En el año 2012 la patrulla de policía de la guardia civil en una inspección rutinaria encontró en un establecimiento comercial una serie de productos que reproducían de forma no autorizada signos distintivos registrados.

El juez de instrucción al tener conocimiento de los hechos incoó diligencias previas y ofreció acciones al legitimo titular de la marca vulnerada, quien se persono en el procedimiento como acusación particular.

Acusación particular e imputado alcanzaron un acuerdo por el que se procedería a la destrucción del material, dándose por satisfecha la compañía titular de los derechos de marca vulnerados, desistiendo de las acciones civil y penal.

A la vista del desistimiento de la acusación particular y la falta de actividad probatoria por parte del ministerio fiscal, el juez dictó auto de sobreseimiento provisional.

Compañía A pretende la destrucción de los productos que vulneran la marca a costas de la imputada.

Doña Marina pretende no ser condenada por un delito contra la propiedad industrial.

Los abogados de ambas partes alcanzan un acuerdo.