El presente procedimiento se incoa en virtud de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil para la lucha contra los delitos contra la salud pública en su modalidad de cultivos de marihuana. Tras las pesquisas realizadas por parte de los agentes de la Guardia Civil, se intuye que en el domicilio asignado a nuestra protagonista como usuaria por la Junta de Andalucía existe una plantación de cultivo de marihuana, por lo que solicitan mandamiento de entrada y registro en dicho domicilio. Tras la entrada practicada judicialmente, se encuentran allí una serie de plantas cultivadas que resultan ser marihuana tras realizarse los oportunos análisis, así como también un enganche ilegal. Se llama como investigada por ser ella la que aparece como adjudicataria de esa vivienda por parte de la Junta de Andalucía, si bien la misma no utiliza dicha vivienda y hace muchos años que no vive allí, pudiendo haber sido ocupada la vivienda por cualquier persona, ya que eso suele ocurrir en los barrios conflictivos como el que se encontraron dichas plantas. No hay ninguna vigilancia que acredite que es la dueña de dicha plantación, tampoco tomó la Guardia Civil huellas para ver si ella había manipulado las plantas, ni ninguna otra prueba que acredite su participación en tales delitos. Pese a ello, se dicta auto de procedimiento abreviado en su contra, y se emite escrito de acusación por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Tras la celebración del oportuno juicio oral, la misma fue absuelta, ya que no se pudo acreditar su participación, dado que el hecho de ser la adjudicataria de ese piso no la hace autora del delito.

El objetivo del cliente en este caso es demostrar su inocencia respecto a los cargos de los que se le acusa, específicamente en relación con los delitos contra la salud pública y la defraudación de fluido eléctrico. El cliente busca probar que no tuvo participación en la plantación de marihuana encontrada en el domicilio asignado por la Junta de Andalucía, argumentando que no reside allí y que la propiedad podría haber sido ocupada por terceros. El objetivo principal es lograr su absolución durante el juicio oral, mostrando que no existen pruebas contundentes que lo incriminen en los delitos mencionados.

La estrategia del abogado se centra en refutar las acusaciones presentadas por la Guardia Civil y la fiscalía, demostrando la falta de pruebas concretas que vinculen al cliente con los delitos imputados.