De una parte Compañía A, sociedad dedicada a la prestación de servicios jurídicos y de otra parte compañía B, sociedad dedicada a la ejecución de obras a favor de terceros contratantes.

En 2002 ambas parte suscribieron un contrato de prestación de servicios por el que la compañía A se obligaba a asesorar a la compañía B sobre la ejecución de unas obras en Lleida a cargo de un tercero.

Tras el asesoramiento Compañía A no recibió la cantidad acordada, reclamando extrajudicialmente la cantidad adeudada a la compañía B, al no obtener respuesta alguna interpuso demanda de juicio ordinario por reclamación de cantidad, admitida a trámite y trasladada a la parte demandada, compañía B planteo declinatoria de jurisdicción internacional fundamentada en que el fuero adecuado para resolución del conflicto era el tribunal de Bulgaria por ser allí donde radica la sede de la sociedad; El juzgado mediante auto motivado desestimo la declinatoria planteada por la compañía B, la cual interpuso recurso de reposición contra el auto que acordaba la desestimación, admitido a trámite y trasladado a la compañía A, esta impugno el recurso de reposición. El juez mediante auto motivado desestimo el recurso.

El cliente pretende el cobro de la cantidad adeudada por la compañía B y litigar en España por el ahorro de costos que ello supone respecto a acudir a Bulgaria a pleitear.

El abogado de Compañía A, interpone demanda de juicio ordinario para la reclamación de la cantidad adeudada por la compañía B.

Respecto a la declinatoria de jurisdicción internacional, el abogado de la compañía A trata de demostrar que el conflicto tiene una conexión más estrecha con el territorio español.