El 22 de septiembre de 2019 Don Juan, interno en el Centro Penitenciario de Zaragoza, solicita por instancia en la prisión que se le autorizara la entrada de unos discos con sonorizaciones ambientales de la presente causa, interceptadas a él y a otros investigados dentro de varios vehículos y de una vivienda, a efectos de tener conocimiento de ellos y utilizarlos para ejercer su derecho a defensa. Frente a esto, el Subinspector de la prisión le comunica que sólo podrá autorizar la entrada de dichos discos cuando aporte un certificado oficial del contenido de los mismos.

El 9 de octubre de 2019 la representación procesal del investigado Don Juan solicita mediante escrito ante el Juzgado de Instrucción de Madrid que se le facilite copia digitalizada de las actuaciones de la presente causa, con certificado oficial y remitiéndosela al investigado, que se encontraba interno en el Centro Penitenciario de Zaragoza, a efectos de poder realizar correctamente su derecho de defensa.

El Ministerio Fiscal evacua el traslado que le ha sido conferido por la diligencia de ordenación del juzgado y se opone mediante informe al escrito presentado por la representación procesal del investigado.

Mediante auto, el Juzgado de Instrucción determina que no procede el otorgamiento de tal copia digitalizada al interno, puesto que se entiende que el abogado de Don Juan ya tiene acceso a todas las actuaciones sobre las que se ha alzado el secreto, estando legitimado para ponerlas en conocimiento del investigado sin recurrir a medios distintos para garantizar la tutela judicial efectiva de su cliente.

El objetivo del cliente es que se le facilite copia digilitalizada de las escuchas interceptadas en los vehículos y vivienda determinados para poder ejercer correctamente su derecho de defensa.

El abogado presenta un escrito ante el Juzgado de Instrucción de Madrid pidiendo que se entregue a su cliente copia digitalizada de las actuaciones de la presente causa en disco duro externo y certificación del contenido del disco duro, o mediante discos DVD con las sonorizaciones ambientales y certificación del contenido de los discos, para que el investigado pueda acceder a ellos y ejercitar correctamente su defensa. Su pretensión es desestimada mediante Auto emitido por el tribunal.

Frente a dicho Auto interpone el 6 de noviembre del mismo año recurso de reforma, solicitando de nuevo que se otorgue copia digitalizada de la presente causa al investigado en un disco duro externo junto con una certificación del contenido del disco duro, o en su defecto, una copia de los discos D.V.D. que contienen las sonorizaciones ambientales con el certificado del contenido de los discos, o subsidiariamente a todo ello, que se expida un certificado del contenido de los discos D.V.D., para que los abogados o familiares del investigado puedan hacérselos llegar. 

Este recurso de reforma se desestima mediante Auto el 20 de diciembre de 2019, entendiendo, una vez más, que el letrado del investigado tiene acceso a todas las actuaciones y que puede hacerselas llegar sin necesidad de emplear otros medio distintos.

La representación procesal del investigado interpone esta vez recurso de apelación, siendo finalmente estimado por Auto de 17 de febrero de 2020.