Supuesto de hecho.

Doña Consuelo, venía desde el año 1997 desesmpeñando de facto las funciones de gestión y dirección de una empresa de confección, cuyo titular era su hijo, Don Juan Antonio.

En el ejercicio de esas funciones la acusada procedió a contratar a tres trabajadoras a cuyo efecto suscribieron los correspondientes contratos de trabajo. Pero dado que Doña Consuelo carecía de poderes para actuar en representación del verdadero titular de la empresa y sin su consentimiento ni conocimiento para formalizar los referidos contratos procedió a imitar la firma de Don Juan Antonio en los mismos, consciente de que con ello creaba una apariencia de obligación jurídica cuyo cumplimiento exigible sería su hijo.

Se trabarón embargos contra la precitada mercantil que fueron recurridos. Las alegaciones y la resolución posterior probaban la ausencia de intervención de la empresa respecto a la conducta de Doña Consuelo, lo cual redundaba en la incongruencia de mantener dichos embargos. Por lo tanto, se levantaron los mismos. 

Posteriormente,  el recaudador tributario de la Administración reanudó los apremios. De oficio el recaudador traspasa los límetes revisorios y no tiene en cuenta el procedimiento por vía contencioso-administrativa que debiera haberse seguido con objeto de contradecir el mandato judicial. 

Se interpone por el perjudicado Querella CRIMINAL POR PREVARICACIÓN DEL ANTERIOR FUNCIONARIO PÚBLICO.

Objetivo. Cuestión planteada.

El objetivo de Don Juan Antonio es que se condene a un funcionario público y, solidariamente, a la Administración por los perjuicios ocasionados de resultas de sus decisiones y actos. El procedimiento busca la condena y la posterior satisfacción amparándose en la Responsabilidad Patrimonial del Estado.