El presente caso se centra en la reclamación presentada por D. Lucas contra la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, en la que solicita el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración por el mal funcionamiento del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego. Según el demandante, tras haberse inscrito en dicho registro el 7 de noviembre de 2016, continuó accediendo a salones de juego debido a un fallo en el sistema informático, lo que le permitió realizar apuestas y perder una suma de 10.500 euros, pese a la teórica prohibición de acceso.

El recurrente alega que el defecto en el sistema informático, cuya gestión corresponde a la Administración, fue la causa que le permitió vulnerar la prohibición de acceso, generándole un perjuicio económico considerable. En su Demanda, solicita que se reconozca la inactividad de la Administración y su responsabilidad por el mal funcionamiento del servicio público, con el fin de ser indemnizado con 9.600 euros más los intereses legales.

Por su parte, la Administración demandada alega la prescripción del derecho a reclamar, al haber transcurrido más de un año desde el hecho causante. Además, sostiene que la responsabilidad del control de acceso recae sobre los salones recreativos y no sobre la Administración, ya que los establecimientos deben verificar los datos en los sistemas informáticos. Subsidiariamente, en caso de estimarse alguna cantidad, solicita que se limite a los gastos acreditados, que ascienden a 200 euros.

El tribunal, valorando las pruebas aportadas, estima parcialmente el recurso, considerando que existió un mal funcionamiento del sistema informático, atribuible a la Administración, y que dicha deficiencia permitió el acceso indebido de D. Lucas a los salones de juego. No obstante, la indemnización se reduce a 6.700 euros más intereses legales, al no acreditarse la totalidad de la cantidad reclamada por el recurrente. No se imponen costas procesales.

Que se dicte Sentencia reconociéndose la inactividad de la Administración demandada y la responsabilidad patrimonial de la misma y se condene a 9.600 euros, más los intereses y costas.

Interponer recurso contencioso administrativo contra la inactividad de la Administración y en reclamación de cantidad por daños y perjuicios, por considerar dicha desestimación presunta y por la inactividad llevada a cabo por la Administración demandada, contrarias a derecho y lesivas a los intereses de esta parte dicho sea con el debido respeto y en estrictos términos de defensa.