Supuesto de hecho.

D. Pepe, opositor al Cuerpo de Policía Nacional, acudió el 29 de noviembre de 2020 al Hospital Clínica S.L. para realizarse un Test rápido Coronavirus AG, prueba obligatoria exigida por la Dirección General de la Policía para poder presentarse a la fase de oposición. Tras la realización del test y su correspondiente pago, se le entregaron los resultados.

El 30 de noviembre de 2020, durante el llamamiento a las pruebas de la oposición, D. Pepe fue excluido del proceso selectivo, ya que el test entregado por Clínica S.L. no correspondía a su persona, sino a otro paciente. Dicho error le impidió cumplir con el requisito obligatorio para la prueba, lo que derivó en su automática exclusión del proceso.

A raíz de esta exclusión, D. Pepe presentó una reclamación formal ante la Dirección General de la Policía, sin obtener una solución favorable. Paralelamente, inició un proceso de reclamaciones extrajudiciales contra Clínica S.L. , requiriendo explicaciones y una compensación por los daños sufridos. Pese a los intentos de resolver la situación de manera amistosa, el hospital únicamente emitió disculpas sin asumir responsabilidad ni ofrecer una solución efectiva.

Como consecuencia de este error, D. Pepe perdió la oportunidad de continuar en el proceso selectivo al que llevaba preparándose desde 2013, con una inversión significativa de tiempo, dinero y esfuerzo. La negligencia de Clínica S.L.  no solo causó perjuicios económicos, sino también un grave impacto moral y psicológico, al ver frustrada su aspiración profesional.

Ante la falta de respuesta satisfactoria, D. Pepe interpuso Demanda judicial reclamando los daños y perjuicios sufridos. En el procedimiento, se argumentó el incumplimiento contractual y la negligencia de la clínica al entregar un test con datos incorrectos, lo que derivó en una grave consecuencia para el demandante.

Tras la celebración del juicio, el Juzgado estimó parcialmente la Demanda, declarando a Clínica S.L. responsable de parte de los daños y perjuicios ocasionados y condenándola al pago de 3.117,97 euros, más intereses legales, aunque sin imposición de costas procesales a ninguna de las partes.

Objetivo. Cuestión planteada.

Que se condene a la demandada a abonar la cantidad en concepto de indemnización de daños y perjuicios, los intereses legales devengados y al pago de las costas procesales.