Aprovechando el mes de agosto en el que el edificio de la Comunidad de Propietarios 37 está prácticamente deshabitado, la entidad mercantil Obraso está ejecutando obras en el local bajo derecha según se entra que forma parte de la Comunidad de Propietarios demandante.

En concreto ha procedido al derribo y vaciado del citado local dejándolo diáfano. Para ello ha demolido parte del revestimiento de la fachada de la zona correspondiente al local (aplacado de piedra); ha cortado y extraido piezas de la periferia metálica que servía como soporte de dicho revestimiento y ha desmochado (picado) en su parte superior un pilar de hormigón armado.

A pesar de afectar a elementos comunes, la actora no sólo no ha solicitado la preceptiva autorización a la Comunidad de Propietarios, sino que se ha impedido unilateralmente a la misma el acceso al local acompañada de técnico competente, lo que ha obligado a la actora a acordar el ejercicio de la presente acción judicial, lo que acordó la Junta de propietarios en reunión del 6 de octubre de 2011 tal y como consta en el Acta de la misma.

La obra es de gran importancia, y para la misma se viene utilizando maquinaria pesada que mueve gran cantidad de material de la demolición que se acopia en contenedores dentro del local desde donde se arratran para su carga en gran número de camiones a diario, lo que, permite estimar una cantidad superior a 500 m3 (125.000kg.) de residuos generados hasta la fecha.

Se promueva juicio verbal interdictal de suspensión de obra nueva, tutela sumaria, contra Obraso y previos los trámites legales oportunos, dicte Sentencia por la que, estimando haber lugar a la tutela sumaria, acuerde la suspensión de la obra nueva anteriormente expresada, todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.

El abogado indica que para ejecutar la obra en cuestión se ha solicitado una mera actuación comunicada, no una licencia ordinaria. Y dicho tipo de autorización, según la legislación de aplicación (Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas), está prevista para " aquellas actuaciones que por su reducido impacto urbanístico o repercusión medioambiental y escasa entidad técnica sea suficiente un control inmediato para determinar su adecuación a la normativa aplicable".

Por ello, la autorización concedida conlleva la falta de garantías de la intervención de personal técnico cualificado que controle la obra.

Entiende, y así lo afirma el técnico firmante del tan repetido informe, que procedería, dadas las dimensiones e importancia de la obra, precisaría de una licencia ordinaria que obliga a la intervención de dirección facultativa, así como a la emisión de un Proyecto, un Estudio de Seguridad y Salud y un Estudio de gestión de residuos, para que la ejecución cuente con las debidas garantías.