Con fecha 3 de agosto de 2005, celebración de un contrato entre Asociación de Trabajadores y Empresa Municipal de Obras sobre Proyecto de Ejecución de un plan de desarrollo de un arquitecto y su posterior realización de obras.

Se fijó un importe de adjudicación que ascendía a la cantidad de 907.895€ (IVA incluido) que comprendía el coste de los conceptos de asistencias técnicas, contratas de obras y gastos financieros.

Durante la ejecución de las obras, se solicitó por parte de la propiedad, la realización de otras obras adicionales no incluidas en los contratos adjudicados a la Asociación de Trabajadores y cuya cantidad objeto de litigio ascendió a 231.977,05€.

Firma de las partes del acta de recepción de las obras el 24 de Octubre de 2006 y certificación final el 11 de noviembre de 2007 que correspondía a la obra principal contratada y no los trabajos adicionales reclamados.

Posterior informe emitido por la Dirección de Obra en el que se indica claramente que se trata de trabajos u obras nuevas, independientes de la obra principal.

Con fecha 8 de abril de 2014 se requiere a la Empresa Municipal de Obras que abone las cantidades reclamadas.

Con fecha 4 de junio de 2014 contestación con la oposición a la reclamación de dicha cantidad de dinero.

Se sirva dictar Sentencia por la que se declare y decrete la condena de la Demanda al pago de la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTES SETENTA Y SIETE EUROS, CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO, más los intereses legales de dicha suma desde la fecha de la reclamación extrajudicial hecha el 7 de abril de 2014 hasta la fecha de la Sentencia en primera instancia, devengándose desde entonces los intereses de la mora procesal, con expresa imposición de costas.

Que en el supuesto de haber incurrido en defecto procesal, se conceda el oportuno trámite para la subsanación.

Interesa la aplicación de los artículos 1.100 y 1108 del Código Civil y 576 de la LEC así como los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro que resulten de la aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.