Alimentos hijos

Delito de abandono de familia por impago de pensión de alimentos. Instrucción, reforma y apelación.


  • FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 23-04-2021
  • Materia: Derecho Civil
  • Especialidad: / Derecho Civil / Familia / Pension de Alimentos / Alimentos hijos
  • Número: 13139
  • Tipo de caso: Caso Judicial
  • Voces: ABANDONO DE FAMILIA, PENSIÓN DE ALIMENTOS
Documentos originales presentados



El caso


Supuesto de hecho.
Barcelona, 25-10-2018

Ambas partes mantuvieron relación sentimental, de la cual nacieron dos hijos.

Tras iniciar el correspondiente procedimiento contencioso de guarda y custodia, dos resoluciones (Auto y Sentencia) condenaron al denunciado al abono de pensión de alimentos en los siguientes términos: 

  • 500 € mensuales desde el mes de octubre de 2015 hasta el mes de mayo de 2016.
  • 300 € mensuales desde el mes de junio de 2016 hasta el mes de diciembre de 2016.
  • 400 € mensuales desde el mes de enero de 2017 hasta el mes de septiembre de 2018.
  • Asimismo, adeuda un importe de 1.894,00 euros en concepto de gastos extraordinarios.

 

A pesar de encontrarse el procedimiento en fase de ejecución ante el mismo Juzgado la realidad es que no abona el denunciado la pensión en los términos estipulados (únicamente 200€ mensuales) y se ha conseguido embargar una cantidad irrisoria.

Siendo infructuosos los requerimientos extrajudiciales de la denunciante, y a mayor abundamiento, siendo consciente de ello el denunciando y capaz de afrontar el correcto abono de las cantidades, se presenta Denuncia por delito de abandono de familia.

El importe adeudado a la fecha del inicio del procedimiento según la denunciante es de 15.894,00.

 

Objetivo. Cuestión planteada.

El Letrado defiende que los hechos narrados en la denuncia son constitutivos de un delito de abandono de familia
(por impago de pensiones) del artículo 227.1 del CP. solicita la imposición al denunciado de las siguientes penas:

  • Un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, conforme a lo establecido en el artículo 56 del CP, así como las costas de esta acusación particular de conformidad con el artículo 123 y 124 del CP.
  • Indemnización a la denunciante en la cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS (17.938,00 €), actualizada conforme al IPC, más  los intereses legales, así como la cantidad que a su vez sea determinada en ejecución de sentencia por las cuantías adeudadas hasta el día del enjuiciamiento.
La estrategia. Solución propuesta.

La estrategia del letrado conducente a probar los hechos de la denuncia, estriba en demostrar efectivamente el impago de las cantidades por parte del acusado extremo este que no adolece de extrema complejidad con justificantes históricos bancarios, así como la suficiencia económica de su patrimonio para afrontar el pago de las mismas lo cual tiene una complejidad algo mayor.

Respecto a la segunda cuestión, interesa la averiguación patrimonial por parte del Juzgado, es por ello que se solicitan consultas telemáticas a la Tesorería General de la Seguridad Social a fin de constatar si consta dado de alta como trabajador por cuenta ajena y en qué condiciones. También al INSS a efectos de averiguar si recibe alguna ayuda o prestación y en qué condiciones.

Tras dichas diligencias consta que percibió de media más de 20.000 € brutos anuales desde la primera resolución que le condena a pagar a sus hijos pensión de alimentos hasta el actual procedimiento, provenientes de la prestación por desempleo, indemnización del Fondo de Garantía Salarial y del salario de la empresa de trabajo temporal que le colocó.

Con estos datos en mano interesa el Letrado que se embarguen las cuentas corrientes, y la parte proporcional del sueldo del denunciado.



El procedimiento judicial


  • Orden Jurisdiccional: Penal
  • Juzgado de inicio del procedimiento: Juzgado de Instrucción
  • Tipo de procedimiento: Familia
Partes

Acusación

La clienta, madre de los menores.

Acusado

El padre de los menores.

Ministerio Fiscal:

Es parte del procedimiento obligatoria.


Peticiones realizadas

Acusación

INSTRUCCIÓN Y REFORMA: El Letrado defiende que los hechos narrados en la denuncia son constitutivos de un delito de abandono de familia
(por impago de pensiones) del artículo 227.1 del CP. solicita la imposición al denunciado de las siguientes penas:

  • Un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, conforme a lo establecido en el artículo 56 del CP, así como las costas de esta acusación particular de conformidad con el artículo 123 y 124 del CP.
  • Indemnización a la denunciante en la cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS (17.938,00 €), actualizada conforme al IPC, más  los intereses legales, así como la cantidad que a su vez sea determinada en ejecución de sentencia por las cuantías adeudadas hasta el día del enjuiciamiento.

 

APELACIÓN: Se llega a un acuerdo de conformidad, adhiréndose a la petición final del Fiscal rebajada en virtud del acuerdo.

 

 

 

Acusado

INSTRUCCIÓN Y REFORMA: No concurre el requisito subjetivo de intención maliciosa que permitiría acusar de un delito de abandono de familia (Art. 227 C.P.) por no abonar las cantidades debidas en concepto de pensión de alimentos, por consiguiente se solicita el sobresimiento de la causa.

