El despacho llevó la defensa letrada de un cliente reclamando a la aseguradora los daños por el siniestro acaecido, firmando para llevar la defensa un documento de designación de letrado junto con un documento de cesión de derechos, al objeto de que la mercantil demandante reclamara directamente los daños personales del siniestro a la aseguradora.  

Sin embargo, una vez finalizada la defensa técnica y trasladada la oportuna factura a la compañía por correo electrónico, está declinó cualquier responsabilidad, asegurando que la factura debía emitirse a nombre del asegurado. Si bien, esta representación entendía que se habían cedido los derechos por parte del cliente por lo que no procedía emitir factura en su nombre. 

Tras varias desavenencias, se presentó demanda por parte de este despacho profesional, contestando la demanda la compañía aseguradora, manifestando que el documento de cesión de derechos no era válido, alegando falta de legitimación activa, así como la falta de justificación de la necesidad de las gestiones realizadas.  

La prueba se redujo a la documental aportada por esta representación y la parte demandada. 

La sentencia estima íntegramente la demandada, respondiendo la juzgadora sobre la falta de legitimación activa opuesta por la aseguradora demandada. Considera que, efectivamente, son numerosas las resoluciones judiciales que niegan legitimación activa al letrado para reclamar frente a la aseguradora el importe de los honorarios profesionales correspondientes a la defensa jurídica del asegurado. 

Ahora bien, en el presente supuesto, el asegurado firmó con la actora un contrato de cesión de derechos, que es definido por el TS como la sustitución de la persona del acreedor por otra respecto al mismo crédito, y supone un cambio de acreedor quedando el nuevo con el mismo derecho que el anterior, permaneciendo incólume la relación obligatoria. Y termina, estableciendo que, en el presente caso, no existe ninguna excepción que limite la posibilidad de transmitir el crédito, por lo que no hay prohibición legal para poder ceder tal derecho, por lo que se estima la demanda y se condena a abonar la factura reclamada, más los intereses y las costas del juicio. 

Se condene a la aseguradora al pago de la cantidad de 559,02 €, más los intereses legales correspondientes, devengados desde la fecha en que se realizó el primer requerimiento, con imposición de todas las costas procesales causadas, si el Tribunal apreciase temeridad.

La estrategia del abogado se basa en demostrar los siguientes hechos:

1. Que la aseguradora debe de pagar al lesionado la cantidad de 559,02 €.