Supuesto de hecho.

D.ª Carla prestaba servicios para la Empresa, en virtud de contrato indefinido celebrado el 17 de diciembre de 2018, como interiorista, con jornada completa y salario mensual bruto de 2.011,40 €, regulado por el Convenio Colectivo de Comercio del Metal.

Durante su relación laboral, Clara fue objeto de graves incumplimientos empresariales, entre los que destacan:

• Acoso laboral y sexual reiterado por parte de un compañero de trabajo, tolerado inicialmente por la empresa pese a las denuncias internas.

• Ambiente laboral tóxico y hostil, con inacción empresarial ante quejas reiteradas tras un cambio en la estructura del departamento.

• Sobreexposición a cargas de trabajo, especialmente tras la baja de otros compañeros, sin adaptación de funciones ni medidas preventivas.

• Agravamiento de su salud, desarrollando un cuadro de ansiedad severa y una enfermedad renal crónica vinculada al estrés laboral.

• Retrasos salariales y falta de aplicación de la subida del 5% pactada en convenio colectivo desde enero de 2024, a diferencia del resto de compañeros.

Como consecuencia de esta situación, y tras agotar la vía interna sin resultado, la trabajadora presentó papeleta de conciliación ante el CMAC, solicitando la extinción indemnizada del contrato por incumplimiento grave del empresario conforme al artículo 50.1 b) y c) del Estatuto de los Trabajadores, así como una indemnización adicional de 7.501 € por daños morales, conforme al baremo del artículo 40.1.c) de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Celebrado el acto de conciliación sin acuerdo, se presentó Demanda ante el Juzgado de lo Social, que fue admitida a trámite y se señaló fecha para el acto de conciliación judicial y juicio oral.

A raíz de la citación judicial, la empresa contactó con la representación de la trabajadora y ambas partes alcanzaron un acuerdo transaccional extrajudicial, mediante el cual se pactó la extinción de la relación laboral con efectos a 31 de octubre, con abono a la trabajadora de:

• 11.000 € en concepto de indemnización general compensatoria, y

• 3.895 € por indemnización por improcedencia,

Ascendiendo todas las cantidades obtenidas por la trabajadora a 15.000 euros.

Objetivo. Cuestión planteada.

Que se declare extinguida la relación laboral existente, por causa imputable a la empresa conforme al artículo 50.1 ET., se condene a la empresa demandada al abono de la indemnización correspondiente al despido improcedente, con los intereses legales correspondientes y a la indemnización por los daños y perjuicios morales sufridos que se ha cuantificado en 7.501 euros netos por el baremo LISOS (art.40.1.c).