El 21 de julio de 2017 la inspección de trabajo acude a un local de restauración en el ejercicio de sus funciones. 

Durante las mismas, supuestamente constantan que un trabajador no figura dado de alta en la seguridad social, y que además percibe una prestación por desempleo.

Ante los presuntos hechos los funcionarios no extienden Acta de Inspección pero citan al representante legal el 26 de julio de 2017, al objeto de hacer comprobaciones y se le requiere a fin de que tramite el alta del citado trabajador.

A pesar de cumplir con lo exigido por la Inspección, ésta dicta Acta de Infracción, notificada el 27 de diciembre de 2018 proponiéndose la imposición de una sanción por importe de 14.001,40 €.

Comunicada la propuesta, el proceso entra en fase de alegaciones y posterior alzada, en la primera la Directora Territorial - Jefa de la Inspección de Trabajo se ratifica en los presuntos hechos que se reflejan en el acta y en la sanción. En la segunda opera el silencio administrativo tras los 3 meses de espera, agotando la vía administrativa y confirmando de nuevo la sanción, por parte de la Dirección Genera de Empleo.

En esta situación, se inicia por medio de demanda el procedimiento judicial ante lo social.

El objetivo del cliente, y de la Letrada , se enfoca en dejar sin efecto la sanción impuesta. 

Desde el primer momento en que solicita la anulación del acta sancionadora, pasando por el Recurso de alzada contra la resolución que lo confirma, como ya en fase contenciosa ante la jurisdicción laboral interesando la impugnación de la resolución de la inspección de trabajo que sanciona con una importante pena económica a su representado: 14.001,40 euros.

La letrada basa su estrategia en las diferentes instancias, en varias líneas de ataque que buscan la nulidad de todo lo actuado:

1.- El sujeto estaba realizando una entrevista de trabajo, pero la Inspección dio por hecho que estaba trabajando, obligó a la empresa a darle de alta por ese día y posteriormente le abrió un expediente sancionador.

2.- Durante el expediente administrativo  y a pesar de que se practicó prueba únicamente propuesta por esta parte, se tuvo por cierta la presunción de la ITSS, en virtud de suposiciones y valoraciones, no de hechos, y lo que es más importante, el inicio del expediente sancionador se comunicó al restaurante pasados 5 meses desde que finalizaron las actuaciones de comprobación.

Dicha caducidad, prevista en el art. 8.4 RD 928/1998, se alegó a lo largo del proceso administrativo, en demanda y en suplicación.

3.- La empresa cumplió con lo solicitado en el acta infractora, además de no existir perjuicio para los trabajadore, por consiguiente no es procedente inciar un procedimiento sancionador en virtud del principio de intervención mínima.

4.- Desconocimiento por parte de los responsables del restaurante, de que el sujeto percibía prestación por desempleo, además negó concretamente este hecho, en la entrevista.

5.- El importe de la sanción es desmesurado atendiendo a los supuestos hechos cometidos y los atenuantes, debiendo aplicarse en todo caso, una sanción inferior.

6.- Los medios de prueba aportados en el acta y que sustentan la calificación de los hechos así como la sanción no plasman la realidad, por consiguiente quebrantan la presunción de inocencia de demandado, al no poder acreditarse la existencia ni la comisión de la infracción.