Acusación

La clienta, madre de los menores.

Acusado

El padre de los menores.

Ministerio Fiscal:

Es parte del procedimiento obligatoria.

Acusación

INSTRUCCIÓN Y REFORMA: El Letrado defiende que los hechos narrados en la denuncia son constitutivos de un delito de abandono de familia
(por impago de pensiones) del artículo 227.1 del CP. solicita la imposición al denunciado de las siguientes penas:

• Un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, conforme a lo establecido en el artículo 56 del CP, así como las costas de esta acusación particular de conformidad con el artículo 123 y 124 del CP.
• Indemnización a la denunciante en la cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS (17.938,00 €), actualizada conforme al IPC, más  los intereses legales, así como la cantidad que a su vez sea determinada en ejecución de sentencia por las cuantías adeudadas hasta el día del enjuiciamiento.

APELACIÓN: Se llega a un acuerdo de conformidad, adhiréndose a la petición final del Fiscal rebajada en virtud del acuerdo.

Acusado

INSTRUCCIÓN Y REFORMA: No concurre el requisito subjetivo de intención maliciosa que permitiría acusar de un delito de abandono de familia (Art. 227 C.P.) por no abonar las cantidades debidas en concepto de pensión de alimentos, por consiguiente se solicita el sobresimiento de la causa.

APELACIÓN: En un primer momento, reitera la libre absolución, para luego solicitar y llegar a un acuerdo de conformidad.

Ministerio Fiscal:

INSTRUCCIÓN Y REFORMA: Defiende que no ha quedado suficientemente acreditado, con las diligencias instructoras practicadas, que el imputado haya cometido el delito de impago de pensiones del 227 C.P., por consiguiente se solicita el sobreseimiento de la causa.

Dejando a salvo la vía civil para que la perjudicada pueda reclamar las diferencias pendientes de pago.

APELACIÓN: En esta fase y tras el cambio de circunstancias, solicita la imposlción de una pena de 3 meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena y las costas y la petición de responsabilidad civil que concreto en 17.127 euros más intereses del art. 576 LEC.

Acusación

INSTRUCCIÓN: El acusado estando obligado en virtud de sendas resoluciones Judiciales, teniendo conocimiento de las mismas y disponiendo de medios económicos suficientes para cumplirlas no ha efectuado el pago de las cantidades en los plazos y cuantías indicadas. Se demuestran estos extremos con la documental y las averiguaciones patrimoniales realizadas.

Si bien el argumento para acusar de un delito de abandono de familia estriba en la intención maliciosa de no pagar teniendo recursos para ello.

REFORMA: Insiste la parte en su argumentación, no entendiendo el Auto de Sobresimiento cuando queda acreditado que durante estos 3 años únicamente ha sido posible el embargo de 1.459 €, pese a que en las actuaciones consta que el investigado ha obtenido unos ingresos de 93.914,28 euros desde que se inició el período de obligación de abonar la pensión.

Ello se deriva de la inactividad y deficiente gestión del procedimiento civil, la ineficacia judicial para llevar a cabo el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el mismo órgano judicial, obligan a esta parte a interponer la acción penal.

Se dice que se han valorado todas las diligencias practicadas, pero en la resolución úniamente consta la declaración de/ investigado, nada se dice, sobre la denuncia, la declaración de la denunciante y la diversa documental aportada a las actuaciones.

APELACION: Respecto al sobreseimiento, la documentación que acredita los impagos denunciados se aportó a las actuaciones el 4 de noviembre de 2018, por lo que desde ese momento se pudo haber solicitado el sobreseimiento Asimismo, tampoco se recurrió el Auto de 7 de enero de 2019 en el que se acordaba la continuación de la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado.

Pese a que la ley lo permite, no es procedente solicitar el sobreseimiento en este momento procesal por cuanto no hay ninguna circunstancia diferente de las que se daban en los momentos procesales indicados, aún en el caso de que fuera procedente realizar una valoración sobre la concurrencia del tipo subjetivo del delito en la fase intermedia existen indicios suficientes para entender que concurre la voluntad de no abonar, no solo durante dos meses consecutivos, que serían suficientes para cumplir el tipo objetivo, sino durante los 13 meses.

Cabe indicar, además, que la defensa no ha solicitado el sobreseimiento en ningún momento

El Ministerio Fiscal, al interesar el sobreseimiento, manifiesta que queda a salvo la vía civil para que la perjudicada puedo reclamar las diferencias correspondientes a cada mes que se encuentran pendientes de pago.

Sin embargo, ya consta en las actuaciones que, con anterioridad a la interposición de la denuncia, se inició la vía civil en ejecución de sentencia, asi como la ampliación de la ejecución, tramitada ante este mismo Juzgado, con resultado infructuoso, habiendo esta parte esperado un plazo de hasta 3 años para iniciar la acción penal, por lo que, este procedimiento es la última opción para que el investigado cumpla las resoluciones judiciales y su obligación de abonar la prestación de alimentos.

