras haber sido expulsada del domicilio de su abuela, en el que residía con el demandado, quedando en situación de desamparo y recurriendo esporádicamente al apoyo económico y material de su madre. Durante este periodo, comprendido entre julio de 2023 y junio de 2024, la demandante careció de ingresos suficientes para sufragar sus necesidades básicas, por lo que solicitó judicialmente que se condenase a su padre al pago de una pensión mensual de 300 euros, revalorizable conforme al IPC, con efectos retroactivos y devengo de intereses legales desde la fecha de interposición de la Demanda, así como la imposición de costas.

El demandado, por su parte, se opuso a la Demanda planteando en primer término la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, por no haberse dirigido la acción también contra la madre de la actora, y alegando en cuanto al fondo que su hija ya se había incorporado al mercado laboral, no presentaba impedimentos para trabajar, había recibido ayuda económica suya mediante la financiación de sus estudios, y que su situación de necesidad era consecuencia de su falta de esfuerzo en la formación y búsqueda activa de empleo.

Durante el procedimiento, se practicaron pruebas documentales y testificales que permitieron acreditar que la actora había trabajado únicamente de forma puntual y breve, sin ingresos relevantes, que había finalizado con aprovechamiento sus estudios de tanatopraxia y tanatoestética sufragados mediante un préstamo asumido por el padre, y que había recibido apoyo económico en metálico por parte de su madre. También se tuvo por probado que, tras la expulsión del domicilio familiar, la actora no disponía de lugar estable de residencia ni medios suficientes de subsistencia, y que el demandado no había contribuido económicamente durante dicho periodo, pese a que sus ingresos permitían afrontar tal obligación.

En consecuencia, el Juzgado estimó íntegramente la Demanda de alimentos formulada por Dña. María, condenando a D. Sergio al abono de la suma de 3.000 euros por el periodo reclamado, más intereses legales, e imponiéndole expresamente las costas del procedimiento.

Objetivo. Cuestión planteada.

Obtener una Sentencia que condene al demandado al pago de una pensión de alimentos mensual de 300 euros, actualizable anualmente conforme al IPC, con intereses legales desde la presentación de la Demanda y condena en costas.