Supuesto de hecho.

Don Emilio ha venido desempeñando funciones como controlador de accesos para la empresa, desde hace aproximadamente siete años, siendo destinado en diciembre de 2023 al centro de trabajo en Madrid. Dicho garaje es de uso común por dos comunidades de propietarios y cuenta con capacidad administrativa para 23 vehículos automóviles y dos motocicletas, aunque lo utilizan habitualmente unos 30 vecinos sin titularidad de plaza.

En el interior del garaje se dispuso un cuarto cerrado, sin ventanas, como zona provisional para el descanso de los controladores y elaboración de partes de servicio. Tras la adjudicación del servicio a la empresa, se integró a trabajadores que venían realizando funciones similares. Desde entonces, algunos residentes, especialmente el propio Pedro, manifestaron su disconformidad con la nueva organización, debido, entre otros motivos, a la imposibilidad de continuar realizando tareas como el lavado de vehículos en el recinto, lo que había sido expresamente prohibido por la comunidad y supervisado por la empresa.

Los supuestos hechos que dieron lugar a la denuncia tuvieron lugar el día 5 de junio de 2024, cuando Pedro se presentó al relevo de turno a las 14:30 horas, exigiendo incorporarse inmediatamente a pesar de que su horario comenzaba a las 15:00, conforme a los cuadrantes establecidos. Ante la negativa del denunciante a cederle el puesto antes de la hora prevista, Pedro reaccionó con enfado, llamó a la empresa para protestar y, tras ser rechazada su solicitud, se dirigió al denunciante de forma agresiva, elevando la voz, aproximando su cara a la de éste, y amenazándolo verbalmente con una barra de hierro.

Según manifestó el denunciante, fue empujado contra la pared, mientras Pedro tiraba una silla y esgrimía una barra metálica que había reservado con anterioridad, afirmando que la usaría contra quien le perjudicara. Durante varios minutos, el denunciante no pudo abandonar el lugar, siendo bloqueado por Pedro mientras blandía la barra a escasos centímetros de su rostro. Finalmente, Pedro permitió que se marchara, advirtiéndole que si contaba lo sucedido a la empresa, lo mataría.

Como consecuencia de estos hechos, se interpuso denuncia contra Pedro por presuntos delitos de amenazas, coacciones y agresión.

Sin embargo, tras la celebración del juicio oral y la valoración de la prueba practicada, el juzgador dictó Sentencia Absolutoria, al no haber quedado desvirtuada la presunción de inocencia que asiste a todo ciudadano. Las versiones contradictorias de los implicados, sin respaldo en pruebas objetivas o testificales independientes que acreditaran más allá de toda duda razonable la culpabilidad del acusado, impidieron alcanzar la convicción necesaria para un pronunciamiento condenatorio.

En consecuencia, el órgano judicial dictó fallo absolutorio, declarando de oficio las costas procesales, al no haberse acreditado con pruebas válidas que el denunciado cometiera los hechos imputados.

Objetivo. Cuestión planteada.

Su libre absolución.