 

APELACIÓN: En un primer momento, reitera la libre absolución, para luego solicitar y llegar a un acuerdo de conformidad.

 

 

Ministerio Fiscal:

INSTRUCCIÓN Y REFORMA: Defiende que no ha quedado suficientemente acreditado, con las diligencias instructoras practicadas, que el imputado haya cometido el delito de impago de pensiones del 227 C.P., por consiguiente se solicita el sobreseimiento de la causa.

Dejando a salvo la vía civil para que la perjudicada pueda reclamar las diferencias pendientes de pago.

 

APELACIÓN: En esta fase y tras el cambio de circunstancias, solicita la imposlción de una pena de 3 meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena y las costas y la petición de responsabilidad civil que concreto en 17.127 euros más intereses del art. 576 LEC.

 


Argumentos

Acusación

INSTRUCCIÓN: El acusado estando obligado en virtud de sendas resoluciones Judiciales, teniendo conocimiento de las mismas y disponiendo de medios económicos suficientes para cumplirlas no ha efectuado el pago de las cantidades en los plazos y cuantías indicadas. Se demuestran estos extremos con la documental y las averiguaciones patrimoniales realizadas.

Si bien el argumento para acusar de un delito de abandono de familia estriba en la intención maliciosa de no pagar teniendo recursos para ello.

 

REFORMA: Insiste la parte en su argumentación, no entendiendo el Auto de Sobresimiento cuando queda acreditado que durante estos 3 años únicamente ha sido posible el embargo de 1.459 €, pese a que en las actuaciones consta que el investigado ha obtenido unos ingresos de 93.914,28 euros desde que se inició el período de obligación de abonar la pensión.

Ello se deriva de la inactividad y deficiente gestión del procedimiento civil, la ineficacia judicial para llevar a cabo el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el mismo órgano judicial, obligan a esta parte a interponer la acción penal.

Se dice que se han valorado todas las diligencias practicadas, pero en la resolución úniamente consta la declaración de/ investigado, nada se dice, sobre la denuncia, la declaración de la denunciante y la diversa documental aportada a las actuaciones.

 

APELACION: Respecto al sobreseimiento, la documentación que acredita los impagos denunciados se aportó a las actuaciones el 4 de noviembre de 2018, por lo que desde ese momento se pudo haber solicitado el sobreseimiento Asimismo, tampoco se recurrió el Auto de 7 de enero de 2019 en el que se acordaba la continuación de la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado.

Pese a que la ley lo permite, no es procedente solicitar el sobreseimiento en este momento procesal por cuanto no hay ninguna circunstancia diferente de las que se daban en los momentos procesales indicados, aún en el caso de que fuera procedente realizar una valoración sobre la concurrencia del tipo subjetivo del delito en la fase intermedia existen indicios suficientes para entender que concurre la voluntad de no abonar, no solo durante dos meses consecutivos, que serían suficientes para cumplir el tipo objetivo, sino durante los 13 meses.

Cabe indicar, además, que la defensa no ha solicitado el sobreseimiento en ningún momento

 

El Ministerio Fiscal, al interesar el sobreseimiento, manifiesta que queda a salvo la vía civil para que la perjudicada puedo reclamar las diferencias correspondientes a cada mes que se encuentran pendientes de pago.

Sin embargo, ya consta en las actuaciones que, con anterioridad a la interposición de la denuncia, se inició la vía civil en ejecución de sentencia, asi como la ampliación de la ejecución, tramitada ante este mismo Juzgado, con resultado infructuoso, habiendo esta parte esperado un plazo de hasta 3 años para iniciar la acción penal, por lo que, este procedimiento es la última opción para que el investigado cumpla las resoluciones judiciales y su obligación de abonar la prestación de alimentos.

El Ministerio Fiscal considera que no se cumple el tipo subjetivo del delito, sin embargo la valloración sobre si se cumple el tipo sub!etivo es propia de otra fase judltjal: el plenario

El Ministerio Fiscal justica su petición, como decíamos, en la falta del tipo subjetivo, y en concreto afirma que "consta el pago de todos los meses denunciados, si bien de manera irregular, lo que acredita su intención de estar al corriente de todos los pagos y estando en la fecha del auto de procedimiento abreviado al dia de todas sus obligaciones".

Sin embargo, existe un error manifiesto en dicha afirmación por cuanto no se corresponde con el resultado de las
diligencias de investigación realizadas, en concreto, la aportación de los extractos bancarios
de las cuentas donde se debían realizar los pagos. Según dicha documentación el acusado no ha abonado ninguna mensualidad durante más de un año, ningún importe.

 

 

Acusado

INSTRUCCIÓN: No concurre el requisito subjetivo de intención maliciosa que permitiría acusar de un delito de abandono de familia (Art. 227 C.P.) por no abonar las cantidades debidas en cocnepto de pensión de alimentos.

El investigado no contaba con medios suficientes para afrontar el pago completo de la pensión alimenticia, sin concurrir en él la voluntad de dejar de satisfucer la misma.

