Supuesto de hecho.

El 23 de enero de 2019, la sociedad Arrendatarios S.A. suscribió con Dª Alba un contrato de arrendamiento de local comercial. En el contrato se pactó una renta mensual de 1.050 euros, además de la obligación por parte de la arrendataria de entregar 2.100 euros en concepto de fianza legal, conforme al artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

El contrato de arrendamiento finalizó el 22 de septiembre de 2021, fecha en la que Arrendatarios S.A. restituyó el inmueble, entregando las llaves y poniendo el local a disposición de Dª Alba, en perfecto estado y libre de ocupantes. No se dejó constancia de desperfectos ni se formularon reservas en el documento de entrega de llaves firmado por ambas partes. Sin embargo, transcurrido el plazo de 30 días para la devolución de la fianza, Dª Alba no procedió a su restitución. Tras varios intentos infructuosos de recuperación de la suma, Arrendatarios S.A. envió un requerimiento extrajudicial el 15 de febrero de 2022, al que la arrendadora respondió alegando la existencia de daños en el inmueble, falta de mobiliario y una deuda pendiente de 270,11 euros correspondiente a una fracción del alquiler del mes de mayo de 2020.

Ante la falta de devolución de la fianza, Arrendatarios S.A. interpuso Demanda contra Dª Alba, solicitando la restitución de los 2.100 euros entregados en concepto de fianza, más los intereses legales, argumentando que había cumplido con todas sus obligaciones contractuales y que no existía deuda alguna pendiente. Además, destacó que la arrendadora nunca remitió una liquidación detallada justificando la retención de la fianza, ni presentó prueba alguna de los presuntos daños o del supuesto mobiliario faltante.

Por su parte, en su Contestación a la Demanda, Dª Alba negó las afirmaciones de la parte demandante y alegó que la arrendataria no devolvió el local en las mismas condiciones en las que lo recibió. En apoyo de su versión, presentó un inventario fotográfico realizado en la firma del contrato, junto con un informe de salida elaborado por la Administración de Fincas, en el que se detallaban elementos faltantes, como mesas, soportes de televisión y cuadros. Asimismo, sostuvo que la parte arrendataria mantenía un saldo pendiente de 270,11 euros correspondiente a la renta de mayo de 2020, cuya compensación con la fianza estaba plenamente justificada. Finalmente, impugnó la legitimación activa de la parte demandante, argumentando que la acción debía ser ejercida por la sociedad titular del contrato y no por una persona distinta.

El Juzgado de Primera Instancia estimó íntegramente la Demanda interpuesta, concluyó que no existían pruebas suficientes que justificaran la retención de la fianza, dado que en el documento de entrega de llaves no se hizo constar reserva alguna sobre desperfectos o bienes faltantes y la parte demandada no aportó documentación suficiente que acreditara la necesidad de reposición del mobiliario o la existencia de una deuda pendiente.

Objetivo. Cuestión planteada.

Que se condene a la parte demandada a la devolución de la cantidad de 2.100,00 euros en concepto de fianza legal entregada al inicio de la relación arrendaticia, más los intereses recogidos en el apartado 4 del artículo 36 de la Lau.