En la citada fecha, la compañía P, promotora inmobiliaria, vendió sobre plano 14 inmuebles con sus 14 plazas de aparcamiento.

Una vez los propietarios fueron a habitar las viviendas, se percataron que únicamente había 11 plazas de aparcamiento, en lugar de las 14, y era imposible físicamente aparcar 14 vehículos. 

Posteriormente, se emitió un certificado en rectificación de las plazas de garaje, pasando a ser 11 las que figuraban en el certificado de obra, pero en el Registro de la Propiedad figuraban 14 plazas.
 
 
Ante los documentos emitidos por los diferentes intervinientes en la construcción, todo había sucedido de forma correcta, Sin embargo, el edificio presentaba deficiencias constructivas. 

Los citados documentos, y en especial, el certificado final de obra, no reflejaban la realidad, en tatno las obras no se ajustaban a la legislación vigente ni a la realidad fáctica.
 
La comunidad de Propietarios, ante la venta de las 14 plazas de garaje, cuando en realidad urbanística y físicamente eran 11 las permitidas, y ante los documentos emitidos, cuyo contenido entendían como falso, a sabiendas de su falsedad, y de los que se habían servido para venderles los inmuebles, interpusieron Querella contra los agentes intervinientes en el proceso de construcción, iniciándose así la vía judicial.