Barcelona, 04-06-2004

Don Juan y doña Eva contrataron los servicios de Inmobiliaria, S.A. para gestionar la venta de un piso de su propiedad sito en Barcelona. Fruto de dicha gestión Inmobiliaria contactó con doña Ana, una posible compradora del inmueble.

Posteriormente doña Eva y don Juan procedieron a la venta del inmueble a doña Ana sin notificar a Inmobiliaria. Esta a su vez inició contra las partes compradora y vendedora del inmueble un procedimiento judicial al objeto de cobrar la cantidad debida en conceptos de honorarios por las gestiones de venta del inmueble.

En fecha del supuesto de hecho las partes entonces litigantes, es decir, Inmobiliaria, doña Eva, don Juan y doña Ana, suscriben un contrato privado por el que los últimos reconocen adeudar a la mercantil los honorarios profesionales devengados por la intermediación de la operación.

En este supuesto de hecho el cliente es Inmobiliaria, S.A. y su objetivo es cobrar de las partes contratantes de la compraventa los honorarios que le son debido por las gestiones de venta realizados. En este caso, la suscripción del contrato privado de reconocimiento también incluye el cobro de los intereses y costas por el procedimiento judicial iniciado por Inmobiliaria contra los deudores.

En este caso la estrategia del abogado se inicia antes mismo de la suscripción del contrato de reconocimiento de deuda, puesto que tras infructuosos cobros extrajudiciales de pago a los deudores, Inmobiliaria inició un proceso judicial al objeto de percibir dicha cantidad.

En este punto, y dado que las partes llegaron a un acuerdo, la tarea del abogado es redactar un contrato privado en el que deben constar muy claros los pactos respecto a la cantidad adeudada y también a la posterior presentación del contrato en el Juzgado donde se tramita el procedimiento judicial, al objeto de que el mismo ordene el archivo de los autos.