Supuesto de hecho.

El presente caso trae causa de la Demanda interpuesta por D. Tom contra una entidad mercantil dedicada a la compraventa de vehículos de ocasión, en ejercicio de una acción de resolución contractual con restitución de cantidades e indemnización de daños y perjuicios, al amparo de la normativa protectora de consumidores y usuarios.

Con fecha 4 de octubre de 2021, el actor adquirió a la parte demandada un vehículo de segunda mano por el precio total de 34.250 €, incluyendo 450 € en concepto de garantía adicional, pactándose además un año de garantía. No obstante, apenas transcurridos tres meses desde la compraventa, el vehículo fue sometido a inspección técnica obligatoria (ITV), obteniendo resultado desfavorable por la existencia de importantes reformas no autorizadas que afectaban a elementos esenciales como la carrocería, la suspensión y el sistema de frenos, con la consiguiente inhabilitación del mismo para circular por vías públicas.

Ante esta situación, el actor se dirigió a la empresa vendedora a fin de obtener una solución efectiva, proponiendo la homologación de las reformas a costa del vendedor, sin recibir respuesta o actuación eficaz alguna por su parte. Como consecuencia de la inacción de la demandada, y conforme a la normativa sobre protección de consumidores, el comprador optó por ejercitar la acción de resolución contractual, solicitando la restitución del precio pagado y de las cantidades adicionales desembolsadas, tales como el coste de la ITV, seguro obligatorio e impuesto de circulación, así como que la entidad demandada asumiera la recepción del vehículo, el cambio de titularidad y su alta registral, sin coste alguno para el actor.

La parte demandada, por su parte, se opuso a la Demanda alegando que el vehículo había sido examinado y aceptado en el momento de la entrega, que contaba con ITV vigente en esa fecha, que el comprador incumplió con su deber de entregar el vehículo en el taller designado para su reparación y que, además, habría caducado la acción por el transcurso del tiempo desde la entrega.

No obstante, el órgano judicial consideró acreditado que el vehículo presentaba deficiencias sustanciales no visibles a simple vista ni informadas al comprador, y que dichas deficiencias lo hacían inidóneo para su uso conforme al destino pactado. A tal fin, se otorgó valor probatorio prevalente al informe pericial aportado por la parte actora, así como a la documentación técnica de la inspección desfavorable.

La Sentencia declaró la resolución del contrato por falta de conformidad grave del vehículo, condenando a la entidad vendedora a restituir al demandante la suma de 35.430,53 €, resultante de la suma del precio del vehículo, la garantía adicional y los gastos posteriores relacionados con el mismo. Asimismo, se reconoció el derecho del actor a percibir los intereses legales correspondientes desde la fecha de interposición de la Demanda hasta el completo pago, con aplicación de los intereses procesales del artículo 576 LEC desde la fecha de la Sentencia. Finalmente, se impusieron las costas del proceso a la parte demandada, conforme al criterio del vencimiento objetivo del artículo 394 LEC, al no concurrir serias dudas de hecho o de derecho.

La resolución sienta un importante precedente en materia de compraventa de vehículos usados, reforzando la tutela del consumidor frente a defectos estructurales no advertidos y revalorizando la eficacia de la pericial técnica como medio de prueba en este tipo de litigios.

Objetivo. Cuestión planteada.

Que se declare la resolución del contrato y se condene a la vendedora a abonar 35.430,53 euros, incluyendo precio del vehículo, garantía adicional e indemnizaciones.