A una trabajadora se le notifica un pliego de cargos y apertura de expediente contradictorio mediante burofax alegando unas infracciones muy graves cometidas en su puesto de trabajo con la consecuencia de suspensión de empleo y sueldo de treinta a noventa días o el despido.

Se le acusa de que antes de la conversión del contrato del cliente en indefinido su trabajo era satisfactorio, pero que a partir de dicha conversión, la actitud de esta ha cambiado y no muestra interés por el trabajo e incluso, desobedece órdenes. La trabajadora se opone totalmente a dichos cargos.

El cliente quiere que se desestimen las acusaciones contenidas en el pliego de cargos, quedando libre de cualquier responsabilidad disciplinaria. 

El abogado entiende que para imputar las infracciones reiteradas de las que se le acusa a la trabajadora se deben de alegar hechos concretos y fechas determinadas para que la empresa pueda incluirlos en el pliego de cargos. Y, sin embargo, en el supuesto no han aportado prueba de la habitualidad de la supuesta infracción.

En segundo lugar, entiende que el objetivo de la empresa es abaratar el despido por baja de la trabajadora debido a su situación sanitaria por COVID-2019, y ante esto, alega que el Gobierno derogó el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, eliminando la posibilidad de efectuar un despido objetivo basado en bajas medicas que superen el umbral del citado artículo. Que anteriormente las bajas médicas que sí podían ser objeto de despido son las que superen el 20% de días de trabajo hábiles en un periodo de dos meses continuados, siempre que el total de días de ausencia sea como mínimo el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en un periodo de 4 meses discontinuos, dentro de un periodo de 12 meses, situación en la que el cliente se encontraría.