Barcelona, 25-04-2002

Dª. Esther trabajaba para la empresa «M», cesando en sus servicios para dicha empresa de manera no voluntaria en fecha 15 de abril de 2002, fecha de inicio del presente supuesto de hecho. El 25 de abril de 2002, Esther dirige escrito a la empresa «M» manifestando su deseo de ejercer su derecho de cancelación de datos de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos, y solicita que se proceda a la supresión, en el plazo de 10 días desde la recepción de la solicitud, a cancelar todos los datos relativos a su persona que se encuentren en los ficheros de la empresa «M».

La empresa «M» le contesta diciendo que, en cumplimiento de la normativa fiscal y laboral vigente, se ve en la obligación de mantener los datos durante un plazo de cuatro años. 

Denegada, por lo tanto, la cancelación, Dª. Esther interpone denuncia ante la Agencia de Protección de Datos por entender que se ha vulnerado su derecho de cancelación de datos personales.

El cliente es la empresa «M», y lo que pretende es que termine el procedimiento administrativo con una resolución en la que se declare que no se ha vulnerado el derecho de cancelación de datos personales de Dª. Esther.

El planteamiento jurídico propuesto por el abogado se centra en interponer alegaciones ante el órgano competente en este procedimiento administrativo. A través de ellas intentará demostrar que, en ningún momento, se ha vulnerado la Ley Orgánica de Protección de Datos, sino que, simplemente, con esta actuación, la empresa «M» se limita a cumplir con lo establecido en la normativa fiscal vigente. Retendrá los datos personales de Dª. Esther durante cuatro años y los usará sólo cuando estos sean requeridos por una administración pública.