Don Pedro y doña Francisca son un matrimonio en cuyo cuyo régimen matrimonial opera la sociedad de ganaciales. Los dos cónyuges constituyen una sociedad de responsabilidad limitada, el capital social se divide en 100 participaciones, de las cuales 88 son poseídas por don Pedro y 12 por doña Francisca. Nombra a administrador único por un plazo de 5 años a Esteban. Depositan los estatutos sociales otorgados ante notario en el Registro Mercantil. Don Pedro vende a doña Francisca 38 participaciones, por lo que ésta pasa de tener 12 participaciones a controlar el 50% de la Sociedad, al ostentar 50 participaciones.

Ante las continuas irregularidades cometidas por el administrador único Esteban y no cumplir con las funciones que le impone su cargo, como no depositar la cuentas anuales de la sociedad en el Registro Mercantil o presentar a los socios el libro de cuentas, doña Francisca decide convocar una Junta Extraordinaria para proceder a la liquidación de la sociedad. El administrador único no reconoce a doña Francisca como propieatria del 50% de la sociedad por lo que impugna la convocatoria de la Junta Extraordinaria. Doña Francisca interpone una Demanda contra el adminisrador de la sociedad.

El objetivo del cliente es que se admita a trámite la Demanda contra Esteban y se declare la responsabilidad patrimonial de éste derivada de su actuación dolosa y de mala fe, además que se declare a doña Francisca como propietaria del 50% de las participaciones de la sociedad y se decrete la liquidación de la misma.

La estrategia del abogado es la demostración de que doña Francisca es la legítima propietaria del 50% de las participaciones de la Sociedad, presentando el resguardo de la operación realizada entre doña Francisca y don pedro en la que éste le vendió 8 participaciones de la Sociedad, libre de cargas y gravámenes. Que el administrador único Esteban, actuó de mala fe y haciendo caso omiso a la funciones que le impone su cargo, no depositó el libro de cuentas anuales del ejercicio de 2016 en el Registro mercantil y no lo viene haciendo desde el 2010. Que el administrador no ha convocado ninguna junta desde 2010 para la aprobación de las cuentas de la sociedad y que no reconoce como legítima propietaria de 50 de las 100 participaciones en las que se divide el capital social de la sociedad, incluso llegando a impugnar la convocatoria extraordinaria propuesta por ésta.