Supuesto de hecho.

Con fecha de 8 de octubre de 2018 el Juzgado de lo Penal número 2 de Madrid ordena a Manuel, a que ingrese de manera voluntaria en prisión por no pagar la multa que se le impuso por un delito de estafa hacia la empresa de telefonía Azul SL; y además, tiene que pagar por multa una cantidad de 1.080€. El 26 de octubre de ese mismo año el juzgado visto que no ha pagado la multa, decide que las partes se pronuncien sobre revocarle la pena o imponer alguna medida adicional (art 86.1 y 86.2 en relación con el art 84.1 respectivamente, ambos del CP).

En un Auto de fecha de 12 de diciembre de 2018 se refleja que se habia condenado a Manuel a un 1 año y 6 meses de prisión y una multa de un monto total de 2.756,88 euros; pero esto se había resuelto a través de una suspensión más pago de responsabilidad civil. El problema es que no paga esto último y además vuelve a delinquir incumpliendo por tanto el requisito que se le había impuesto para la suspensión de la pena. Por ello, se le declara insolvente, y además se le revoca la pena, teniendo que ingresar en prisión de manera voluntaria.

Objetivo. Cuestión planteada.

El objetivo del cliente es no ingresar en prisión. Por ello se alega 3 razones principales:

- Beneficios para la comunidad: lo que quiere el cliente es que su pena quede conmutada a trabajos en beneficio de la comunidad. Esto es debido a que se pidió una sustitución de la pena, ya que no quería entrar en prisión.

- Drogodependencia: nuestro cliente alega que presenta una drogodependencia, lo que implica que su entrada en prisión sería perjudicial.

- Volver a ampliar la suspensión: esto es debido a, por un lado, que no es una persona solvente para pagar la multa y por otro lado por que cometió un delito de tipo leve cuando no debía cometerlo en la 1ª suspensión.