Supuesto de hecho.

El demandante, fue detenido en agosto de 2022 por agentes de la Policía Nacional, quienes consideraron que se encontraba irregularmente en territorio español debido a la falta de documentación que acreditara su estancia legal en el país. Como resultado de esta detención, se inició un expediente de expulsión basado en una presunta infracción del artículo 53, 1, apartado A) de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

El expediente de expulsión se fundamentó en la falta de autorización para residir en España, sin considerar la posibilidad de imponer una multa pecuniaria como sanción alternativa. El demandante presentó alegaciones solicitando el archivo del expediente y cuestionando la proporcionalidad de la medida de expulsión, sugiriendo en su lugar una multa pecuniaria.

Posteriormente, en enero de 2023, se notificó al demandante la resolución que acordaba su expulsión de España por un periodo de cinco años. Ante la consideración de que esta resolución era perjudicial para el demandante, se presentó una demanda contencioso-administrativa impugnando dicha resolución.

Objetivo. Cuestión planteada.

El objetivo del cliente, es impugnar la resolución administrativa que acordó su expulsión de España por un periodo de cinco años.