Supuesto de hecho.

Don Manuel fue despedido disciplinariamente por la empresa para la que venía prestando servicios, sin que en la carta de despido se indicaran con claridad ni precisión los hechos imputados ni los incumplimientos concretos que justificaran la medida extintiva. D. Manuel, que había solicitado previamente a la empresa la adaptación de su jornada por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, entendió que dicho despido constituía una represalia por el ejercicio de sus derechos fundamentales, en especial la garantía de indemnidad.

Ante esta situación, el trabajador presentó papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), solicitando la declaración de nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales y, subsidiariamente, su improcedencia. Asimismo, reclamó una indemnización adicional de 7.500 euros por daños morales, conforme al baremo previsto en el artículo 40 de la LISOS.

En el acto de conciliación, la empresa reconoció la improcedencia del despido y ofreció una indemnización de 15.500 euros netos, que el trabajador aceptó en su integridad, condicionada al buen fin del pago. Ambas partes acordaron considerar saldada y finiquitada la relación laboral y el trabajador se comprometió a desistir del procedimiento judicial iniciado ante el Juzgado de lo Social correspondiente, una vez abonada la cantidad pactada.

Objetivo. Cuestión planteada.

El objetivo del cliente es que la empresa reconozca la nulidad del despido o la improcedencia del mismo, y como consecuencia, el pago de la correspondiente indemnización.