La entidad Promotora Y suscribió varios contratos hipotecarios con la Entidad Bancaria para la construcción de varias viviendas. Una vez construidas las puso en venta, y dio con la sociedad Mercantil, S.A., quien se interesó en la compra de tres viviendas con garaje, cada una de ellas por un valor de 174.936€. 

De este modo, se realizó un contrato elevado a público mediante escritura de compraventa otorgada ante notario, a través del cual, además, la Mercantil, S.A. se subrogaba en el contrato hipotecario suscrito inicialmente entre la Promotora Y y la Entidad Bancaria.

Más adelante, la Mercantil, S.A. advierte que las condiciones estipuladas en dicho contrato de préstamo hipotecario incluyen en su estipulación tercera una de las conocidas como "cláusula suelo", por lo que decide demandar a la Entidad Bancaria solicitando la nulidad de la misma, ya que como usuario siente que le han engañado porque en ningún momento le hablaron de esa cláusula, la cual considera totalmente abusiva. 

El cliente es la Entidad Bancaria y su objetivo es que se dicte Sentencia que decrete que las cláusulas cuya nulidad insta la Mercantil X no son abusivas.

La estrategia del abogado de la Entidad Bancaria pasa por alegar que no debe considerarse a la Mercantil, S.A. como consumidor, sino como profesional, a tenor del ámbito de aplicación de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, por lo que el plus de protección que otorga esta normativa no sería aplicable al caso. 

Asimismo, defenderá que con quien suscribió el contrato fue con la Promotora, de igual modo alejado del concepto de consumidor, a quien se informó de las condiciones del contrato, y quien debió informar a la Mercantil, S.A. de las mismas.