Su importancia radica en que la Agencia Tributaria reclamaba al cliente una cantidad de dinero del ITP porque no había cumplido los requisitos necesarios (empadronamiento) para acogerse a una bonificación fiscal. Sin embargo, demostramos que eso no era cierto y se ha recibido Resolución estimatoria del TEARA.

El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (TEARA), Sala Desconcentrada de Málaga, emitió una resolución el 26 de julio de 2024, estimando la reclamación del expediente número 29/05349/2023. La resolución anuló una liquidación de 5.727,88 euros impuesta por la Agencia Tributaria de Andalucía en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD), por entender que el contribuyente cumplía con los requisitos legales para la aplicación de un tipo reducido del 3,5 %. 

El caso giró en torno a la adquisición de una vivienda que el reclamante declaró como su residencia habitual, aplicando el tipo reducido de gravamen establecido en el artículo 35 del Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este precepto permite un gravamen reducido del 3,5 % en transmisiones de inmuebles destinados a vivienda habitual, siempre que el adquirente sea menor de 35 años o tenga alguna discapacidad, y que el valor del inmueble no supere los límites fijados en la normativa (130.000 euros en este caso). 

La Administración Tributaria había denegado el beneficio fiscal, alegando que el contribuyente no acreditó inicialmente el uso de la vivienda como residencia habitual, por no aportar documentación como el certificado de empadronamiento ni facturas de consumo eléctrico. Sin embargo, en vía administrativa, el reclamante presentó pruebas suficientes, incluyendo un certificado de empadronamiento que acreditaba su residencia desde marzo de 2019 y facturas eléctricas emitidas por ENDESA entre noviembre de 2018 y noviembre de 2022. 

Tras evaluar las pruebas, el Tribunal concluyó que el reclamante cumplía con los requisitos de uso y permanencia establecidos por la normativa autonómica y estatal, considerando la vivienda como habitual en los términos del artículo 2 del Decreto Legislativo 1/2018. Asimismo, subrayó la obligación del contribuyente de probar los hechos constitutivos de su derecho, conforme al artículo 105 de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

En consecuencia, el TEARA resolvió estimar la reclamación, anulando la liquidación y reconociendo el derecho del contribuyente a aplicar el tipo reducido del 3,5 %. Este fallo refuerza la relevancia de la correcta acreditación documental en procedimientos tributarios y sienta un precedente importante para la defensa de los beneficios fiscales destinados a políticas sociales de vivienda en Andalucía. 

Que se anule la liquidación de 5.727,88 euros impuesta por la Agencia Tributaria de Andalucía en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Interponer recurso de reforma demostrando que el contribuyente cumplía con los requisitos legales para la aplicación de un tipo reducido del 3,5 %, presentando pruebas suficientes que acreditaban la residencia desde marzo de 2019.