Con fecha 28 de Diciembre de 2007 el querellado suscribió con la mercantil Unión de Inversionistas, S.L.,un contrato de reserva de gestión para la explotación, en régimen de alquiler, de unos apartamentos en Málaga. A la firma del mismo, la entidad querellante entregó al acusado la cantidad de 132.000 euros en concepto de reserva que debería devolverse en caso de compraventa o arrendamiento, o si se resolvía el compromiso de compra. A su vez, en caso de no ejercitarse la opción de compra, habría de proceder a la indemnización de un millón de euros, o a la entrega de un terreno urbano propiedad de la sociedad.

Con fecha 17 de Septiembre de 2008, tras la resolución del contrato, Unión de Inversionistas, S.L., remitió un burofax efectuando requerimiento extrajudicial al acusado en relación de las cantidades debidas en virtud del contrato suscrito por ambas entidades.

Con conocimiento de dicha circunstancia y con el fin de eludir el cumplimiento de la obligación contraída, previendo que el querellante presentase demanda a tal fin, el acusado, en nombre y representación de la mercantil Buy to Get, S.L., otorgó con fecha 27/11/2008 escritura pública de disolución y liquidación de la mercantil, con transmisión de todos sus activos a la sociedad Builstay, LLC, ubicada en Estados Unidos.

El Juzgado de 1ª Instancia de Madrid dictó SENTENCIA el 22 de Diciembre de 2009, condenando a la mercantil Buy to Get, S.L. a abonar a Unión de Inversionistas, S.L. la cantidad de 1.132.000 euros, procedimiento que ha dado lugar a una Ejecución de títulos Judiciales donde el acusado ha manifestado que dicha mercantil no tiene ninguna clase de bienes para hacer frente a dicha deuda.

Finalmente, con fecha 7 de Octubre de 2011 se presenta una QUERELLA criminal or un supuesto delito de Alzamiento de Bienes.

El día 29 de Marzo de 2016 tiene lugar el Juicio Oral en el Juzgado de lo Penal de Madrid, el cual falla condenando al acusado como autor criminalmente responsable de un delito de Alzamiento de bienes y como responsable civil del pago de la cantidad que le exige la SENTENCIA del Juzgado de 1ª Instancia de Madrid del 22 de Diciembre de 2008.

En fecha 11/10/2018 el penado fue requerido para que ingresara en un centro penitenciario en un plazo de diez días. Transcurrido el mismo y al no haber ingresado voluntariamente en prisión, el Juzgado emite un AUTO de ejecución ordenando la búsqueda, detención e ingreso en prisión del mismo.

El objetivo del cliente, Unión de Inversionistas, S.L. es que se ejecute la SENTENCIA dictada por el Juzgado de 1ª Instancia de Madrid con fecha 22 de Diciembre de 2008 que falla a su favor, condenando al querellado al pago de una indemnización de 1.132.000 euros más los intereses legales. Y que se condene al acusado por un supuesto delito de alzamiento de bienes

La estrategia del abogado, dado que el querellado alega que no tiene patrimonio suficiente para cumplir con el requerimiento judicial dictado por la SENTENCIA del 22 de Diciembre de 2008, es indagar los actos ilícitos que dan lugar a un delito de alzamiento de bienes para conseguir que se revoquen las transmisiones patrimoniales para poder ir contra bienes del querellado, que recuperarían así su titularidad y la SENTENCIA podría ser de esta forma efectivamente ejecutada.