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Contratos públicos
- FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 09-06-2021
- Materia: Derecho Administrativo
- Especialidad: / Derecho Administrativo / Contratos públicos
- Número: 13080
- Tipo de caso: Caso Judicial
- Voces: IMPAGO, PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
El Excmo. Ayuntamiento de Rota, suscribe en 2010, un contrato de arrendamiento de servicios con la empresa AGUAS, S.A, para que sea la encargada de prestar los servicios públicos de tareas de depuración de aguas residuales de la zona.
Cuando son presentadas las facturas por parte de la empresa a la Administración, dichas facturas son denegadas a su pago por parte de ésta última, debido a la no conformidad con las mismas.
A pesar de las reuniones con la Administración para aclarar las facturas y el importe de las mismas, la Administración, se niega al pago de algunas de ellas, dando lugar a un largo proceso de discrepancias entre la empresa AGUAS, S.A, y los representantes del Ayuntamiento, hasta finalizar con el Decreto por parte de la Administración en el cual, ''se estima parcialmente el recurso presentado por la empresa, reconociendo exigible por parte de la empresa, las tasas de depuración y consumo energético de los 4 años anteriores a la fecha de la primera reclamación realizada, en enero del 2017 ''. Entendiendo de este modo, prescritos y no adeudados, los períodos de 2010 a 2012, que aún no han sido abonados a la empresa que realiza los servicios.
Por lo que se procede a interponer Demanda Contencioso-Administrativa por parte de la empresa, contra el Decreto que desestima su recurso de reposición.
Objetivo. Cuestión planteada.
- Que le sean reconocidas las deudas de las facturas de los años 2010 a 2012 por cantidad de 23.733,31 euros, condenando a abonárselos a la parte demandante.
- Que el Decreto de 24 de septiembre de 2018, que desestima el recurso de oposición, sea declarado nulo, y sean abonadas las facturas de 2018 que fueron devueltas.
La estrategia. Solución propuesta.
- Presentar Demanda Contencioso-Administrativa contra el Decreto que inadmitía el recurso que impuso la empresa contra la devolución de las facturas y contra la decisión del Ayuntamiento de no querer abonar los distintos pagos de 2010 y 2012 por haber prescrito los mismos.