Los querellantes, como autónomos (a partir de ahora Francisco, Luis y Pedro) y sociedades mercantiles (ahora Cultivando SA y Frutas y Verdura SL) se ponen en contacto con el querellado Juan quien ejerce funciones como administrador de una sociedad aparentemente solvente.

El resultado de las compraventas de distintos productos (albaricoques, paraguayos y nectarinas) realizadas por las sociedades mercantiles agricultoras es que todos los querellantes recibieron diversos pagarés que se suponían que iban a cobrar por la sociedad mercantil de los querellados (Agricultores SA) donde Ávaro y David eran administradores y familia (tío y sobrino). 

Las fechas de vencimiento de los pagarés van desde el 28 de noviembre de 2013 hasta el 10 de febrero de 2014. Tras la fecha de vencimientos estos pagarés fueron impagados, se inicia un proceso cambiario. Como resultado de los autos, se pretendía cobrar a través del embargo de varias fincas de los querellados (Juan y Álvaro) pero fue imposible tras verse que estaban a nombre de David. La suma de los pagarés asciende a 178.564.74€ junto a los perjuicios y demás gastos producidos. 

El 10 de abril de 2014 el Juzgado de Instrucción nº5 de Murcia recibe la querella criminal interpuesta por los querellantes por un presunto delito de estafa y alzamiento de bienes contra los querellados Juan y Álvaro. 

Al presentar esta querella por un presunto delito de estafa y alzamiento de bienes, lo que pretenden los querellantes es que paguen la deuda acumulada de los pagarés que resultaron impagados (un total de 178.564.74€). 

Así mismo, también quieren que se les pague los gastos de devolución y los de ejecución (con tasas judiciales incluidas) de los primeros querellantes.

La estrategia de los querellantes es demostrar que ha habido un delito de estafa y alzamiento de bienes. En la querella se presenta los antecedentes del resultado de la imposibilidad de pago de los querellados a pesar de los autos donde se establecía el embargo de las fincas registrales.