El Ministerio Fiscal considera que no se cumple el tipo subjetivo del delito, sin embargo la valloración sobre si se cumple el tipo sub!etivo es propia de otra fase judltjal: el plenario

El Ministerio Fiscal justica su petición, como decíamos, en la falta del tipo subjetivo, y en concreto afirma que "consta el pago de todos los meses denunciados, si bien de manera irregular, lo que acredita su intención de estar al corriente de todos los pagos y estando en la fecha del auto de procedimiento abreviado al dia de todas sus obligaciones".

Sin embargo, existe un error manifiesto en dicha afirmación por cuanto no se corresponde con el resultado de las
diligencias de investigación realizadas, en concreto, la aportación de los extractos bancarios
de las cuentas donde se debían realizar los pagos. Según dicha documentación el acusado no ha abonado ninguna mensualidad durante más de un año, ningún importe.

Acusado

INSTRUCCIÓN: No concurre el requisito subjetivo de intención maliciosa que permitiría acusar de un delito de abandono de familia (Art. 227 C.P.) por no abonar las cantidades debidas en cocnepto de pensión de alimentos.

El investigado no contaba con medios suficientes para afrontar el pago completo de la pensión alimenticia, sin concurrir en él la voluntad de dejar de satisfucer la misma.

Las mensualidades no abonadas en su totalidad correspondieron a un periodo en que el mismo carecía de ingresos o los mismos eran insuficientes.

REFORMA: Se reitera en la misma argumentación.

APELACIÓN: En virtud de las manifestaciones efectuadas de contrario en la alegación primera de su recurso, debemos alegar que la falta de solicitud previa de sobreseimiento en el procedimiento no es obstáculo para decretarla en el momento actual, en el supuesto que concunan los requisitos necesarios, como se da en el presente caso.

En respuesta a la alegación segunda de la recurrente, la parte no puede pretender la incoación de un procedimieoto penal únicamente por el hecho de que sus pretensiones no se vieran satisfechas en un procedimiento civil previo. 

El Juzgado de Instrucción está plenamente legitimado para acordar el sobreseimiento de las actuaciones si considera que no concurren cualquiera de los requisitos del tipo penal objeto de instrucción, valorar si está justificada o no la existencia y la continuación del proceso, y si existen o no indicios de la comisión del delito, y previa valoración de todas las diligencias
practicadas, no concurre el requisito subjetivo exigido en el articulo 227 del Código Penal, es decir la intención maliciosa de no abonar las cantidades debidas en concepto de pensión alimenticia, y además las mensualidades no abonadas en su totalidad por el  correspondieron a un periodo en que el mismo carecía de ingresos o los mismos eran insuficientes.
 

Ministerio Fiscal:

INSTRUCCIÓN: Defiende que no ha quedado suificientemente acreditado, con las diligencias instrucloras practicadas, que el imputado haya cometido el delito de impago de pensiones del 227 C.P. por cuanto no dejó de abonar ningún mes por completo excepto uno.

El imputado no ha tenido medios económicos para dar cumplimiento a la obligación de pagar la prestación periódica que le ha sido impuesta, a pesar de lo cual, paga todos los meses si bien de manera irregular por la imposibilidad económica de afrontarlo en su totalidad.

Dejando a salvo la vía civil para que la perjudicada pueda reclamar las diferencias pendientes de pago.

REFORMA: Se reitera en la misma argumentación.

APELACIÓN: El Fiscal cambia su calificación, al quedar reflejado por las nuevas diligencias, que el acusado no abonó cantidad alguna desde octubre de 2015 hasta noviembre de 2016, ante este cambio de circunstancias, el Fiscal considera que nos encontramos ante un delito de impago de pensiones regulado en el 227 del C.P.

No obstante se célebró juicio oral manifesfando el acusado su voluntad de conformarse con el escrito del ministerio fiscal y la Acusación Particular. Debido a ello en trámite de cuestiones previas el funcionario modificó la conclusiónes a los efectos de reducir la pena inicial.

• Artículo 227. , Artículo 27. , Artículo 28. , Artículo 124. , Artículo 56. , Artículo 123. Código Penal.

- Extractos bancarios referentes a las nóminas percibidas.

- Interrogatorio del encausado.

- Testifical del encausado.

- Testimonio del procedimiento de ejecución forzosa original.

- Nota del catastro de la vivienda familiar

- Denuncia

- Instrucción

- Conclusiones de la partes

- Sobreseimiento

- Recurso de reforma

- Confirmación del sobreseimiento

- Recurso de apelación

- Juicio oral

- Sentencia de conformidad