Don Juan sufrió un accidente de moto a consecuencia del cual la motocicleta sufrió diversos desperfectos. Por ese motivo, decidió llevar a reparla a la entidad Talleres A, donde le requirieron que realizara un depósito de 500 euros para la reparación, dinero que Don Juan entregó. Unos días después, Talleres A informó a Don Juan telefónicamente de la cifra final del presupuesto para la reparación. Don Juan, considerando elevada la cantidad, decidió no aceptar y recoger la motocicleta para llevarla a otro taller. Cuando así se lo comunica a Talleres A, estos le dicen que deben cobrarle 78 euros por la confección del presupuesto, y además, le indican que no le devolverán el resto del depósito en concepto de los gastos que ya ha realizado en la compra de los materiales necesarios para la reparación.

El cliente es Don Juan, quien desea recuperar el dinero depositado, si bien de aviene a pagar el presupuesto, reclamando por tanto 422 euros a Talleres A.

El letrado trata de demostrar que no se firmó ningún presupuesto que genere obligación alguna para su cliente, así como que se ha producido un enriquecimiento injusto por parte de la entidad.