Las mensualidades no abonadas en su totalidad correspondieron a un periodo en que el mismo carecía de ingresos o los mismos eran insuficientes.

 

REFORMA: Se reitera en la misma argumentación.

 

APELACIÓN: En virtud de las manifestaciones efectuadas de contrario en la alegación primera de su recurso, debemos alegar que la falta de solicitud previa de sobreseimiento en el procedimiento no es obstáculo para decretarla en el momento actual, en el supuesto que concunan los requisitos necesarios, como se da en el presente caso.

En respuesta a la alegación segunda de la recurrente, la parte no puede pretender la incoación de un procedimieoto penal únicamente por el hecho de que sus pretensiones no se vieran satisfechas en un procedimiento civil previo. 

El Juzgado de Instrucción está plenamente legitimado para acordar el sobreseimiento de las actuaciones si considera que no concurren cualquiera de los requisitos del tipo penal objeto de instrucción, valorar si está justificada o no la existencia y la continuación del proceso, y si existen o no indicios de la comisión del delito, y previa valoración de todas las diligencias
practicadas, no concurre el requisito subjetivo exigido en el articulo 227 del Código Penal, es decir la intención maliciosa de no abonar las cantidades debidas en concepto de pensión alimenticia, y además las mensualidades no abonadas en su totalidad por el  correspondieron a un periodo en que el mismo carecía de ingresos o los mismos eran insuficientes.
 

 

Ministerio Fiscal:

INSTRUCCIÓN: Defiende que no ha quedado suificientemente acreditado, con las diligencias instrucloras practicadas, que el imputado haya cometido el delito de impago de pensiones del 227 C.P. por cuanto no dejó de abonar ningún mes por completo excepto uno.

El imputado no ha tenido medios económicos para dar cumplimiento a la obligación de pagar la prestación periódica que le ha sido impuesta, a pesar de lo cual, paga todos los meses si bien de manera irregular por la imposibilidad económica de afrontarlo en su totalidad.

Dejando a salvo la vía civil para que la perjudicada pueda reclamar las diferencias pendientes de pago.

 

REFORMA: Se reitera en la misma argumentación.

 

APELACIÓN: El Fiscal cambia su calificación, al quedar reflejado por las nuevas diligencias, que el acusado no abonó cantidad alguna desde octubre de 2015 hasta noviembre de 2016, ante este cambio de circunstancias, el Fiscal considera que nos encontramos ante un delito de impago de pensiones regulado en el 227 del C.P.

No obstante se célebró juicio oral manifesfando el acusado su voluntad de conformarse con el escrito del ministerio fiscal y la Acusación Particular. Debido a ello en trámite de cuestiones previas el funcionario modificó la conclusiónes a los efectos de reducir la pena inicial.


Normas y artículos relacionados



Prueba

- Extractos bancarios referentes a las nóminas percibidas.

- Interrogatorio del encausado.

- Testifical del encausado.

- Testimonio del procedimiento de ejecución forzosa original.

- Nota del catastro de la vivienda familiar


Estructura procesal

- Denuncia

- Instrucción

- Conclusiones de la partes

- Sobreseimiento

- Recurso de reforma

- Confirmación del sobreseimiento

- Recurso de apelación

- Juicio oral

- Sentencia de conformidad


Resolución Judicial




Segunda instancia

Tipo de recurso: Recurso de apelación
Recurrente: Acusación
Fecha del recurso: 01-10-2019
Tribunal: Juzgado de lo Penal

Prueba

La misma que en Instrucción.


Documentación

La misma que en Instrucción.


Resolución judicial del recurso

Fecha de la resolución judicial: 23-04-2021

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:

Tras llegar las partes a un acuerdo de conformidad, dicta sentencia en consonancia con las penas pedidas por el escrito de acusación del Fiscal, por consiguiente:

Condena al acusado como autor penalmente responsable de un delito de abandono de familia en la modalidad·de impago de pensiones del art. 227 .1 y 3 CP a la pena de 3. meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena y las costas. 

Se acuerda la suspensión de la pena de 3 meses de prisión objeto de condena por un· periodo de 3 años condicionada a que el condenado no delinca dentro de dicho plazo y a que haya satisfecho íntegramente la responsabilidad civil dentro del mismo.

 

Deberá indemnizar a la acusación en la cantidad de 17.127 euros por las pensiones dejadas de abonar a los dos hijos que tienen en común y los ·intereses legales del art. 576 LEC.


Dado que existe paralelamente una ejecución civil en que se están embargando al acusado cantidades destinadas a abonar la deuda que se ha declarado como responsabilidad civil en este procedimiento, constando precisamente abonados 7.973 11 o euros hasta enero de ·2021 por esa vía, procédase en ejecución de sentencia a comprobar las cantidades efectivamente abonadas en sede civil a fecha del oportuno requerimiento y a adoptar las medidas necesarias para evitar la duplicidad de pagos.



Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:

Basa el Juzgador su resolución en el acuerdo de conformidad al que llegan las partes, aprobando las penas solicitadas por el Fiscal adecuadas al acuerdo.



Jurisprudencia




Formularios jurídicos relacionados con este caso



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