En 2.021, Nerea despidió disciplinariamente a Lisa que era la persona que prestaba servicio doméstico porque, habiendo desistido de sus servicios, se negaba a marcharse del puesto de trabajo y comenzó a insultarla, como venía haciendo desde hacía tiempo. Lisa presentó una papeleta de conciliación el 25 de mayo de 2021, y citó a Nerea a una conciliación para el 28 de mayo, reclamando 3.229,31 euros por menos de un año de trabajo.

Finalmente, Nerea no acudió a la conciliación, y la despedida presentó otro escrito en el registro del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) con forma de papeleta pero subrayando que no había habido conciliación, por lo que en principio, se reanudaba el plazo para interponer DEMANDA DE DESPIDO, hasta el 21 de junio. Tiempo después, Nerea es notificada de que Lisa interpuso contra ella una DEMANDA DE DESPIDO y reclamación de cantidades, presentada el 9 de julio, por importe de 7.408,43 euros, que por lo visto había sido subsanada. La demanda se presentó sin papeleta y posteriormente la demandante presentó una, y se admitió la demanda.

Del examen de los documentos de la demanda, previa comprobación del Código Seguro de Verificación (CSV) de la papeleta presentada, se comprobó que no era ninguna de las que constaban en los archivos del SMAC, por lo que se requirió en la vista por parte de la representación letrada de Nerea a la demandante que desistiera de la demanda o se interpondría una QUERELLA por falsedad documental y estafa procesal. Como quiera que siguió adelante ratificándose en sus documentos, especialmente la papeleta, se celebró el juicio y quedó visto para sentencia. Nerea entonces presentó una QUERELLA y el juzgado de lo social suspendió el proceso hasta que se resolviera el penal. En la fase de instrucción se pidió de oficio al SMAC y al referido juzgado de lo social, que aportaron dos papeletas y una tercera, respectivamente, evidenciándose la falsedad del documento.

Sin perjuicio de la posible estafa procesal, la ahora acusada (Lisa) reconoció la falsedad documental y conformó la pena mínima y una responsabilidad civil de 3.000 euros.

Tras todo esto el Juzgado de lo Social levantó la suspensión, y está pendiente de dictar sentencia sobre el asunto del despido improcedente teniendo en cuenta que la demanda se admitió en virtud de un documento falso creado para eludir la caducidad del despido.

El objetivo del cliente durante el proceso penal fue que se condenara finalmente a la querellada Lisa por los delitos de fraude procesal y falsificación documental para que se declare judicialmente como falsa la papeleta del SMAC en la que basaba Lisa la DEMANDA DE DESPIDO improcedente.

La letrada, previo a la realización de cualquier actuación ante la DEMANDA DE DESPIDO improcedente interpuesta contra su representada, verificó muy acertadamente la veracidad de la documentación aportada por la actora dándose cuenta de que esta era falsa lo cual fue admitido por la querellada, por lo que la demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Social no debía prosperar.